Boletín UNAM-DGCS-539
Ciudad Universitaria
 |
 |
 |
Pies de foto al
final del boletín
GENERA UN ALTO COSTO SOCIAL EL ABUSO A MENORES
·
Silvia Solís San Vicente, académica de la
ENTS, dijo que este delito no permite potenciar los futuros recursos humanos ni
la formación de una sociedad democrática e incluyente
·
En cambio, se genera inequidad, violencia e
injusticia social, advirtió
El abuso a los menores representa un alto costo para
la sociedad, pues no permite potenciar los futuros recursos humanos ni la
formación de una población democrática e incluyente. Además, genera inequidad,
violencia e injusticia social, advirtió la académica de la Escuela Nacional de
Trabajo Social (ENTS) de la UNAM, Silvia Solís San Vicente.
Precisó
que estos delitos forman sujetos violentos, con poca capacidad para manejar su
vida y, en muchos casos, incrementan los sectores fuera de la ley. Por ello,
consideró indispensable que esta problemática se atienda desde el seno
familiar.
En el 2002 el Programa de Prevención al Maltrato
Infantil del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF-PRENAM), recibió 23 mil 585 denuncias sobre maltrato infantil, de las que
pudo comprobar 13 mil 332; además de atender en todo el país a 22 mil 463
infantes.
En los menores amparados, cerca de una tercera parte
sufrió vejaciones físicas, casi una cuarta parte omisión de cuidados y una
quinta parte daño emocional. El abuso sexual registró el cuatro por ciento.
En este último caso, las familias escondieron esta
situación, porque en su mayoría los infractores fueron las parejas de las
madres o los propios padres. El porcentaje de los sucesos acreditados por
maltrato fue del 54 por ciento en 2001, y del 56 en 2002.
El
índice de feminidad de menores atendidas en el país es del 96 por ciento; casi
todas las afectadas son niñas. Las entidades federativas con mayor número de
casos son Tamaulipas, Tlaxcala, Quintana Roo, Michoacán, Aguascalientes y Baja
California Sur.
En
entrevista, la especialista en Planeación social subrayó que debido a que tanto
la mujer como los niños sufren maltrato masculino, consideró que los modelos de
atención hacia el sexo femenino deberían comprender los de prevención de abuso
contra menores. Para ello, se debe concientizar a los progenitores de los daños
físicos, mentales y sociales de esas prácticas.
La
académica de la ENTS dijo que en la mayoría de los acontecimientos, los padres
no pueden resolver sus problemas porque son personas inmaduras y no pueden
solucionar sus conflictos personales.
A
esto, advirtió, se suma el desconocimiento de las consecuencias de las
agresiones, tanto emocionales con amenazas y ofensas verbales, como físicas.
Por lo regular, estas familias no tienen adecuados canales de comunicación por
no saber hablar, se expresan con gritos, manoteos y acciones violentas.
Ante
esta situación, informó, los programas de prevención al menor deben incluir
tres ámbitos fundamentales: formar identidad, defender derechos y mantener un
margen de equidad, igualdad de oportunidades y de democracia; debe recalcarse
el papel de la familia, y su vinculación con los sistemas educativo, de salud y
social.
Solís
San Vicente informó que los tipos de abuso a los niños pueden ser físico,
emocional –el más frecuente–, abandono, omisión de cuidados, sexual,
negligencia y explotación sexual–comercial y laboral.
Detalló
que cuando se presenta el físico ya lleva una buena dosis del emocional. Cuando
crece este último, agregó, se pasa a los golpes. Después aumenta hasta provocar
verdaderos daños.
Mientras
las lesiones pueden ser sanadas, aseveró, el sufrimiento emotivo difícilmente
se resuelve. Así, el infante crece en un ambiente de violencia, de falta de
seguridad y socialización. Como resultado, alertó, será un adolescente
agresivo, inseguro, incapaz de atender a sus obligaciones y de respetar a sus
padres, vecinos o miembros de la comunidad, y de comportarse en la escuela.
Las
consecuencias se presentan de diversas formas: ejerce rudeza constante en todos
los lugares donde se desarrolla; se aísla y adquiere un carácter parecido al
autismo, es decir, cada vez se aleja más de la comunidad, no se relaciona con
facilidad con los demás, carece de amigos y no puede expresar sus sentimientos,
puntualizó.
La
académica universitaria expuso que los infantes con este tipo de daño
acostumbran justificar el proceder de sus progenitores. Por lo general no los
delatan, de manera que se les identifica con dificultad, hasta que requieren
hospitalización.
Estas
conductas lanzan a los niños a la calle a pronta edad o al ámbito laboral para
contribuir al ingreso familiar, núcleo que los rechaza por su bajo rendimiento
en el colegio. Con esa actitud, abandonan los estudios o asisten sólo para
molestar.
Después
de los padres, los primeros en darse cuenta de estos hechos son los profesores;
además de la familia y el sector salud. Los centros hospitalarios tienen
obligación de denunciar cualquier sospecha.
Argumentó
que casi siempre las agresiones sexuales las realiza un miembro de la familia o
un conocido; no los extraños. Los niños dejan de estar a la defensiva, pues sus
atacantes ya se ha relacionado con ellos y después los aterrorizan para que no
denuncien.
Por
tal motivo, los padres deben estar atentos, escucharlos y aprender a tener
momentos de reflexión, para detectar cualquier anomalía que no exteriorice por
miedo.
Solís
San Vicente argumentó que las políticas de prevención hacia el infante deben
ser parte de una estrategia familiar, que incluya aspectos educativos y de
salud física y mental, la formación para la democracia y el derecho a
expresarse y ser escuchados.
Consideró que se requiere de lineamientos integrales,
de creación y funcionamiento permanente en los planteles oficiales de nivel
básico de escuelas para padres. Con estas instancias se informaría sobre la
manera más adecuada de tratar y escuchar a los niños, así como de recabar datos
a través del juego, reforzar su confianza, enseñarlos a defenderse y a hacerse
respetar.
Incluso,
informó que el DIF –a través de la Dirección de Asistencia Jurídica– utiliza a
partir de mediados de los ochenta el sistema de pláticas esporádicas a los
padres en la educación básica.
La
especialista refirió que se busca formar una base de datos en el sector salud,
que sirva como referencia estadística sobre tipos de abuso y frecuencia en el
maltrato, así como difundir en los centros de atención de primer nivel las
consecuencias físicas y mentales.
También
incluir programas de atención para niños como divulgar sus derechos; insertar
en los planes de estudio información sobre violencia familiar; fomentar la
participación en los procesos cívicos y de democratización, que sirvan como
plataforma para formar una conciencia ciudadana; vincular los proyectos para
evitar que estas prácticas se instauren en la sociedad y su consecuencia
social, económica y política, finalizó.
-oOo-
FOTO 01
El abuso a los menores representa un alto costo para
la sociedad, pues no permite potenciar sus futuros recursos humanos, ni forma
una población democrática e incluyente, aseveró Silvia Solís San Vicente, de la
Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM.
FOTO 02
La investigadora Silvia Solís advirtió que el abuso a menores genera inequidad, violencia e injusticia social, además de convertir a los niños en sujetos violentos y con poca capacidad para manejar su vida.