México requiere expandir los programas públicos enfocados al campo hacia un mayor número de productores agrícolas, especialmente los del sur del país donde están los pequeños, además de poner más atención a los precios de garantía para evitar generar dependencia o políticas clientelares, se establece en un estudio presentado por investigadores de la Facultad de Economía (FE) de la UNAM.

Luis Fernando González Martínez y Roberto Iván Escalante Semerena, especialistas de esa entidad académica, dieron a conocer una investigación en la revista EconomíaUNAM y en el Seminario de Economía Agrícola “Los desafíos de la seguridad alimentaria en México en el contexto pospandémico”, en la cual se deja en claro que de no garantizar la aplicación de estas medidas es posible caer en escasez de alimentos básicos.

Los expertos analizaron los resultados de las políticas implementadas durante el periodo 2010-2019, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, los cuales ponen en evidencia la importancia que tienen factores como el dinero destinado, área de trabajo, número de apoyos, productividad y sequía sobre el volumen generado y el valor de la producción de los bienes agrícolas.

González Martínez, también especialista del área de Educación Continua del Instituto de Investigaciones Económicas, precisó: las políticas implementadas durante los últimos años solo han acentuado la desigualdad regional al no tomar en cuenta que más de 70 por ciento de las unidades de producción rural es atendido por pequeños productores, campesinos e indígenas que apenas poseen superficies menores o equivalentes a cinco hectáreas.

Esta realidad es desfavorable para las necesidades de consumo del  país, ya que decrece la seguridad alimentaria al no garantizar acceso físico o económico a los alimentos, porque existe dependencia de la importación para el abastecimiento de productos básicos, indicó.

“Cuando entra el Tratado de Libre Comercio se levantan muchos aranceles o impuestos a las importaciones sobre el mercado agrícola, dejando desprotegidos a los pequeños productores y dejándolos a merced del mercado internacional, lo que ha repercutido en la soberanía alimentaria al importar alimentos que antes producíamos, como el frijol de Perú o el maíz que hoy viene de Estados Unidos”, explicó el maestro en Economía y Desarrollo Sustentable.

Organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señalan que un país debería importar, como máximo, 25 por ciento de los alimentos que se consumen; sin embargo, México adquiere del extranjero más de 43 por ciento de productos básicos: maíz, soya, frijol, manzana, etcétera, considerados estratégicos para la soberanía alimentaria y que en numerosas ocasiones se destina para autoconsumo, argumentó.

A lo anterior, dijo, se suma que las estrategias para mitigar este efecto se han concentrado en pequeños subsidios para los productores, a fin de especializarse en cultivos de alto valor agregado; no obstante, esto propició que cerca de 10 por ciento de ellos concentre la mayor parte de recursos agrícolas.

La nueva política de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural está enfocada en los subsidios, con el objetivo de apoyar a la población rural más pobre ya que el problema del campo en México ha sido la consistente pobreza debido a la baja productividad y acceso a la protección social, como es el caso de las trabajadoras quienes solo 28 por ciento percibe un ingreso, señaló.

En tanto que la población más vulnerable son los miles de jornaleros que se desempeñan sin acceso a la protección social, y con salarios a la baja, resaltó.

Según datos de la FAO, recordó González Martínez, el sector agrícola contribuye con 7.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional, al considerar un sector agropecuario ampliado que incluye a la agroindustria y los insumos y servicios.

No obstante, los recursos federales destinados al desarrollo del campo en 2019 fueron de apenas 1.4 por ciento del PIB. A partir de 2010 se recortan de manera considerable, por lo que se puede anticipar pobre desempeño de los indicadores, agregó.

Ante esta situación, los investigadores proponen que para hacer un cambio no se debe pensar solo en aumentarlos, sino distribuirlos adecuadamente. Esto implica encaminar las nuevas políticas a invertir en innovación tecnológica, sistemas de riego y semillas; no basarse en pesticidas o herbicidas, sino en biotecnología, la cual busca conciliar la actividad económica apoyada en innovaciones amigables con el medio ambiente.

“Uno de los factores importantes relacionados con la disminución en la producción agrícola es el cambio climático, y si no se hace algo por mitigarlo los afectados seremos todos, pero especialmente el pequeño productor de familia que podría no tener ya ni siquiera el autoconsumo de su pequeña parcela. Tendríamos que redirigir políticas encaminadas a nuevas tecnologías, políticas para aumentar el ingreso de los trabajadores vía salario y no vía asistencial, además de garantizar que tengan acceso a los sistemas de salud, ya sea IMSS, ISSSTE o seguro social Bienestar”, acotó González Martínez.

Para el investigador, si bien la actual administración promovió un incremento importante al salario mínimo, este beneficio no llega a los agricultores, para quienes sus ingresos dependen del comportamiento del mercado internacional. Una medida que se utiliza para ayudarlos son los llamados precios de garantía, que les permite tener un poco de ganancia.

Por ello estimó necesario poner mayor atención al programa de precios de garantía para que no se genere mayor dependencia económica de los productores, y tampoco políticas clientelares. Si no se asegura la aplicación de esta medida es posible caer en escasez de alimentos básicos; cuando el precio de mercado baja, los de garantía se desalinean con los costos de mercado; y si los precios de garantía son bajos se genera desabasto, ya que los trabajadores del campo cultivarían otros alimentos.

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