Boletín UNAM-DGCS-373
Ciudad Universitaria
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INDISPENSABLE, UN OMBUDSMAN DE LOS
MEDIOS ELECTRÓNICOS
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En México, es necesario revisar a fondo el
régimen de relación entre la política y los medios electrónicos, e impulsar una
reforma integral en materia mediática: Rolando Cordera
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Se realiza el segundo día de trabajos del
Seminario Ética, responsabilidad y medios electrónicos, que organizan la UNAM y
la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión
Para avanzar en la reforma del Estado mexicano en materia
de comunicación y construir una nueva política nacional en el área, se debe crear
la figura del ombudsman, el cual analice imparcialmente los conflictos de
intereses que se dan en ese terreno, así como en la acción y transformación de
la estructura informativa en el plano legislativo, político y académico.
Así se señaló durante la
realización de la mesa ¿Se requiere un ombudsman para los medios electrónicos
de comunicación?, en el marco del Seminario Ética, responsabilidad y medios
electrónicos, organizado por la UNAM y la Academia Nacional de Periodistas de
Radio y Televisión (ANPERT).
Al respecto, Ernesto
Villanueva, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consideró
que cada medio de comunicación electrónico mexicano debe tener un defensor de
la audiencia, ya que no basta con poseer un código de ética que no se cumple.
Esa norma se elabora por la voluntad de los integrantes
del medio, permisionarios y periodistas. Se trata, dijo, de reglas de obligado
cumplimiento, voluntariamente asumidas para mostrar su responsabilidad social
frente al público e, incluso, las relaciones internas.
Empero, si no va acompañado de un administrador, de un
defensor, de un ombudsman, “lo que se tiene en realidad es una figura
decorativa”, sostuvo el especialista.
Por esa razón es importante que la audiencia cuente con
un vigilante, le garantizará al público la posibilidad de verificar que el
nivel de compromiso del medio con la sociedad, y lo establecido en su código de
ética, transitan por un mismo sendero.
Mencionó que tenemos una gran
libertad de información y de expresión, pero también se requiere calidad y
responsabilidad frente a la ciudadanía. Ante tal panorama, los mecanismos de
autorregulación son herramientas de auto-contención que enriquecen el contenido
informativo, aumentan el derecho a saber y logran mejorar la credibilidad de
los medios electrónicos.
Por su parte, Feliciano Hernández Sánchez, académico de
la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón, explicó que el ombudsman
debe ser un representante, mediador, protector, mandatario del pueblo que
corrige los actos de gobernantes y de la justicia.
El también secretario técnico de la carrera de
Comunicación y periodismo, recordó que en México, en 1999, surgió un defensor
de lectores en algunos medios impresos, personaje con independencia y dotado de
autonomía, cuya función era hacer propuestas, aclarar y representar al
consumidor ante la redacción.
En tanto, señaló, los atributos de una figura de este
tipo en medios electrónicos se cifrarían en recibir las quejas de televidentes
y radioescuchas que hayan sido tratados injustamente; vigilar los trabajos
publicados de acuerdo con los códigos de ética; canalizar las observaciones de
la audiencia y tener un espacio al aire para estas aclaraciones, entre otras
funciones.
Los medios seguirán difundiendo en las distintas esferas
del conocimiento humano, pero deben tener responsabilidad social, finalizó
Hernández Sánchez.
En su oportunidad, Manuel Quijano Torres, jefe de la
División de Educación Continua y Vinculación de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales, opinó que es necesario un ombudsman para proteger y
defender a la audiencia con base en usos y costumbres en tiempo y lugares
específicos, lenguajes y acentos, que resguarde el “buen gusto”, la moral,
respeto y honorabilidad.
Sin embargo, el también comentarista de ABC Radio, abundó
que en una sociedad multi y pluricultural como la mexicana, la creación de esa
figura presenta varios problemas, por ejemplo, el gran número de estaciones de
radio y televisión que transmiten en todo el país.
