Boletín UNAM-DGCS-101
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final del boletín
DEBE IMPLANTARSE
EN MÉXICO UNA POLÍTICA DE ESTADO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
·
Armando Labra, de la UNAM, y Jorge Luis
Ibarra, de la ANUIES, participaron en el Segundo Encuentro de Auto-estudio de
las Universidades Públicas Mexicanas
·
Coincidieron en que hay inercias y
estancamiento en las políticas de financiamiento
Resulta ya inviable y
altamente pernicioso continuar en México con una tendencia inercial de
estancamiento del gasto público en educación superior, ciencia y tecnología,
por lo que es necesario rejerarquizar políticamente estos ámbitos y definir una
estrategia de Estado en la materia, afirmaron en la UNAM especialistas reunidos
en el Segundo Encuentro de Auto-estudio de las Universidades Públicas
Mexicanas.
Al participar en el evento
organizado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y
Humanidades, Armando Labra Manjarrez, secretario Técnico del Consejo de
Planeación de esta casa de estudios, señaló que las tendencias recientes del
financiamiento público a la educación superior tienen como signo dominante la
inmovilidad y el freno, en franco abandono de los compromisos políticos y legislativos del Estado Mexicano.
En la Torre II de Humanidades,
expresó que el agravamiento de los rezagos y desequilibrios en esta materia
evidencian, desde la década de los años noventa, una profunda crisis del modelo
de gestión y presupuestario, que de prolongarse representaría un retroceso, y
darle continuidad significaría involucionar.
Frente a ello, Labra Manjarrez propuso que se eleve en la
Constitución, el status que tiene la educación en general y la superior en lo
particular, definiéndola como una derecho social exigible, haciendo obligatorias
e irrenunciables para el Estado mexicano las disposiciones aprobadas por el
Poder Legislativo, incluyendo la ciencia y la tecnología.
Expuso que existe un
estancamiento de los recursos aplicados
a la educación superior, a pesar de que hay una serie de mandatos
constitucionales que responsabilizan históricamente al gobierno federal a
asignar suficiente presupuesto para que la formación se lleve en términos de
plenitud.
Desde finales de la década de
los años setenta, aseveró, las estrategias de financiamiento para estos tres
campos, seguidas en México, han sido determinadas por la llamada crisis fiscal
del Estado y las directrices para el manejo de la deuda interna y externa,
dentro de una ideología neoliberal aplicada de manera dogmática.
Así, insistió durante la mesa
de diálogo: “Financiamiento de las universidades públicas mexicanas:
¿compromiso estatal o comercialización de servicios educativos?”, la
inexistencia de un programa financiero a largo plazo de la educación superior y
la ausencia de un modelo de Estado articulada por la Constitución, ha
prolongado la situación inercial.
Por su parte, el secretario
general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES), Jorge Luis Ibarra Mendívil, reiteró que el tema
del financiamiento aún no está resuelto, por lo que es necesario definir una
política de Estado sostenida en la materia, con el propósito de llegar al uno
por ciento del Producto Interno Bruto como gasto federal y un 0.5 por ciento
como inversión estatal.
Debe haber, dijo, una
disposición real, nacional, consistente y sostenida que otorgue certidumbre al
sistema de educación superior, donde las organizaciones representativas de las
universidades, el gobierno y la propia Cámara de Diputados, puedan trabajar con
criterios de anticipación, que contemplen un horizonte de largo plazo.
Ibarra Mendívil destacó que
aunque este año se espera una recuperación frente a las caídas del subsidio
federal en 2003 y 2004, se está lejos todavía de llegar al uno por ciento para
el próximo año, “lo cual es una meta inalcanzable”.
Coincidió en que la
presupuestación de las universidades públicas es de carácter inicial, mientras
permanecen inequidades y disparidades en los recursos otorgados a las
diferentes instituciones ubicadas en el país.
Ejemplificó que poco más de la
tercera parte de ese subsidio son aportaciones
estatales con grandes variaciones, que van desde el 50 por ciento o más
en el caso de siete entidades, hasta
menos del 15 por ciento en ocho instituciones.
A su vez, Blanca Margarita
Noriega Chávez, de la Universidad Pedagógica Nacional, sostuvo que en las
políticas de financiamiento no se han valorado suficientemente los costos-
beneficio de las políticas restrictivas y de exclusión social, por un lado, y
por el otro, de las medidas que sólo promueven el imaginario de la sociedad
mercantilista.
Hasta ahora, añadió, no se han
estudiado los efectos por los males que se han generado con las medidas
neoliberales. Sería interesante pensar desde el sistema educativo una
estrategia que contrarrestase los efectos polarizantes de la economía del
mercado, pero que también promueva valores sociales y colectivos más sanos. De
otra manera, el llamado “bono de juventud” que tiene el país se seguirá
desperdiciando.
Nuestros jóvenes, excluidos
del sistema educativo, encuentran como únicas formas de inserción en la
sociedad la economía informal, migración y actividades ilícitas. “Esas son las
repercusiones de las líneas restrictivas y de un modelo financiero que hace
apología del dinero y del individualismo”.
Noriega Chávez aseveró que las
disposiciones presupuestarias son instrumentos de acción, en los que si bien no
aparecen de manera nítida las nociones e ideas en debate sobre la educación, se
entrelazan y mezclan en función de intereses particulares y respuestas
coyunturales; son directrices desde donde se pueden identificar y analizar
tendencias.
Aclaró que las políticas hacia
las universidades deben partir de un reconocimiento de que estamos ante un
modelo social centrado en el comercio, que no se plantea de manera prioritaria
reducir los problemas sociales, sino los que pudieran frenar o entorpecer la
circulación de mercancías, entre ellas la educación.
Para el investigador del
Centro de Estudios sobre la Universidad, Roberto Rodríguez Gómez, todavía
persisten muchos vacíos legales en materia de recursos públicos para la
educación superior, y están a la espera de una ley general en la materia. Por
ello, “uno de los problemas de mayor relevancia del presente y del futuro
inmediato para la universidad mexicana es el financiamiento”.
Informó que en el actual
sexenio, el sistema educativo nacional ha tenido incrementos en sus montos por
encima de la inflación. Gracias al cabildeo y una buena negociación,
instituciones como la UNAM han tenido aumentos por encima de los índices de
carestía en su subsidio.
Sin embargo, aún persisten
diversos problemas en este rubro como ausencia de reglas estables, en la
importancia de regularizar o patrimonializar las posibilidades de
financiamiento. Por ello, Rodríguez Gómez propuso crear una ley de educación
superior y un modelo de dotación de recursos integral; es decir, una política
de Estado en la materia, en la que se coloque en el centro a la autonomía y a
la libertad de cátedra e investigación, concluyó.
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Foto 1
Armando Labra y Jorge Luis Ibarra
participaron en el Segundo Encuentro de Auto-estudio de las Universidades
Públicas Mexicanas, celebrado en la UNAM.
Foto 2
En la Torre II de Humanidades de la UNAM se realizó el Segundo Encuentro de Auto-estudio de las Universidades Públicas Mexicanas. Ahí, Roberto Rodríguez Gómez, dictó una conferencia sobre financiamiento.