Boletín
UNAM-DGCS-001
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Universitaria
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final del boletín
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No cuentan con bases sólidas en la investigación,
señaló Salomón Sánchez, coordinador de la maestría y doctorado en Derecho de la
FES Acatlán de la UNAM
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En el país hay una impunidad de 97 por ciento, ya
que de cada 100 delitos que llegan al ministerio público sólo se juzgan dos o
tres
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Sin embargo, el número real de transgresiones
cometidas en nuestro territorio es entre siete y 10 veces más de lo que
oficialmente se conoce
Las políticas para
combatir el crimen han sido caóticas y erráticas en México, sobre todo porque
no cuentan con bases sólidas en la investigación, aseguró Salomón Sánchez
Sandoval, coordinador de la maestría y doctorado en Derecho de la Facultad de
Estudios Superiores (FES) Acatlán de la UNAM.
Afirmó que la
“eficacia” de la justicia en nuestro país es de tal magnitud que de cada 100
delitos que llegan al ministerio público, sólo se trabajan de cinco a ocho, de
los cuales se juzgan dos o tres; lo que da como resultado una impunidad de 97
por ciento.
Resaltó que en ningún Estado es posible
reprimir la delincuencia por completo. Se toman modelos y casos que sirven para
que el gobierno se haga presente y tome el poder. Pero no ocurre así con todo
el fenómeno, porque no pueden detener a los millones de mexicanos que día con
día violan las reglas.
En Inglaterra, por
ejemplo, de cada 100 personas que cometen algún delito, se trabajan 35 y
resuelven 25; es decir, hay una impunidad de 75 por ciento. En cambio, en
España, de cada cien trabajan 25 y se resuelven 15, lo que da una impunidad de
85 puntos porcentuales, informó.
“No se puede
esperar que la delincuencia se pueda controlar, es parte de la vida. El delito
es un hecho social connatural a toda sociedad sana. Siempre habrá parámetros de
tolerancia, sobre los cuales se moverá el hampa”, acotó.
No obstante, en
México se han registrado momentos excesivos como en la crisis de 1995, cuando
la ilegalidad se disparó. Después de 60 años de un crecimiento anual de la
criminalidad de 4.2 por ciento entre 1930 y 1994, con el desequilibrio de mediados
de los 90 dicho porcentaje llegó a 39 por ciento, advirtió.
Esa situación
representó una tasa casi diez veces por arriba de lo “normal”, sobre todo
porque la recesión afectó a unos 10 millones de mexicanos, quienes quedaron sin
empleo, indicó.
Sin embargo, como
no hay posibilidad de ahorro la gente en paro pierde esperanzas y su única
alternativa es ingresar a la delincuencia o a la economía informal, que alcanza
65 por ciento; es decir, “la mayoría de la población está excluida del sistema
de producción neoliberal”.
Sánchez Sandoval
reveló que de acuerdo con la cifra oscura de la criminalidad, en Inglaterra se
estima que se denuncian 100 delitos, pero se cometen 150; mientras que en
España son 100 declarados contra 200 de hecho.
No obstante, argumentó,
en México el dato es alarmante, ya que es siete a 10 veces mayor de lo que
oficialmente se conoce; es decir, si en el ministerio público se conocen 100
casos se producen entre 700 y mil.
Ello eleva la
impunidad al 99.93 por ciento, o sea que la eficacia del sistema jurídico y de
las políticas criminales en nuestro territorio es de 0.07 por ciento. En lo
estadístico, eso no tiene ninguna significación y no le protege la vida a
nadie, ni la dignidad ni la seguridad o el patrimonio, detalló.
Cuando se quiere
atacar un problema y no se tiene un diagnóstico fidedigno se puede tomar
cualquier medida, pero no estará acorde con la realidad social. Ello representa
una cuestión de fondo, porque “toda política pública es discurso, el mundo
social es concreto”, aclaró.
Refirió que toda
directriz oficial y jurídica es una respuesta simbólica a hechos fácticos, que
no se pueden solucionar de manera fácil. Con ella se da tranquilidad en la
conciencia colectiva de que si se impulsa una ley contra la delincuencia
organizada ésta se calmará, aunque eso nunca ocurra.
Sólo le da paz a la gente en el sentido
de que se siente protegida con dicha norma, pero ésta no salvaguarda a nadie.
El derecho opera después de que un acto delictivo ha ocurrido: un homicidio, la
venta de estupefacientes, una violación o asesinato, explicó.
A veces el gobierno
sólo es simbólico, porque no tiene los medios para actuar en materia de
educación, servicios sanitarios, médicos o asistenciales, ni en la seguridad
pública, añadió.
Recordó que en la
actualidad dicha actividad en nuestro país está en manos del sector privado. En
el Distrito Federal hay 60 mil policías, 20 mil pertenecen a la ciudad y el
resto son particulares. Es decir, hasta en eso el Estado se ha retirado de su
función.
“Si se estuviera en un medio en donde nos
respetamos unos a otros y nos reconocemos como personas, la situación sería
diferente. Pero se vive en una sociedad vertical en donde quien manda es la ley
y no al revés. No hay una población homogénea, organizada y armónica”,
concluyó.
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FOTO 01
Salomón Sánchez
Sandoval, coordinador de la maestría y doctorado en derecho de la FES Acatlán
de la UNAM, aseguró que en ningún país es posible reprimir la delincuencia por
completo.
FOTO 02.
El delito es un
hecho social connatural a toda sociedad sana, refirió Salomón Sánchez,
académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM.