• En un estudio de investigadores
de la Universidad Nacional se establece que quienes cuentan con
primaria incompleta y acceden a una fuente de trabajo, en el 90
por ciento de los casos está en la informalidad
• Se presentaron los resultados del estudio Balance de la
Red de Protección Social en México desde la problemática
de los trabajadores pobres de la economía informal
En México, el 59 por ciento de la
población empleada, es decir, 28 millones de personas a la
fecha, se encuentran en la informalidad. En el caso de quienes tienen
60 años o más, el peso relativo de esta categoría
alcanza el 75.7 por ciento, y en quienes cuentan con primaria incompleta,
el 90 por ciento.
En rueda de medios, en el auditorio José
Luis Ceceña, del Instituto de Investigaciones Económicas
(IIEc), se presentaron los resultados de dos estudios en México,
elaborados por investigadores de entidades de educación públicas
y privadas, y agrupaciones sociales, incluida la UNAM, financiados
por el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido
(DFID). Están en curso otros similares en Colombia y Perú.
Uno de ellos es: Balance de la Red de
protección social de México desde la problemática
de los trabajadores pobres de la economía informal, cuyos
responsables fueron Norma Samaniego y Ciro Murayama, de la Facultad
de Economía (FE) de esta casa de estudios.
El segundo, Experiencias y estrategias
de protección social desde organizaciones de trabajadores/trabajadoras
informales urbanos en México, que se realizó en
las ciudades de Monterrey, México, Oaxaca y Mérida,
cuya coordinadora fue Beatriz Torres, de la Universidad de Yucatán.
En este último también participaron
Juan José Hernández, Carlos Clemente Martínez
y Sandra Ruiz, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM);
Jesús Rubio Campos, del Tecnológico de Monterrey, y
Gloria Zafra, de la Universidad Autónoma Benito Juárez
de Oaxaca (UABJO).
Para ambos análisis, se conformó
un equipo base constituido por Berenice Ramírez López
y Cruz Álvarez, del IIEc; Saúl Moreno, investigador
del CIESAS-Golfo, y José Luis Maldonado, de la Federación
de Trabajadores no Asalariados.
En la convocatoria para la realización
de los trabajos también participaron el Consorcio de Investigación
Económica y Social (CIES) de Perú, y la Organización
Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO),
red global de investigación y políticas que busca mejorar
el estatus de los trabajadores pobres, especialmente las mujeres en
la economía informal.
En la presentación, Verónica
Villarespe Reyes, directora del IIEc, subrayó que las indagaciones
ofrecen propuestas y cuestionan cifras oficiales porque no reflejan
la realidad. Necesitamos reorientar el modelo económico con
una clara visión social para aspirar al desarrollo.
Diferencia con el INEGI
En su oportunidad, Norma Samaniego indicó
que las cifras en torno a la informalidad difieren de las oficiales,
que trimestralmente ofrece el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI). La concepción metodológica
utilizada se deriva de la acepción de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), refirió.
En las consideraciones del INEGI no se incluye
a grupos del ámbito rural en condiciones precarias, tampoco
a los trabajadores domésticos remunerados sin acceso a la seguridad
social, ni a los no remunerados, independientemente del ámbito
en que se ubiquen, explicó.
También, se sumó a grupos de
trabajadores subordinados, es decir, asalariados o con percepciones
no salariales, sin acceso a los servicios de salud y seguridad social,
pero que laboran en empresas o instituciones formales.
Así, detalló Samaniego, las
cifras que arrojó el estudio a 2010, de 26 millones de trabajadores
informales -28 millones al día de hoy-, contrastan con los
12.8 millones que refiere el INEGI, esto es, más del doble.
Adicionalmente, el análisis reflejó
que para 2010, del grueso del trabajo informal, 57.4 por ciento se
concentró en el sector terciario.
La participación de hombres y mujeres
en la informalidad registró 58.7 por ciento, para los primeros,
y 59.5, para las segundas. Así, la cifra total de la informalidad
dentro del total de la fuerza de trabajo fue del 59 por ciento.
En la última década, la industria
ha perdido 700 mil empleos
Por su parte, Ciro Murayama indicó
que es falso el planteamiento que pretende explicar la informalidad
por el Seguro Popular. Refirió que en la última década
se perdieron 700 mil empleos en la industria. La informalidad, especificó,
es un efecto del mal desempeño económico del país
y no una causa. Desde hace 30 años, México dejó
de crecer a tasas superiores al tres por ciento.
Al respecto, planteó que debe asumirse
una política de Estado, sustentada en la reactivación
del crecimiento, distinta a la aplicada en los últimos años,
y construir un sistema de protección social universal.
Los informales, abundó, no sólo
los encontramos en las esquinas, sino también en las empresas
y en el gobierno, con personas que trabajan sin prestaciones y sin
seguridad social.
El sistema de protección social universal
implica desligar del trabajo formal el acceso a los servicios de salud,
a una pensión mínima para la tercera edad y a la protección
frente a riesgos como la enfermedad, la viudez y la orfandad. Baste
señalar que dos millones de trabajadoras domésticas
no tienen ninguna prestación.
Se propone, resumió, la creación
de un Consejo Económico y Social, como existe en otros países,
y la reforma de instituciones como la Comisión Nacional de
Salarios Mínimos, que ha dejado de representar una instancia
que asegure remuneraciones suficientes.
Mapeo de grupos
En el caso del segundo estudio, Beatriz Torres
explicó que en las cuatro ciudades referidas se hizo un mapeo
de los grupos de comerciantes, taxistas, aseadores de calzado, trabajadores
domésticos, globeros, cartoneros y caleseros, entre otros.
Entre los hallazgos, se encontró que
las principales preocupaciones de los empleados informales se centran
en la confrontación de la muerte, la gestión del Seguro
Popular, los servicios médicos y la vivienda.
Además, se ubicó la existencia
de una gran masa de trabajadores desorganizados y la desigual capacidad
de autogestión que tienen las uniones respectivas.
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