Boletín UNAM-DGCS-413
Ciudad Universitaria
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CIRCUNSTANCIAS DE VULNERABILIDAD VIVEN MÁS DE SIETE MILLONES DE NIÑOS
MEXICANOS
·
Las acciones en el campo de la infancia son
insuficientes, porque es una tarea que desborda las acciones a su favor, afirmó
el director de la FCPyS, Fernando Pérez Correa
·
Se realizó el Primer Foro Nacional sobre la
Situación Actual y Perspectivas de los Derechos de la Infancia y la
Adolescencia en México
En México se registran
circunstancias de vulnerabilidad social
que afectan la condición real de los niños y adolescentes, como son la
explotación laboral y sexual, abuso, maltrato, abandono, desprotección
jurídica, vida en las calles, orfandad, violencia familiar y el SIDA, lo que
representa un desafío para la sociedad mexicana, coincidieron funcionarios,
académicos, legisladores y representantes de la sociedad civil.
Durante el Primer Foro
Nacional Situación Actual y Perspectivas de los Derechos de la Infancia y la
Adolescencia en México, realizado en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales (FCPyS) de la UNAM, los participantes señalaron que de los 40 millones
de menores de 18 años que habitan en el país, el Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) atiende a más de 7 millones,
identificados como parte de la población vulnerable.
Al inaugurar el Foro, en el
Auditorio “Flores Magón” de la FCPyS, el director de la entidad universitaria,
Fernando Pérez Correa, señaló que el tema de la infancia y de la adolescencia
es “colosal” y lo que pueda hacerse es insuficiente, pues se trata de una tarea
que desborda las acciones a su favor.
Por ello, convocó a todos los
sectores de la sociedad mexicana a unir esfuerzos para enfrentar este desafío,
aunque advirtió que existen debilidades muy graves, como la agudización de las
desigualdades tradicionales, además de los saldos injustificables en materia de
acceso a la seguridad económica y participación social.
A ello, dijo, se suma una
nueva agenda que se produce con motivo del gran estallamiento del movimiento
mundial por la diferenciación. “Sabemos que en la sociedad posmoderna las
mujeres, hombres, niños, grupos sociales están afirmando sus discrepancias y
derechos a la participación, así como el reconocimiento de su propia identidad
y al trato de sus más graves deficiencias”.
Sin embargo, advirtió, hay
otro reto que resulta de la afirmación de la soberanía mundial de los mercados,
donde hay actividades legales e
ilegales, y en el que los niños y adolescentes son un blanco vulnerable.
En su oportunidad, la
directora general del DIF, Ana Teresa Aranda Orozco, expresó que una de las
principales causas que limita el derecho de los niños y jóvenes para acceder a
una mejor calidad de vida, es su incorporación a la fuerza laboral. En el 2003,
precisó, este sistema atendió a 30 mil 564
menores trabajadores y a 48 mil 966 infantes y adolescentes en riesgo,
miembros de familias vulnerables.
Sin embargo, informó que de
acuerdo con un Segundo Estudio de Menores Trabajadores, realizado en el año 2002 por el DIF y la UNICEF, se ha reducido su número en un 17
por ciento en cinco años.
De acuerdo con los datos
recogidos en cien ciudades –donde quedó excluido el Distrito Federal- se revela
que hay un total de 94 mil 795 niños y adolescentes trabajadores en el sector
informal, lo que refleja su disminución en comparación con el Primer Estudio,
efectuado en 1997, en el que se contabilizaron un total de 114 mil 497.
De ese total, 35 por ciento
son niñas y el resto varones, tras señalar que en once ciudades existe una
concentración de más de dos mil menores en cada una de ellas, lo que representa
el 43.7 por ciento de esa población.
Con relación a las actividades
que realizan los infantes de entre 6 y 17 años, destaca que el 39 por ciento
trabaja como “cerillos” o empacadores en tiendas de autoservicio; el 31 se
dedica al comercio, principalmente ambulante y en vía pública, y el 17 por
ciento en actividades que pueden ser consideradas como servicios de ayuda y
mendicidad.
En promedio estos menores se
emplean 5.7 horas. El 98 por ciento
vive en casa, mientras que sólo el 1.4 lo hace en la calle y el resto en
albergues o en su centro laboral.
Asimismo, el 71.6 por ciento
asiste a la escuela, el 48 por ciento cursa la primaria, el 42 la
secundaria, y un 8 por ciento el bachillerato.
La funcionaria explicó
que el DIF recibió en el año 2003 y
atendió, por conducto de las procuradurías de la Defensa del Menor, la Mujer y
la Familia que operan en 25 estados del país, un total de 19 mil 842 denuncias
de maltrato, de las cuales en 12 mil 690 se pudo comprobar el hecho.
Añadió que otra forma terrible
de abuso es la explotación sexual comercial infantil, que es “un grave cáncer
que corrompe y aniquila a la niñez”. Para terminar con este asunto, dijo, el
DIF busca hacer sinergia con la sociedad, los medios de comunicación y las
familias.
Finalmente, refirió que el
problema de los niños y adolescentes en situación de calle es uno de los que
vulneran en mayor grado su integridad, pues son susceptibles de ser víctimas de problemáticas colaterales
como las adicciones, explotación sexual y laboral.
Al respecto, señaló que en el
2003 se invirtieron 21 millones de pesos
para beneficiar a 40 mil 101 menores, con la participación de
organizaciones de la sociedad civil y los sistemas municipales DIF.
En su oportunidad, Ricardo
Sepúlveda, secretario Técnico de la Comisión de Política Gubernamental en
Materia de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se refirió a los
propósitos del Programa Nacional de Derechos Humanos, el cual, dijo, debe ser
“trasexenal” para que no se pierda con el cambio de administraciones.
Expresó que el país enfrenta
el reto fundamental para establecer una política de Estado en la materia. Para
ello, indicó, ha sido necesario, primero, incorporar estos tópicos en la agenda
nacional, y segundo, crear los
mecanismos institucionales para generar las respectivas políticas públicas.
Por su parte, la diputada Adriana González Furlong
expresó que en el ámbito mundial uno de cada cuatro niños es objeto de algún
tipo de intromisión en su intimidad.
Subrayó que en México, no
obstante los avances legislativos, y en particular la Ley para la Protección de
los Derechos de las Niñas, Niños y
Jóvenes, aún falta mucho por avanzar, y por ello es urgente hacer de esta legislación un instrumento
capaz de articular a las diversas instituciones públicas que trabajan a favor
de la niñez, para garantizar y fortalecer los lineamientos integrales que
satisfagan sus necesidades.
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Foto 01
Ana Teresa Aranda,
Fernando Pérez Correa y Ricardo Sepúlveda, durante la inauguración en la UNAM
del Primer Foro Nacional Situación Actual y Perspectiva de los Derechos de la
Infancia y la Adolescencia en México.
Foto 02
Adriana González Furlong, Fernando Pérez Correa, Angela Villeda y Tayrin Saldívar, durante el Primer Foro Nacional Situación Actual y Perspectiva de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en México, efectuado en la FCPyS de la UNAM.