Es posible que en Guatemala, la “tierra de la eterna tiranía”, comience una “nueva primavera democrática”, casi 70 años después de haber sido interrumpida por la intervención de Estados Unidos y de dictadores regionales. El escenario más probable es que Bernardo Arévalo, ganador de las elecciones presidenciales del pasado 20 de agosto, llegue al poder el 14 de enero de 2024, consideraron expertos.

Se trata de un intento de desandar un camino doloroso. “Hay que ser cautos, porque la magnitud del desafío es enorme. Existe un conjunto de fuerzas vigentes, muy poderosas, que sugieren que harán todo lo posible para que el cambio no se inicie”, advirtió en la UNAM el profesor de la Universidad de la República, Uruguay, Roberto García Ferreira, durante el Ciclo de mesas de debate “Elecciones en América Latina 2023. Guatemala”.

Si partimos de la situación radicalizada actual del país, intensificada por los efectos de la pandemia, “revertir las estrategias de corrupción, colocar nuevamente al Estado en el centro de la vida política, y promover el desarrollo político, económico y social, así como lograr una cobertura de sanidad para miles de personas, significaría un cambio revolucionario”, añadió el historiador.

Para el investigador y exdirector del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la UNAM, Adalberto Santana, en el sistema judicial guatemalteco se presentan ofensivas, en particular contra el partido del candidato ganador, Movimiento Semilla, encabezadas por el fiscal Rafael Curruchiche, el juez Fredy Orellana y la fiscal general, Consuelo Porras, personas consideradas por el gobierno estadounidense como de las más corruptas, y condenadas por organismos internacionales.

El triunfo de Arévalo, detalló, se da en un contexto regional donde las llamadas centro-izquierdas o bloque progresista latinoamericano viven una segunda oleada, de la cual también forman parte los presidentes Gustavo Petro, Colombia; Luiz Inácio Lula da Silva, Brasil; Luis Arce, Bolivia; Alberto Fernández, Argentina; Xiomara Castro, Honduras; y Andrés Manuel López Obrador, de México.

Más adelante, García Ferreira mencionó: ante las acciones de la élite y los grupos de poder, ha sido importante la solidaridad internacional y la presencia de organismos internacionales que contribuyeron a observar de cerca el proceso electoral, asegurando su transparencia y otorgando legitimidad a los candidatos, y al Movimiento Semilla la posibilidad de hacer campaña, presentarse a las elecciones y triunfar por un margen que no deja lugar a dudas.

El especialista uruguayo recalcó que el partido perdedor, en la segunda vuelta de la elección presidencial, no ha reconocido los resultados y tampoco ha cejado en su estrategia de señalar que hubo fraude; hay otras expresiones políticas y sociales que también han manifestado la intención de continuar judicializando el proceso.

La fiscal general y otros personajes han seguido estrategias para tratar de judicializar a funcionarios del partido Semilla; en años anteriores han expulsado a periodistas, dirigentes estudiantiles y políticos, como parte de una estrategia de impunidad, refirió.

Quienes forman lo que en Guatemala se ha denominado el “pacto de corruptos”, no se han detenido en su tarea, resaltó en la sesión moderada por José Francisco Mejía Flores, del CIALC.

Las últimas informaciones indican que va a tener lugar un proceso de transición, al que el presidente en funciones Alejandro Giammattei se ha comprometido con la Organización de Estados Americanos; hay una presión internacional fuerte, de la embajada y el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Asimismo, numerosos presidentes como los de México, Chile o la Unión Americana han expresado su solidaridad con Arévalo y Movimiento Semilla.

“El ‘pacto de corruptos’ pretende garantizar una transición, pero los diputados electos por Semilla serían independientes, en tanto no se reconocería la institucionalidad de su partido. Eso significaría una aberración, pero se trata de los manotazos de ahogado de una élite judicial, económica y política depredadora, pero crecientemente aislada. Están haciendo hasta lo último para evitar la llegada legítima de Arévalo al poder”. Pero eso no es novedoso: es parte de un Estado contrainsurgente que quizá sea el máximo desafío que va a enfrentar la próxima administración en Guatemala, abundó García Ferreira.

En tanto, Adalberto Santana recordó que Bernardo Arévalo estableció que entre los objetivos de Movimiento Semilla en torno a su candidatura era, principalmente, la lucha contra la corrupción, “tema central en todos los países latinoamericanos”.

De igual forma, revindicaba el rescate de la economía del modelo neoliberal que ha generado gran pobreza en la mayoría de los países de la región; y frenar la delincuencia organizada o la llamada economía sumergida que funciona en distintos rubros: narcotráfico, talamontes, secuestro, trata de personas, etcétera. “Si un candidato coloca estos puntos en la agenda, un amplio sector se va a identificar con él y va a darle su voto”, como ocurrió.

El domingo 20 de agosto se mostró el ascenso del descontento popular, más organizado, a través de las urnas electorales: más de 60 por ciento de los electores votó por Arévalo. “Es el retorno a lo que se denomina la ‘nueva primavera en Guatemala’”, concluyó.

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