Boletín
UNAM-DGCS-393
Ciudad Universitaria
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SE INCREMENTARON
LAS PENAS CARCELARIAS EN 62.5 POR CIENTO EN LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS
·
Afirmó
Guadalupe Leticia García García, profesora de la FES Acatlán de la UNAM
·
Ello
es consecuencia del aumento de los índices delictivos, sobre todo secuestro y
robo, y como elemento para fines políticos, aseguró
·
Además,
como resultado de la presión social, pues la población se siente amenazada y
pide castigo para los delincuentes, dijo
Ante el aumento de
delitos como secuestro y robo, las penas carcelarias se incrementaron 62.5 por
ciento de 1990 a 2005, pero más que tratar de reducir la incidencia delictiva
en esos 15 años, este hecho se utiliza con fines políticos, advirtió Guadalupe
Leticia García García, profesora de la Facultad de Estudios Superiores (FES)
Acatlán de la UNAM.
Pareciera, precisó,
que la elevación de sanciones es resultado de la presión social, para complacer
a la ciudadanía, pues como la población se siente amenazada pide castigo para
los delincuentes. Sin embargo, en términos reales no se ataca el problema desde
sus causas.
La primera doctora
en derecho titulada en la FES Acatlán alertó que no se trata de aplicar medidas
como ésta, pues en temporadas sólo son para obtener votos y no disminuyen los
índices de criminalidad, sino que se requieren soluciones concretas.
A su juicio, lo
mejor es la prevención del delito y la aplicación de la ley, dado que existe
mucha impunidad. Informó que de acuerdo con las cifras oficiales sólo se
castiga entre 2.5 y tres por ciento de los ilícitos registrados. El resto se
quedan sin resolver debido a que en las áreas de procuración y administración
de justicia faltan recursos humanos y presupuestales.
Un aspecto más, que
consideró fundamental, es el que cada entidad federativa adecua su legislación
de acuerdo con el tipo de ilegalidades cometidas en su territorio. Sin embargo,
con el aumento de correctivos en ninguno se ha mejorado la situación o reducido
los indicadores.
Ejemplificó con el caso del
Distrito Federal, donde es recurrente el robo. Para contrarrestarlo sería
conveniente atender cuestiones económicas y mejorar el nivel de vida de la
población. En cuanto a Morelos, la violación se castiga con 25 años de prisión,
como máximo. Pero, para el homicidio simple la mayor es de 20. “Son penas altas
y sin sentido”.
En muchos de los
casos, aseveró, se da prioridad a los principios y cultura, pero se descuida el
valor fundamental, pues el bien jurídico tutelado por excelencia es la vida y
no el patrimonial, como en el Distrito Federal, o la libertad sexual como en
Morelos.
Más adelante, la
especialista explicó que tomándose en consideración que el Código Penal Federal
vigente inició en 1931, la prisión media aplicada era de tres años dos meses.
En ese entonces, por cuestiones culturales el peor delito era el parricidio,
cuyo castigo más alto eran 30 años de cárcel por ser un homicidio calificado.
Para 1999, añadió,
la condena promedio aplicada fue de nueve años, es decir, se triplicó. Esto
significa que continuó su incremento.
En septiembre del
año pasado, recordó, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó la
regulación del Código Penal de Chihuahua, con la acumulación de hasta 105 años
de prisión efectiva cuando se trata de secuestro y homicidio doloso en agravio
de mujeres y menores de edad, como consecuencia de todos los asesinatos
ocurridos en ese estado.
Con este ejemplo,
puntualizó, la Corte abre la posibilidad a la cadena perpetua y lo mismo podría
hacer otras entidades, aunque se supone que el estado del norte es un caso
especial por los feminicidios. Por ello, se trata de una medida política.
Guadalupe Leticia
García mencionó otros aspectos sobre el aumento de castigos en reclusión. Dijo
que cada entidad federativa tiene sus propias normas. El Código Penal Federal
se toma en cuenta en los estados cuando los presuntos delincuentes cometen
delitos federales. Según su artículo 25 si un individuo recibe varias
sentencias se deben compurgar en forma simultánea, lo cual es reforma reciente,
pero sólo permanecerá en prisión el tiempo máximo impuesto.
Con anterioridad,
asentó, el problema era que por varios agravios se llevaban procesos separados
y se sumaban las condenas. El resultado es que hay reclusos con menos de 150,
200 ó 300 años de cárcel.
Pero, cada entidad
tiene su propio código para los delitos del fuero común. En el caso del nuevo
Código Penal del Distrito Federal, el artículo 33 especifica que la pena de
prisión no puede ser mayor de 50 años y aclara que si son dos o más impuestas en
sentencias diferentes se cumplirán de manera sucesiva, pero sin que pasen de
esas cinco décadas, detalló.
Así, mientras con
el Código Penal de Chihuahua ya se permite acumular hasta 105 años de prisión,
el del Distrito Federal tiene como máximo 50, enfatizó. Sin embargo, los
especialistas dedicados a la política criminal, por lo general abogan por una
menor aplicación de este tipo de correctivos.
García García se
manifestó en contra de la pena de muerte y de la cadena perpetua, porque somos
respetuosos de los derechos humanos. Estas medidas no son la solución como
tampoco las sentencias largas. De acuerdo con el artículo 18 constitucional, su
objetivo es la readaptación social.
En
realidad, reflexionó, se utiliza al delincuente como ejemplo para la sociedad.
Es decir, es parte de la prevención general negativa, infundir temor al
escarmiento.
La jurista anotó
que el delito que más se ha incrementado es el secuestro. En 1931, por la
privación ilegal de la libertad la penalidad era de cinco a 20 años; en 1951,
de cinco a 30; en 1955, de cinco a 40 años. A partir de entonces,
subsecuentemente se ha modificado la sanción mínima: en 1984, fue de seis a 40
años; en 1996, de 10 a 40 años, y en 1999, de 15 a 40 años de cárcel.
Por lo general,
concluyó, este flagelo tienen las condenas más altas, pero las reformas siempre
fueron resultado de situaciones que han causado alarma en la sociedad.
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FOTO 1.
En los últimos 15 años se incrementaron las penas carcelarias en 62.5
por ciento, afirmó la profesora de la FES Acatlán de la UNAM, Guadalupe Leticia
García García.
FOTO 2
El aumento de sanciones para delitos como robo o secuestro es resultado
de la presión social, informó la profesora de la UNAM Guadalupe Leticia García
García.