Boletín UNAM-DGCS-786
Ciudad Universitaria
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final del boletín
PENDIENTE, LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA: DAVID IBARRA MUÑOZ
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Sigue diseñándose en cenáculos excluyentes, con
directrices inmutables, a pesar de la alternancia política, reveló el
catedrático de la Facultad de Economía y ex secretario de Hacienda y Crédito
Público
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Participó en el ciclo de conferencias
Derecho y economía. Cinco puntos de vista, organizado en la Facultad de Derecho
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Desde la década de 1980 tiene lugar un
proceso intenso de destrucción, sustitución, obsolescencia y reconstrucción de
instituciones, que afecta y pone en jaque a la sociedad, consideró
En México son notables los
avances de la modernización del Estado, con una salvedad importante: la
democratización de la política económica, que sigue diseñándose en cenáculos
excluyentes, con directrices inmutables, aunque haya alternancia política,
afirmó David Ibarra Muñoz.
El ex secretario de Hacienda
y Crédito Público añadió que en nuestro país no existen órganos de mediación en
los cuales los empresarios, trabajadores y gobierno debatan, acuerden y se
comprometan con las directrices socioeconómicas, facilitando la formación
expedita de consensos en las cámaras legislativas y el fortalecimiento real de
éstas, en un sistema de contrapesos que equilibre a las fuerzas productivas.
Dicho sistema existe en la
mayor parte de los países europeos. “Es funcional y permite comprometer a
todos, trabajadores, gobierno y empresarios, en la política financiera, es
decir, los hace corresponsables de la misma”, añadió el catedrático de la
Facultad de Economía (FE) de la UNAM.
En el ciclo de conferencias
Derecho y economía. Cinco puntos de vista, efectuada en el aula magna “Jacinto
Pallares” de la Facultad de Derecho, dijo que el presidencialismo se desvanece
ante la hondura de las transformaciones políticas y económicas.
Además, refirió, éstas últimas
no cobran fuerza compensatoria por la avalancha de cambios jurídicos,
monetarios y de poder que nos abruman. Desde la década de 1980 tiene lugar un
proceso intenso de destrucción, sustitución, obsolescencia y reconstrucción de
instituciones, que afecta y pone en jaque a la sociedad.
Los organismos, el orden
jurídico de antes, dejan de funcionar mientras las entidades de reemplazo sólo
cubren parte de los ámbitos de la vida social y encuentran campos minados en la
inercia de las costumbres e intereses insertos desde hace años en la conducta
de los ciudadanos, abundó el académico.
“Las mudanzas
jurídico-institucionales no sólo trastocan las reglas del juego económico sino
que alteran la distribución de las corrientes de ingreso y los impulsos
económicos”. Se ha producido una enorme pobreza y al mismo tiempo el enriquecimiento
de unas cuantas familias. De hecho, aseveró, México es uno de los países donde
la concentración del ingreso es escandalosamente alta, por lo que las
asimetrías distributivas deben aliviarse.
Ibarra Muñoz señaló que la
avalancha de las reformas a las leyes es impresionante en número y profundidad.
Entre 1982 y 2003, la Constitución ha debido incorporar casi 200 modificaciones
que se multiplican cuando se cuantifican las alteraciones, supresiones y
adiciones a ordenamientos secundarios, a veces contrarios al espíritu y letra
originales.
En los hechos, casi sin
percibirlo, tenemos una nueva Carta Magna luego de cambiar el 50 por ciento de
su contenido, y de alterar directa o indirectamente la intención del Constituyente
o normas no escritas pero insertas en los usos y costumbres sociales.
Hasta 1920, recordó, no se
registraron reformas a la Carta Magna. De ese año y hasta 1970 se modificaron
2.5 artículos por año; y entre 1970 y 1982, se registraron 10 cambios. Después
con la caída del presidencialismo se fueron reduciendo las reformas propuestas
por el Ejecutivo.
“En poco más de dos décadas el país ha quedado abrumado
por la fiebre de variaciones legislativas e institucionales que todavía no
concluyen. Además, ponen de manifiesto las reformas de segunda y tercera
generación que impulsan los organismos financieros internacionales en los
países en desarrollo. Están pendientes los
afinamientos necesarios a la regulación jurídica interna” abundó.
En materia legislativa, el Poder Ejecutivo se ha
desdibujado. En el periodo 82-88, las reformas constitucionales propuestas por
él representaron el 80 por ciento, para descender al 60 entre 88 y 94, y a
menos del 44 por ciento entre 94 y 2000. “La cifra media se desploma enseguida
al rechazarse la mayor parte de las presentadas por el gobierno actual”.
Con escasas excepciones, el trabajo legislativo de las
últimas dos décadas ha dejado de lado el fortalecimiento o desarrollo de los
derechos colectivos, libertades positivas en tanto mecanismos de resguardo
ciudadano frente a los avatares económicos, y pobreza o ruptura de los vínculos
de integración comunitaria, consideró.
Eso ocurre cuando más se necesitan, cuando la población y
sus empresas quedan sujetas a la incertidumbre, competencia, contagios y
fluctuaciones de los mercados internacionales, cuando se torna obsoleto el
corporativismo protector de trabajadores y empresarios, explicó.
También siguen ausentes o acotadas el grueso de las
instituciones características de los países avanzados en materia social,
indicó. No aspiramos a tener su nivel
de vida, pero sí a la democratización de la política económica y a regímenes
mínimos de protección que ofrezcan derechos sociales como acceso universal a
los sistemas de salud, educación, entre otros.
Los problemas de asimetrías acumuladas exigen respuestas
en diversos frentes, dijo. “Valga reiterar que la combinación de democracia
formal y neoliberalismo no basta a los propósitos de unir sociedad y gobierno,
ni a los de consolidar el Estado de derecho”.
Urge llenar las ausencias en las reformas institucionales
y legislativas como ingrediente indispensable en la reconstrucción del pacto
social, y fortalecer los derechos positivos. Asimismo, el rescate de las
políticas publicas y de los principales órganos de mediación que sustituyan las
funciones de coordinación del presidencialismo, que va en retirada. Hay que
devolver al régimen jurídico la capacidad de ordenar y estabilizar la vida
social del país, finalizó.
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Foto 1
En México no existen órganos de mediación política
donde empresarios, trabajadores y gobierno debatan, acuerden y se comprometan
con políticas socioeconómicas, afirmó David Ibarra Muñoz, catedrático de la
Facultad de Economía de la UNAM.
Foto 2
David Ibarra Muñoz, académico de la Facultad de Economía de la UNAM y ex secretario de Hacienda y Crédito Público, participó en el ciclo de conferencias Derecho y economía. Cinco puntos de vista.