En México la regulación de la inteligencia artificial (IA) debe ser regional y alineada con América del norte, además de estar anclada al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), subrayó el coordinador general del Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial de la UNAM, Pablo Pruneda Gross.

Dijo que se requiere una normativa que realice evaluación de riesgos con métricas y criterios aterrizables, que esté respaldada por estándares técnicos a partir del algoritmo y se base en incentivos antes que en sanciones.

Como país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, nuestra nación adoptó los principios sobre IA: sistemas seguros, robustos, justos y confiables, que respeten el crecimiento inclusivo, derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas, recordó al participar en el coloquio “IA y el reto de su regulación”.

Al ser integrante de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura también lo hizo con las recomendaciones de los Estados Miembros: contar con un marco ético que actúe contra prejuicios, invasión a la privacidad y vigilancia masiva, apuntó en el Instituto de Ciencias Nucleares (ICN) de la Universidad Nacional.

Entre los avances regulatorios, Pruneda Gross citó los 10 Principios de Chapultepec acordados por el gobierno federal en enero de 2026 para una IA al servicio de las personas, que incluyen: ampliar derechos, tener responsables humanos, explicabilidad (si una decisión no puede explicarse, no debe automatizarse), gobernanza colectiva y bienestar como criterio.

También comprender antes de automatizar, contar con soberanía tecnológica, fortalecer la educación y conocimiento en la nación, respetar la diversidad cultural y considerar a los datos como un bien público que deben cuidarse con responsabilidad.

¿Cómo hacerlo?

A decir del experto, la IA evoluciona con una rapidez vertiginosa, sus aplicaciones impactan prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas y desarrollo; su uso e infraestructura es extraterritorial y global. En ese sentido, reglamentarla implica un desafío en el que deben participar gobierno, academia, industria y organizaciones de la sociedad civil.

“El derecho siempre va detrás de la tecnología. La pregunta no es si llegaremos tarde -ya lo estamos-, sino qué tan rápido podemos cerrar la brecha antes de que sea irreversible”, señaló el abogado, profesor de la Facultad de Derecho e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Pruneda Gross resaltó que el reto de normarla se enfrenta de maneras distintas en cada nación. La Unión Europea lo hace de forma excesiva y preventiva, priorizando derechos y transparencia, aunque con costos de cumplimiento más altos y procesos más lentos.

China lo lleva a cabo rápido, centralizado y con énfasis en el control político y la seguridad nacional. La innovación se subordina a la estabilidad social y al alineamiento con los objetivos del partido político en el poder, anotó el experto.

En la era Trump Estados Unidos privilegia la flexibilidad y el liderazgo industrial, prefiere la desregulación, pero con algunos mecanismos de gobernanza, lo que genera tensión entre la regulación federal y leyes estatales que tienen diferencias entre ellas, añadió en el auditorio Marcos Moshinsky del ICN.

Precisó que la IA es la capacidad de una máquina para imitar funciones cognitivas humanas como aprender, razonar, resolver problemas o tomar decisiones. La inteligencia artificial generativa, revolucionaria desde 2022, es el conjunto de técnicas de dicha innovación capaces de crear contenido (textos, imágenes, audio, video, código) a partir de patrones aprendidos de grandes conjuntos de datos.

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