MEDIOCRACIA, CONDICIÓN DEL PODER DE LAS EMPRESAS COMUNICACIONALES EN MÉXICO

· Raúl Trejo Delarbre, académico de la UNAM, dijo que los partidos se han convertido en clientes de los medios informativos

· Se lleva a cabo el Seminario Propaganda y Publicidad en Campañas Electorales en el Instituto de Investigaciones Jurídicas

Los partidos políticos se han convertido más que en interlocutores en clientes de los medios de comunicación. De esta manera, las empresas comunicacionales, por su poder, adquieren hoy en México la condición de mediocracia, aseveró el investigador de la UNAM, Raúl Trejo Delarbre.

Al participar en el Seminario Propaganda y Publicidad en Campañas Electorales. Hacia la elección federal de 2006, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), puntualizó que así como en el antiguo régimen el Estado subordinaba y manipulaba clientelarmente a distintos sectores de la sociedad, ahora hay una transformación de algunas de las instituciones políticas fundamentales en clientes de los consorcios comunicativos más poderosos.

Este cambio, subrayó en la mesa “Propaganda electoral y medios de comunicación”, moderada por Pedro Salazar, del IIJ, permite afirmar que las compañías de comunicación tienen la condición de mediocracia, sin por ello soslayar que todavía existe un Estado e instituciones con capacidad de cumplir con sus responsabilidades jurídicas y políticas.

Raúl Trejo resaltó que esta condición clientelar permite apreciar el viraje que el predominio mediático propicia en las relaciones políticas en el país. Antes, todos los actores de la vida pública formales o extrainstitucionales estaban controlados por el poder del Estado, el cual actuaba con frecuencia de manera autoritaria o discrecional.

Sin embargo, dijo, reducida al ámbito del mercado, la relación entre partidos y medios de comunicación está supeditada al regateo de índole comercial y política.

Durante su participación, el director general de Consulta Mitofsky, Roy Campos, opinó que en las elecciones de 2006 esperaría que se registre una participación ciudadana del 60 por ciento, debido al nivel de competencia política que habrá.

Comentó que dos elementos fundamentales que aparecen en las encuestas desde hace cerca de año y medio son conocer la experiencia y actividades de los candidatos, así como saber de dónde vienen los recursos que utilizan en sus campañas electorales.

Los ciudadanos, añadió, también prefieren campañas cortas y baratas, pero si llegan a ser de 90 días –como propone el Ejecutivo–, lo que harán es aumentar el tiempo de precampañas.

En el caso de que éstas sean reguladas, señaló, se vivirá lo que ha ocurrido este año, las pre precampañas, las cuales no tienen ningún control y en el caso de que se creara un ordenamiento al respecto, dijo, podría caerse en excesos.

Luego, dijo que un buen spot le da a un político la oportunidad de entrar a cinco millones de hogares seis veces al día. Esto es por lo que le invierten dinero a los medios de comunicación en propaganda.

En su intervención, el académico de la Universidad Iberoamericana, José Carreño, indicó que la absoluta falta de reglas afecta a la realidad mexicana, por la tradición clientelista en las relaciones de los informadores y las empresas de comunicación.

En función de este modelo de propaganda de los medios, abundó, las firmas informativas promueven tanto en este país como en Estados Unidos, las agendas y protegen los intereses de los actores con los que se vinculan. Aquí, se realiza esta actividad de una manera abierta.

José Carreño manifestó que no sólo en las instituciones y los actores públicos, particularmente los políticos en campaña, la mediación de la información difundida por los medios está explícitamente articulada con frecuencia a la propaganda en sentido estricto, a las pautas de la publicidad pagada con relación a la información en los espacios de comunicación.

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FOTO 1.

Roy Campos, Pedro Salazar, José Carreño y Raúl Trejo Delarbre, durante el segundo día de trabajos del Seminario Propaganda y Publicidad en Campañas Electorales, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.