La jornada electoral del domingo 5 de junio dará paso a la historia por ser la primera ocasión en que el territorio antes declarado como Distrito Federal tenga la oportunidad de aprobar un documento identificado bajo el título de Constitución de la Ciudad de México, dijo Álvaro Arreola Ayala, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM.
La Asamblea Constituyente, que se integrará de 100 diputaciones constituyentes (60 serán electos por el principio de representación proporcional), está sobrevalorada por los actores políticos que participan para esta construcción, desde el jefe de Gobierno capitalino, el presidente de la República, los partidos, los legisladores, hasta los candidatos independientes.
“Está sobrevalorada porque el impacto político que tendrá esta constitución es mínimo frente a lo que tendrá la red nacional legal que existe; es un documento que no puede enfrentarse a la Carta Magna general; las expectativas pueden ser muy frustrantes para el grueso de la población que no tiene la sensibilidad, los conocimientos y la cultura cívica”, subrayó el universitario.
Nuevamente, resaltó, con este aparato legislativo se nos ofrecerán mejores reglas para alcanzar el poder, pero no nuevas medidas para modificar e influir en el ejercicio del mismo.
Laboratorio electoral
La sobrevaloración, abundó Arreola Ayala, también puede entenderse a partir de que la apuesta mayor no es considerar a esta constitución como un instrumento fundamental. “Los partidos políticos quieren encontrar en las elecciones el mejor laboratorio para saber qué sucederá en el 2018 en el territorio más poblado, y el que tiene el listado más grande de la República, con la ciudadanía más crítica: la Ciudad de México”.
Uno de los argumentos que refrenda esa consideración es que no se permitió hacer coaliciones partidarias, por lo que es claro que se experimentará un laboratorio electoral para asegurar clientelas firmes, bien organizadas. Es decir, medirán cuáles son sus fuerzas reales previas al 2018. “El Congreso local aún tiene un espacio grande entre el 1º de enero y octubre de 2017 para hacer modificaciones a la ley electoral”, reiteró.
El investigador del IIS dio como un hecho que no habrá retrocesos en materias legisladas como derechos humanos, ambientales, diversidad sexual y los apoyos a ancianos, madres solteras y estudiantes. “Quien propusiera suprimirlo, simplemente firmaría su carta de renuncia para la contienda del 2018. Nadie hará propuestas que contravengan lo que hasta hoy tenemos en la ciudad, porque política y electoralmente sería la guillotina de quienes lo plantearan”.
El investigador universitario, con 35 años de experiencia en procesos electorales, consideró que sin una constitución esta urbe ha salido adelante, por lo que no habrá novedades sociológicas, políticas o históricas con un nuevo documento.
“Lo que sí veo son juegos personales, que se quieren aprovechar de este escenario para presentarse como los aspirantes únicos y necesarios. Algunos funcionarios querrán gestionar una imagen rumbo a otros cargos”, finalizó.
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