Luego de mencionar la conveniencia de que, además, exista
un personaje para defender a los medios y a los periodistas, recordó que el
artículo 7º de la Constitución no está reglamentado y, en consecuencia, el
público no está protegido en relación con los medios electrónicos. Hasta ahora
no ha habido preocupación por acotar el poder de las grandes transnacionales
económicas.
El Estado vigilante de la “política formal”
Antes, el economista Rolando Cordera,
al dictar una conferencia magistral, expresó que en México es necesario revisar
a fondo el régimen de relación entre la política y los medios electrónicos, e
impulsar una reforma integral en materia mediática.
Consideró que los partidos
políticos se han convertido en uno de
los principales vehículos de transmisión de recursos públicos a empresas
privadas, a través de campañas electorales en los medios electrónicos.
Al respecto, precisó que
debemos defender a fondo el financiamiento público, pero no admitir que so
pretexto de éste y de la promoción de la democracia, cada tres años se
contribuya a que las corporaciones de comunicación masiva tengan mejores
estados financieros.
El profesor de la Facultad de
Economía de la UNAM, aseveró que si
pasamos a un régimen de financiamiento político, de lo público a lo privado, lo
que tendremos será diputados y senadores de empresas.
Desde su óptica, existe un problema real no resuelto en la relación
entre el dinero y la política, el cual llevó a los antiguos consejeros del
Instituto Federal Electoral a plantearse la necesidad de avanzar en el tema de
la fiscalización de los fondos públicos que se usan para las contiendas
electorales.
Frente a ello, indicó que sin
abordar con amplitud y franqueza el tema del dinero, el sistema político se
aproxima peligrosamente a una arena donde la disputa por el poder se va a ver teñida y sometida por los
intereses de hecho, que pueden ser legales, pero también criminales, que dan cuerpo a la sociedad económica
mexicana de hoy.
Aseveró que la práctica democrática aceptó con
sorprendente rapidez y facilidad el estilo americano de hacer elecciones y
comunicación de masas para fines electorales, por lo que hoy tiene que asumir
que ese estilo tiene límites y costos que un país como México no puede
afrontar, sin el riesgo inminente de caer en las versiones grotescas del espectáculo estadounidense
Por ello, opinó que sin
“amarres eficientes” en el poder
judicial y sin controles mínimos sobre
las decisiones que en la materia tomen
las empresas mediáticas, el despliegue del poder concentrado en la gran
corporación, no encontrará diques ni cauces coherentes con el propósito
original y primordial, que es la construcción de un orden democrático, que
dependa de la confianza y credibilidad
que pueda despertar entre los ciudadanos.
“O el Estado se hace cargo de
la organización y vigilancia de la política formal, de la enorme dificultad de
la relación entre dinero y política, y se las arregla para construir mecanismos
de fiscalización eficaces y métodos de juicio oportunos, o esta actividad se deslizará a la compra y venta de
protección, donde los involucrados se verán en el papel de intermediarios y
operadores del sistema económico”, advirtió.
La sociedad, añadió, se
quedará sin mediaciones ni recursos institucionales para poner coto a los
abusos que son inherentes al ejercicio del poder y el país entrará a una
fase de irrefrenable trasiego de montos públicos a manos privadas.
Por otro lado, expresó que
necesitamos leyes federales, e incluso pensar en revisar la Constitución misma,
para regular a los medios, que dé lugar a un sistema de comunicación social del
que México carece: “Hay que pensar en
una reforma integral en el sistema de medios, en la reivindicación de
que sean públicos y estatales y no privados.”
Señaló que en nuestro país ha
habido una serie de propuestas para establecer un Código de Ética y una Ley de
Medios, pero ésta última ha sido sistemáticamente rechazada por las empresas.
Se planteó también el papel de
sus trabajadores y se propuso un nuevo estatuto u ordenamiento que asegure sus
derechos, por el interés público de hacer posible la comunicación y la
transmisión.
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