Boletín UNAM-DGCS-351
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final del boletín
PARA QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SEA DEMOCRÁTICA REQUIERE TRANSPARENCIA
- Ricardo Uvalle Berrones, de la
FCPyS de la UNAM, dijo que esta organización estatal, criticada por
insensible y tecnocrática, vive una gran transformación institucional
- Además, siendo un poder social
importante, reconoció, tiene límites, atribuciones y un conjunto de normas
que orientan, autorizan y regulan su comportamiento y desarrollo
La transparencia, rendición de cuentas y servicio
de carrera son las bases fundamentales para calificar a la administración
pública como democrática, aseguró Ricardo Uvalle Berrones, académico de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM.
Explicó que esta organización estatal,
criticada por insensible, a veces por tecnocrática, es objeto de una gran
transformación institucional; es decir, se le está dando cauce a las tendencias
participativas, en un mundo que cada vez exige mayor presencia y eficacia por
parte de las autoridades y de los funcionarios del Estado.
Al dictar la conferencia “La democratización de
la administración pública”, efectuada en la sala “Isabel y Ricardo Pozas” de la
FCPyS, subrayó que la propia administración no puede quedar exenta de estas
nuevas reglas que, sin duda, le favorecen, “para que no sea considerada como un
botín de pocos o una casa de cínicos”.
Consideró que su variante moderna tiene tres
grandes puntos que explican su operación: los valores, las reglas y las
instituciones. “Si la calificamos de democrática, no se puede desligar de
ellos, porque la acompañan permanentemente en su funcionamiento”.
La administración pública, siendo un poder
social importante, tiene límites, atribuciones y un conjunto de normas que
orientan, autorizan y regulan su comportamiento y desarrollo. Ésta, además, en
sí misma produce valores, reglas y ella misma mantiene su responsabilidad,
afirmó.
Dijo que al ubicar este concepto en la vida
moderna, donde hay un conjunto de prerrogativas, libertades, derechos y logros,
sobre todo de carácter público y comunitario, es necesario establecer que no se
puede entender distante de la sociedad civil, del Estado de derecho ni de la
democracia política.
Hay una relación puntual entre administración
pública y democracia, necesaria porque ambas forman parte de un orden
establecido, de un poder constituido y son elementos indispensables para
caracterizar el modo como funciona la vida pública, en este caso en la etapa de
modernidad o modernización, indicó.
Ese nexo también es independiente, “la
democracia requiere de la administración pública, y ésta necesita ser orientada
e influida por la vida democrática. Además, el vínculo entre ambas es un
elemento funcional”.
Lo importante de las instituciones en este
régimen –refirió el catedrático- “no sólo es crearlas, definir su diseño o
rediseño, sino que funcionen, y la administración es el gran marco de
referencia o de orientación para identificar la actividad y las operaciones de
la administración pública”.
Por su parte, el orden gubernamental tiene a su
cargo la obligación de traducir en hechos y en elementos reales aquello que se
postula como valores, principios y proclamas que nacen de los planteamientos y
alcances de carácter participativo, argumentó.
Quizá la labor de convivencia más complicada y
más tensa entre ambas figuras, reconoció, son los tipos de instituciones que
definen un modo de desarrollo, de intervención, de discusión y de interlocución
en la sociedad civil.
Al hablar de transparencia, Uvalle Berrones
explicó que ésta implica un ejercicio de consulta de información pública
gubernamental, que se localiza, registra y guarda en el ámbito del Estado.
Costa Rica la adoptó en 1949, España en 1978, Guatemala en 1985, Haití en 1987,
todos ellos pioneros en esta práctica. En los 90, países como Bélgica,
Bielorrusia, Eslovaquia y México la incorporaron.
El gobierno también es una institución que debe
ser objeto de reglas. La rendición de cuentas permite situar cómo los Estados
son gobernados; es decir, los ciudadanos tienen el derecho de exigir
responsabilidad y resultados a las autoridades responsables, entre otras, de
conducir las entidades administrativas.
Esta práctica significa diluir situaciones de
impunidad, complicidad e ineficiencia. Cuando el poder no tiene vigilancia ni
contrapesos, estas acciones, que son verdaderos males públicos, aumentan y se
multiplican. Además, busca evitar la omisión, el tortuguismo y la lentitud en
los trámites y en el funcionamiento de las políticas públicas, agregó.
Mencionó que el servicio de carrera es un
conjunto de reglas, derechos, obligaciones, incentivos y restricciones que
deben cumplirse para tener la opción de ingresar, permanecer y retirarse de
modo satisfactorio, cuando así proceda, del ejercicio de la función pública.
Las administraciones públicas sin servicio de
carrera funcionan con base en el amiguismo, los vínculos familiares y
relaciones de tipo clientelar; con favoritismo, privilegios y donde no
necesariamente el más competente ingresa a laborar. Por ello, busca definir
reglas aplicables para todo interesado en iniciar una trayectoria como servidor
público, concluyó.
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FOTO 01.
Ricardo Uvalle Berrones, académico de la FCPyS de la
UNAM, aseveró que la transparencia, rendición de cuentas y servicio de carrera
son bases para una administración pública democrática.
FOTO 02
Alumnos de la FCPyS de la UNAM atendieron la
conferencia “La democratización de la administración pública”, dictada en la
sala “Isabel y Ricardo Pozas” de esa entidad.