Boletín UNAM-DGCS-216
Ciudad Universitaria
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final del boletín
ALERTAN SOBRE RIESGOS POR ABORTOS PRECARIOS
La mayor parte de los abortos
practicados en México son precarios y ponen en riesgo la vida y salud de las
mujeres. Esto en gran medida se debe a las condiciones de clandestinidad
originada por las leyes, explicó la coordinadora del Centro de Estudios de la
Mujer de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la UNAM, Julia Chávez
Carapia.
La socióloga universitaria
agregó que, de acuerdo con las organizaciones Mundial de la Salud (OMS) y
Panamericana de la Salud (OPS), por cada siete nacimientos se práctica una
interrupción insegura del embarazo en el mundo. Incluso, resaltó, es la primera
causa de muerte materna en América Latina.
Refirió que, de acuerdo con
estos organismos internacionales, de cada tres decesos por parto uno es por
aborto no adecuado. En nuestro país, sin embargo, estos datos deben tomarse con
reserva porque no se cuenta con estadísticas precisas.
Chávez Carapia expuso que, a
partir de información del Instituto Nacional de Estadística Geografía e
Informática (INEGI), esta práctica en nuestro territorio representa la cuarta
causa de mortandad femenina; no obstante, esta cifra podría no ser real toda
vez que se interviene soterradamente, acotó.
Por lo general, a los
fallecimientos por esta causa se les da otro diagnóstico, porque es un delito y
no sólo se persigue a la involucrada, sino a quienes estuvieron alrededor de
esa situación, expresó.
Por estar permitida sólo en
determinadas circunstancias, nuestro país forma parte de las naciones con
legislación restrictiva en la materia. Esta situación va en contra de la
tendencia mundial que, desde hace varias décadas, apunta hacia su
liberalización, comentó.
“El aborto es una práctica
realizada desde hace mucho tiempo en el mundo; incluso hay Estados en donde no
es un delito, sino un ejercicio común en los sistemas hospitalarios, con todos
los requisitos que implica una situación de esta naturaleza”. Esto se busca en
México, para que no sea ilegal, explicó Chávez Carapia, quien también forma
parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Recordó que interrumpir el
embarazo constituye un complejo problema de salud pública y justicia social;
por ello, adecuar las disposiciones relativas sería una medida exitosa para
enfrentar las consecuencias generadas por la inseguridad médica.
La profesora de la ENTS aclaró: “No estamos a favor del aborto, sino por una educación sexual que impida llegar a esta opción. Sin embargo, cuando ya hay una situación donde no hay otra opción y la mujer decide llevarlo a cabo, debe respetarse ese derecho. Claro, sería el caso extremo”.
Es decir, añadió, debe legalizarse para evitar condiciones insalubres que pongan en riesgo la vida de las madres, además de fomentar en ellas la facultad de decidir sobre su cuerpo. Es una situación de equidad social y ofrece integridad como ser humano.
La mujer, insistió la socióloga, debe tener la capacidad social, ética, moral y jurídica de elegir por sí misma y romper los esquemas patriarcales existentes en nuestra sociedad. En este marco es como se ubica esta problemática.
“Se busca el establecimiento
de elementos que permitan que si, en un momento dado, hay que abortar, sea con
todas las bondades jurídicas y de salud pública; además, debe tener el derecho
y responsabilidad sobre su persona”, concluyó.
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PIES DE FOTO
FOTO 01
El aborto
constituye un problema complejo de salud pública y justicia social, señaló
Julia Chávez Carapia, de la ENTS de la UNAM.
FOTO 02.
La coordinadora
del Centro de Estudios de la Mujer, Julia Chávez Carapia, explicó que de
acuerdo con la OMS y la OPS de cada tres muertes maternas una es por aborto
inseguro.