La Ciudad de México es una urbe con población
envejecida en la que los gobiernos local y federal han aplicado,
a través de la historia, estrategias asistencialistas y no
políticas públicas para adultos mayores, expuso Denhi
Rosas Zárate, de la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales (FCPyS) de la UNAM.
Con datos del INEGI de 2010 y de la Encuesta Nacional sobre
Discriminación de 2005, la académica perfiló
la problemática del envejecimiento en la capital del país.
“En el DF viven un millón de adultos mayores y 800
son centenarios. No sólo son personas de 60 años o
más, sino que hay una tendencia a la longevidad, con sujetos
que llegan a los 100 años en condiciones de fragilidad, dependientes
y sin autonomía”.
El 70 por ciento de ese grupo es casado y aún vive
su pareja. El 44 por ciento son mujeres en condiciones de vejez
y pobreza, pues pertenecen a una generación que no se jubiló
ni recibe pensión porque su trabajo no fue formal, sino doméstico.
“Es un asunto que el gobierno debe abordar desde una perspectiva
de género; la política laboral debe ser integral y
vinculada a las necesidades de esa población”, señaló.
El 27 por ciento de los adultos mayores aún está
activo y trabaja en la informalidad. Pocos (34 por ciento) son pensionados
o jubilados. “Eso implica gran responsabilidad de las autoridades
para darles seguridad social, de ahí el éxito de la
pensión universal que mensualmente reciben en la Ciudad de
México”.
Aunque la esperanza de vida en el DF es de 78 años
para mujeres y 73 para los hombres por los servicios de salud, la
tecnología, el descenso de la fecundidad y el estilo de vida,
la mayoría de los ancianos padece enfermedades crónico-degenerativas
y 11 por ciento tiene alguna discapacidad, lo que genera un enorme
gasto médico para el país.
Para 2050, se prevé que uno de cada cuatro habitantes
del DF será anciano. Con una población envejecida,
las necesidades serán específicas y se presentarán
en todos los niveles (económico, social, cultural y servicios
de salud), por lo que habrá que fortalecer y crear redes
familiares y comunitarias con el gobierno local y federal, organizaciones
no gubernamentales y otras instituciones.
Esta diversidad de actores tendrá que crear la red
comunitaria de personas adultas mayores y proponer una política
nacional sobre vejez y envejecimiento, con base en los derechos
humanos.
¿Qué hacer? Desde el Consejo Asesor para
la Integración, Asistencia, Participación y Defensa
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, del Instituto para
la Atención de los Adultos Mayores del Gobierno del Distrito
Federal (GDF), integrado por diputados, académicos, especialistas,
diversas organizaciones no gubernamentales y otros actores, se promueven
acciones en torno a la problemática de este sector.
Rosas Zárate, candidata a doctora en Ciencias Políticas
y Sociales, se refirió a las propuestas que en ese espacio
de discusión y trabajo se han promovido en beneficio de los
viejos de la capital y que han basado su actuar en una pensión
alimentaria para mayores de 68 años, residentes en el DF;
visitas médicas domiciliarias para los derechos de la pensión
alimentaria, y el impulso de una cultura de prevención contra
la discriminación y la violencia.
Para el desplazamiento, hay una propuesta para crear ciudades amigables.
Eso implica rediseñar la arquitectura del DF, porque en algunos
sitios estratégicos se han construido elevadores, rampas,
pasamanos y lugares para descanso, pero resultan insuficientes ante
la demanda.
Se piensa también en “casas de día”
para viejos que no tienen quien los cuide, en las que se podrían
quedar de ocho a 18 horas. De hecho, hay un programa para la gente
que se encarga de ellos, por ser una tarea desgastante, se llama
Cuidando al Cuidador.
Será necesario crear una industria del vestido para
adultos mayores, porque “va a ser la de mayor demanda”.
También habrá que cambiar la visión y estereotipos
que difunden los medios de comunicación por una cultura de
respeto.
En el DF, este sector registra un gran avance en escolaridad
respecto a otras entidades del país: 37 por ciento cursó
carreras técnicas y licenciatura. Por eso, se propone una
escuela para adultos mayores. “Como tienen mucho que enseñar,
pueden ofrecer ayuda intergeneracional”.
Pese a estos planteamientos, la política en el rubro
no dista de lo que ha hecho el país a través de su
historia. “Aún es asistencialista”, afirmó
Zárate, quien desde la academia evalúa y trata de
incidir en esa política del GDF.
Análisis histórico
Como alumna de posgrado de la UNAM, Rosas Zárate
se abocó al análisis de la política hacia las
personas adultas mayores de la Ciudad de México. En su proyecto
de tesis doctoral, más que cómo se instrumenta y opera,
analizó la toma de decisiones en el rubro a través
de la historia.
De sus indagatorias sobre cómo se ha construido
esta política en el país, infirió que el gobierno
(local y federal) tiene una política asistencial. En la Colonia
fue la caridad, a cargo de la Iglesia; con Benito Juárez
y la Reforma se pasó a la asistencia y desde el Cardenismo
para acá, a la beneficencia. “Hoy no distamos mucho
de esos capítulos”.
¿Qué se requiere? “Una política
pública, porque posibilitaría que los adultos mayores
tomen decisiones y digan qué requieren”. En cambio,
en las acciones de las autoridades participan actores de la academia
y de instituciones del país, pero no ancianos, lo que parcializa
la realidad.
Ante esta realidad, que genera ausencia de políticas
públicas, hay propuestas, como el proyecto de redes comunitarias
para adultos mayores, en el que trabaja Rosas Zárate.
No es asistencialista. Su fin es empoderar a los adultos
mayores para que trabajen en sus comunidades y sean ciudadanos participantes.
“Eso implica que tienen derechos que están en la Constitución”.
El plan de trabajo emana de un diplomado sobre envejecimiento
que imparte la universitaria, con financiamiento del IMSS y la UNAM.
Se pretende que conozcan sus derechos, porque no saben cuáles
son ni cómo ejercerlos.
“La pensión universal no es un regalo del
gobierno, sino un derecho y una cuestión de cooperación
intergeneracional”, subrayó.
En Tlalpan, donde hay 30 organizaciones formales de adultos
mayores, se labora con un grupo piloto. Harán un diagnóstico
de sus necesidades y un programa que incentive estas redes. Hasta
el nombre será a iniciativa suya, expuso.
En su proyecto doctoral, una de sus propuestas son las
redes de políticas públicas, que tienen como base
las redes comunitarias, “y no pueden existir si no hay actores
adultos mayores. Los gobiernos dicen ‘hago política
pública’ (a los adultos mayores se les da más
apoyo en tiempos electorales), pero ésa es una estrategia
nada más. Merecerá ese nombre cuando dialogue y participe
el resto de los actores inmiscuidos”.
En la iniciativa participan profesionistas y miembros del
Consejo Asesor del DF y de la delegación Tlalpan, como Raúl
Díaz Montaño, Félix Luis García, Cilia
Vargas Rivas, María Mercedes Flores Palomares, Abigail Castro
Velasco, Laura Ábrego Jiménez y Gonzalo Ramos Robles.
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