Vigentes, las secuelas de la COVID-19 en el mercado laboral

• Dan a conocer resultados de la encuesta “ENCOVID-19”
• Este ejercicio forma parte del Programa de Desarrollo con Equidad, iniciativa conjunta del PUED de la UNAM con el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana

En el peor momento de la crisis sanitaria, mayo de 2020, la pandemia ocasionó que 69 por ciento de los hogares tuvieran una reducción de sus ingresos y que 35 por ciento perdiera 50 por ciento o más de estos; en abril de 2022, a pesar de la recuperación del empleo, aún 47 por ciento de los hogares reportaba recibir menos recursos económicos.

Esto condujo a implementar una serie de estrategias para compensar la situación, como pedir prestado, dejar de pagar la renta o de recibir atención médica. El hecho de que alguien en el hogar fuera despedido del trabajo ha sido una determinante para efectuar alguna acción, a fin de compensar la pérdida de la retribución.

En el Seminario Universitario de la Cuestión Social efectuado en el auditorio Jesús Silva Herzog del Posgrado de la Facultad de Economía, Mario Luis Fuentes Alcalá, miembro del Patronato Universitario e investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM, resaltó la alianza de esta instancia con la Universidad Iberoamericana para contar con la encuesta “ENCOVID-19”, con el propósito de dimensionar y conocer la magnitud de lo que ha significado este periodo de la emergencia sanitaria.

En su oportunidad, el investigador de la Universidad Iberoamericana, Víctor Hugo Pérez, dio a conocer que en materia de ingreso de los hogares, las afectaciones fueron de mayor magnitud y persistencia entre los sectores de menores recursos: en abril de 2022, 54 por ciento de esa población reportó tener menos ingresos que en febrero de 2020, contra 36 por ciento de la de mayores recursos.

Las secuelas de la enfermedad en el mercado laboral siguen vigentes, en especial para las mujeres. En la población ocupada, 44 por ciento de ellas y 33 por ciento de los hombres tuvieron que dejar de trabajar o cambiar de ocupación para apoyar en los quehaceres del hogar. Aún en abril de 2022, 25 por ciento de mujeres y 16 por ciento de varones reportaron que todavía no realizan sus actividades como lo hacían antes de la crisis sanitaria, agregó.

Comentó que entre las principales afectaciones se reporta: poco trabajo, ventas bajas, reducción de días de trabajo o que se están recuperando de la enfermedad, reveló “ENCOVID-19”, encuesta telefónica representativa de la población mexicana que periódicamente recaba información sobre empleo, ingreso, salud mental, alimentación y otras dimensiones relevantes para entender los efectos de la pandemia en nuestra comunidad, a cargo de la Universidad Iberoamericana.

En contraste, dijo, al inicio de la emergencia sanitaria bajó de manera considerable la seguridad alimentaria y después, poco a poco, se recupera; en la última medición, de abril pasado, casi se alcanzaron los niveles prepandemia.

Durante el Seminario “ENCOVID-19” –organizado por el Seminario Universitario de la Cuestión Social–, Fernando Cortés, del PUED, explicó que los resultados de la encuesta se ubican en el seno del Programa de Desarrollo con Equidad (ProDEq), iniciativa conjunta del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) de la Ibero, y el  PUED.

Su objetivo fue registrar las consecuencias sociales de la pandemia en una población con altos niveles de pobreza y desigualdad, carente de seguridad social, y analizar las respuestas del Estado mexicano. El primer levantamiento fue en abril de 2020, recién iniciada la emergencia sanitaria; debido a las condiciones se optó por un ejercicio telefónico, cuyos resultados se han contrastado con otras fuentes, como las encuestas nacionales de Ocupación y Empleo.

Con este estudio universitario de bajo costo, que permite recabar información con relativa frecuencia, no es necesario demorarse demasiado para estimar carencias sociales y de acceso a la alimentación, la desigualdad y otros temas, explicó en el encuentro al que también asistió Enrique Provencio, investigador del PUED.

Héctor Nájera Catalán, de esa entidad académica, refirió que uno de los pendientes que tiene la agenda de medición multidimensional de la pobreza es actualizar la representación y la identificación de las necesidades que son relevantes para los estándares actuales.

El denominado método consensual de privación posibilita identificar cuáles son un conjunto representativo de necesidades socialmente relevantes. “Permite establecer las diferencias interpersonales y sociales mediante preguntas como ‘¿considera que esto es necesario para que la gente viva con dignidad?’”.

Nos hemos enfocado en el hogar como unidad de análisis. En el inicio se eligieron 12 necesidades que se incorporaron escalonadamente en la encuesta, entre ellas: acceso a medicamentos y a tratamiento médico, refrigerador funcional, internet (que se constituyó en un bien esencial), agua todos los días dentro de la vivienda, acceso a transporte público o reemplazo de ropa estropeada por nueva. En el último levantamiento, en abril pasado, se incorporaron otras preguntas más, como el acceso a bienes para el aseo personal y disponibilidad de baño con regadera.

Al retomar el uso de la palabra, Víctor Hugo Pérez añadió: “este proyecto inició cuando nos fuimos al confinamiento, en un contexto de incertidumbre ante lo que sería la crisis social más grande que íbamos a tener en esta generación. Nos preguntamos qué tan factible sería levantar una encuesta nacional”.

Queríamos un estudio que permitiera observar la variedad de afectaciones que iba a tener la enfermedad en el bienestar de los hogares; se hizo el primero, de 800 casos, en abril de 2020, el cual permitió comenzar a determinar algunos aspectos del mercado de trabajo.

Se detectó que más de la mitad de la población no forma parte de ningún tipo de programa social, y los de menores recursos tampoco reciben más beneficios de lo que se esperaría.

Uno de los resultados más positivos fue el de la vacunación; a partir de que comenzó, 60, 70, 80 y hasta 90 por ciento de la población de 18 años o más, según las cifras más recientes, reportó haber recibido al menos una dosis; 75 por ciento el refuerzo.

En lo que respecta al empleo, en las últimas mediciones, ya de regreso a la normalidad, las cifras de ocupación coinciden con las del INEGI; “eso nos lleva a resaltar la robustez de esta encuesta”.

 

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