14:00 hrs. Febrero 13 de 2004

 

Boletín UNAM-DGCS-114

Ciudad Universitaria

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EN TANTO SE CONSIDERE A LA CONSTITUCIÓN COMO UN TEXTO AJENO SERÁ INVIABLE PARA LA SOCIEDAD

 

·        Para Diego Valadés, director del IIJ, si se quiere reconstruir el valor cohesivo de esa norma, se debe dar a la sociedad confianza sobre quiénes la elaboran y en sus contenidos

·        Se debe hacer un esfuerzo por dotarla de nuevos significados, porque no puede quedarse con sus viejos ropajes: Hugo Concha, secretario académico del IIJ

·        En los últimos años se ha registrado una transición jurídica, ligada a la política: Héctor Fix-Fierro

 

Mientras se siga considerando a la Constitución como un texto ajeno que no garantiza la relación social armoniosa, se tendrá una carta magna adecuada para los abogados, pero inviable para la comunidad, afirmó Diego Valadés, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.

 

Durante la presentación de Cultura de la Constitución en México. Una encuesta nacional de actitudes, percepciones y valores, en el marco del Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados, advirtió que “si queremos reconstruir el valor cohesivo de la norma suprema, debemos darle a la población confianza en quiénes y cómo la elaboran y en sus contenidos”.

 

Al respecto, Hugo Concha, secretario académico del IIJ, expuso que se debe hacer un esfuerzo por dotar de nuevos significados a la carta magna: “No puede quedarse con sus viejos ropajes, en sus longevos espacios formales de límites, controles y principios que protegían a una población muy diferente a la que existe hoy”.

 

De ahí parte, agregó, la revitalización ampliada del constitucionalismo contemporáneo, con temas como el reconocimiento y protección de los derechos individuales y sociales.

 

En la presentación de los resultados del trabajo realizado por Julia Flores, Héctor Fix-Fierro y los propios Concha y Valadés, este último refirió que un elemento central de toda sociedad es la confianza que, sin embargo, en México “está vulnerada”. Mencionó que el estudio, primera investigación empírica sobre el tema, es importante, sobre todo en esta etapa de deliberación para dar un nuevo modelo al sistema constitucional.

 

La encuesta, levantada en enero de 2003 en 143 municipios de 29 entidades federativas, consistió en aplicar mil 800 entrevistas a personas de 15 años o más.

 

En ella, 55 por ciento declaró no confiar en las demás personas. La cifra desciende al 15 por ciento cuando se trata de sujetos con bajo nivel educativo. Si se considera que la mitad de los mexicanos vive en condiciones de pobreza o pobreza extrema y que eso condiciona su acceso a la escuela, “quiere decir que tienen desconfianza no sólo en las instituciones sino en sus vecinos”.

 

En el estudio, las organizaciones mejor calificadas fueron las universidades públicas con 8 de 10 puntos, y decrece hasta llegar a la policía, con 4.48. Los tribunales obtuvieron 6.33.

 

A su vez, Julia Flores, coordinadora de la Unidad de Opinión Pública en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, explicó que este ejercicio recoge perspectivas y aportes de distintas disciplinas como derecho, ciencia política, sociología, demografía y sociología de la cultura. Por ello se utilizaron distintas metodologías.

 

Con un nivel de confianza de 95 por ciento, contiene más de 77 preguntas relativas a la Constitución y a cuestiones de cultura, opinión, valores, credibilidad y confianza en las instituciones y percepción de su desempeño.

 

Al mostrar algunos de los resultados del estudio refirió que poco más de 7 de cada 10 mexicanos dice conocerla poco y 23.3 por ciento no la conoce en absoluto. Sólo 3 por ciento afirmó que la conoce mucho. Asimismo, 45.7 por ciento piensa que es adecuada respecto a los problemas que enfrenta el país; y para 4 de cada 10 ya no responde a las necesidades actuales.

 

Según 43.3 por ciento es preferible dejar la Constitución sin reformas y otro 41.1 considera necesario cambiarla, abundó Flores. Para 8 de cada 10 encuestados la norma suprema se cumple muy poco o nada y, para la mayoría, los políticos son quienes más la violan.

 

En tanto, Hugo Concha afirmó que la transformación política y económica del país en los últimos años apunta a una necesaria transformación en los significados del derecho, en la manera en que se entiende, se investiga, se estudia y se debe enseñar.

 

Los resultados en torno al conocimiento y entendimiento de la ley fundamental no son alentadores. Más del 90 por ciento de los encuestados no la conoce cabalmente. “En un contexto de altos niveles de marginación socioeconómica ¿qué podemos esperar de nuestra norma suprema, la que aspira a organizar y regular las relaciones entre el Estado y la sociedad?”

 

Llama la atención, dijo, que con los bajos niveles de conocimiento, los entrevistados afirmen gozar de sus derechos y conocer el medio para su defensa, aunque 70 por ciento no supo con precisión en que consiste el juicio de amparo.

 

Así, se revelan niveles considerables de ignorancia y de desconocimiento sobre el funcionamiento institucional, así como datos alarmantes a favor de la violencia en preguntas específicas sobre tortura, pena de muerte y violencia contra las mujeres. También muestra índices delicados respecto de la tolerancia, falta de confianza en las instituciones y desprotección ante el abuso de autoridad.

El estudio, añadió, no sólo enseña nuevos modos para entender la Constitución, sino que apunta a posibles formas de avanzar hacia una nueva relación de la sociedad con el derecho. Hay que acercar las normas y las instituciones a la población. El Estado de derecho no se entiende ni se practica a cabalidad. La única posibilidad de lograrlo es fomentando la cultura jurídica.

 

Héctor Fix-Fierro, del IIJ, expuso que en los últimos años ha habido un cambio extraordinario de normas, instituciones y procedimientos; se trata de una “transición jurídica” ligada a la política, necesaria para que la democracia pueda funcionar.

 

Sin embargo, las leyes no penetran en la sociedad. Hay áreas en donde no ha sido claro, como en la educación jurídica. “En México la carrera de derecho es la más cursada, con 200 mil estudiantes, según la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Empero, se estudia como hace 50 años”.

 

Otro desfase, abundó, se presenta en la cultura jurídica, o sea, en las ideas o percepciones de la gente respecto de lo que pasa a su alrededor. Por ejemplo, no se reconoce la eficacia institucional.

 

A diferencia del pasado, en la actualidad sí interesa la opinión de la sociedad, para saber si caminamos, estamos detenidos o vamos para atrás, concluyó.

 

 

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PIES FOTO

 

Foto 1

Hugo Concha, secretario académico del IIJ de la UNAM, expuso que se debe dotar de nuevos significados a la Carta Magna de México.

 

Foto 2

Héctor Fix–Fierro participó en Cultura de la Constitución en México. Una encuesta nacional de actitudes, percepciones y valores, donde se hizo un ejercicio de conocimientos jurídicos entre la población.

 

Foto 3

Julia Flores, del IIS de la UNAM, explicó que la encuesta sobre tópicos de la Constitución recoge perspectivas y aportes de distintas disciplinas como el derecho, sociología y demografía.

 

Foto 4

Aspecto del Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados. Está al micrófono Diego Valadés, director del IIJ de la UNAM.