• Exigió una investigación inmediata y a fondo
para que los responsables sean juzgados conforme a la ley, y que ningún
tipo de conducta criminal quede impune
• Frente a la situación en Chile, el CU manifestó
que la educación pública es un derecho fundamental que
permite el fortalecimiento de la sociedad y el avance de las naciones
El Consejo Universitario reprobó la
conducta “artera y desquiciada” de quienes sin el menor
sentimiento humano causaron la muerte de decenas de ciudadanos en un
casino de Monterrey, y manifestó su más profundo pesar
por el fallecimiento de más de medio centenar de personas inocentes.
Además, exigió una investigación
inmediata y a fondo para que los responsables sean juzgados conforme
a la ley y que ningún tipo de conducta criminal quede impune.
En un comunicado emitido al término
de su sesión, el CU reiteró la necesidad de replantear
la estrategia adoptada en el combate contra el crimen organizado, a
partir del análisis y la discusión de la propuesta Elementos
para la Construcción de una Política de Estado para la
Seguridad y Justicia en Democracia.
Además, exhortó a las fuerzas,
grupos, actores, partidos y ciudadanos a construir una política
de Estado con una visión integral, que permita generar un gran
acuerdo nacional.
La educación en Chile
Por otro lado, ante la situación que
vive la educación superior en Chile, el máximo órgano
colegiado de la UNAM también manifestó que la educación
pública es un derecho fundamental que permite el desarrollo humano,
el fortalecimiento de la sociedad y el avance de las naciones.
En un comunicado paralelo, subrayó que
la autonomía universitaria es una garantía para cumplir
con los fines que tiene la educación pública superior
y demanda su fortalecimiento y respeto irrestricto por parte de los
estados nacionales. Además, los jóvenes son una de las
fortalezas presentes y futuras de la sociedad y su educación
es la razón de ser de la universidad pública.
Para el CU, la educación superior requiere
el respaldo financiero del Estado para garantizar ese carácter
público y el acceso para los jóvenes. Por ello, en la
solución de los conflictos se debe garantizar el respeto a la
expresión pública y al diálogo, evitar poner en
riesgo la vida y la integridad de las personas, sostuvo.
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