• Desde 2009, 34 de los 38 predios agrarios ubicados dentro
de la zona núcleo están incluidos en el programa de
Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos de la Comisión
Nacional Forestal
• De 2009-2010, ya no se perdieron bosques en esta zona, señaló
José López García, investigador del Instituto
de Geografía de la UNAM
• De haber continuado la tendencia en la tala de 2003-2006,
para el 2051 el bosque hubiera desparecido
Desde 2009, la mayoría de los predios
que conforman la zona núcleo de la Reserva de la Mariposa Monarca
–en los estados de México y Michoacán– forman
parte del programa de Pago por Servicios Ambientales; en consecuencia,
la tala de árboles ha disminuido.
Poco a poco, este programa da frutos en la
zona. “Si ya no se pierde más bosque, todo será
recuperación en beneficio de la reserva”, sostuvo José
López García, del Departamento de Geografía Física
del Instituto de Geografía (IG) de la UNAM.
En 2006, aclaró, se hizo una proyección.
Si continuaban las tasas de 2003-2006, se estimaba que para 2051 ya
no habría bosque en la región. “Por fortuna, no
ha sido así, sino al contrario”.
Lo anterior demuestra que el pago por servicios
ambientales es el correcto, que ha funcionado, y “el ejemplo de
Mariposa Monarca será favorable para otros sitios en el país”,
consideró el experto.
Aunque, aclaró, esas acciones van de
la mano con el impulso a actividades productivas; por ejemplo, hay lugares
con estanques de truchas, donde la gente sabe que si pierde la región,
también el agua y su negocio. “Si se les apoya con actividades
productivas como viveros, cultivos de esos peces, las poblaciones mejorarán
su calidad de vida y protegerán la zona”.
López García trabaja desde 1999.
Ahí, realizó la fotointerpretación para determinar
los cambios de cobertura forestal entre 1971-1984-1999, lo que contribuyó
a la ampliación de la reserva, de 16 mil 110, a 56 mil 259 hectáreas
en el año 2000. Actualmente, continúa con la investigación
y monitoreo.
Ha analizado cómo cambia la cobertura
forestal, mediante análisis bianuales (de 1999 a 2005) y anuales
(de 2005 a 2010), en los que se ha apreciado la degradación y
deforestación, pero a partir de 2005, la tendencia ha disminuido,
hasta llegar a 1,56 hectáreas en el periodo 2009-2010.
La ampliación del Área Natural
Protegida (ANP) de la Monarca se hizo en el 2000, y su creación
se acompañó del establecimiento del Fondo Monarca, promovido
por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés)
y por el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza
(FMCN), en coordinación con el gobierno federal y los del Estado
de México y Michoacán.
El Fondo Monarca es una estrategia de apoyo
económico para evitar la tala de árboles.
No obstante, relató el universitario,
se presentaron diferentes conflictos agrarios, como litigios, áreas
que eran “de nadie” o predios reclamados por ambas entidades.
Eso implicó la tala clandestina, pues el pago establecía
dentro de sus lineamientos que no hubiera problema con los terrenos.
La situación se agravó más con la presencia de
bandas organizadas que saquearon entre 2003 y 2007.
Los cambios bianuales de cobertura en hectáreas
fueron notables. De 1999 a 2001 se alteraron cerca de 400 hectáreas,
es decir, sufrieron una reducción, degradación forestal
o deforestación. Los daños en los bienios subsecuentes
fueron equivalentes a 300, 470 y hasta 732 hectáreas entre 2005
y 2007, en la zona núcleo.
Los predios incluidos dentro del programa de
Pago por Servicios Ambientales no sufrieron tala, o fue muy reducida
y causada por personas que se introducían a los predios, por
lo que se reforzó la vigilancia. No fue sino hasta 2009, en que
la mayoría de las tierras quedaron incluidas en el proyecto y
el problema comenzó a disminuir. “Ya no había razón
para la tala, y entre 2009 y 2010 fue de 1.56 hectáreas”.
En sus estudios, basados en levantamientos
aéreos realizados en la misma época del año, y
en la comparación de fotografías aéreas de un año
a otro, López García encontró que de la superficie
alterada por tala clandestina, la mitad fue por degradación forestal
(disminución de la densidad del bosque), y la otra, fue deforestada
(menos del 10 por ciento del arbolado).
Lo más peligroso ocurre si el tipo de
cobertura cambia de cerrado (uno bien conservado) a deforestado, como
sucedió en extensas superficies de la localidad de Crescencio
Morales, dentro del área núcleo.
Muchas áreas se alteran más de
una vez; se quitan algunos árboles (operación hormiga),
en el siguiente lapso otros pocos, hasta la desaparición total.
A esto se denomina degradación gradual y trae graves consecuencias,
porque impide la recuperación, explicó.
En cambio, los sitios se recuperan de manera
natural si, por ejemplo, se reduce el pastoreo o se da un manejo forestal,
que consiste en “entresacar” algunos individuos; de ese
modo, se abre espacio y en los árboles que ya no están
en competencia empieza a crecer el follaje.
Así ocurre en la zona de amortiguamiento,
donde hay autorizaciones de tala que reducen la densidad de la cobertura,
y donde el ecosistema, al cabo de unos años, vuelve a prosperar.
En contraste, si la tala es total la recuperación es difícil;
“sí se puede, pero se requiere mayor apoyo”.
La reserva, aclaró, también ha
sido afectada por fenómenos hidrometeorológicos que han
dañado sitios como Angangueo o El Rosario. La deforestación
que ya existía favoreció que las torrenciales lluvias
no pudieran ser retenidas por el suelo, y se movieran cuesta abajo;
con ello, arrastran material, lodo, troncos, y provocan destrucción
y muerte.
El científico advirtió que de
continuar la deforestación, se generarían los flujos de
lodo, que en algunos lugares como San José del Rincón,
Estado de México, alcanzaron los 100 metros de ancho y 4.3 kilómetros
de largo. Finalmente, comentó que actualmente se realiza el análisis
de 2010-2011.
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