Boletín UNAM-DGCS-882
Ciudad Universitaria
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Pies de foto al final del boletín
LA INTERNET NO PUEDE ESTAR AL MARGEN DE LA LEY
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Miguel Ángel Davara Rodríguez, de la
Universidad Pontificia Comillas de Madrid, dijo que si así lo fuera,
significaría un fracaso de la ciencia legal
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Participó en el Congreso Internet.2003,
organizado por la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
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Los países de la Unión Europea no consienten
que información relativa a sus ciudadanos viaje a naciones donde no exista un
nivel de protección similar al suyo
Internet no puede ser, en absoluto, un territorio ajeno
al Derecho, al contrario, debe intervenir para regular a la red en los límites
que ella misma se ha definido como propiciatoria de convivencias, afirmó Miguel
Ángel Davara Rodríguez, director del Instituto de Informática Jurídica de la
Universidad Pontificia Comillas de Madrid, España.
Durante su participación en el
Congreso Internet.2003, organizado por la Dirección General de Servicios de
Cómputo Académico (DGSCA), expuso que la Web es un fenómeno irreversible, pero
no puede ni debe ser un área sin ley, porque si así lo fuera significaría un
fracaso de la ciencia legal, que no puede ir detrás de esa herramienta
electrónica, no sólo de comunicación, sino de utilización de datos y establecimiento
de relaciones.
Al hablar de Privacidad y
protección de datos personales en Internet, en una videoconferencia transmitida
desde Madrid, expuso que en este rubro “estamos necesitados de códigos de
conducta, éticos, de buena práctica profesional”. La tecnología es importante y
necesaria, pero tiene un precio, y no debemos estar dispuestos a pagarlo al
grado de poner en juego la libertad o la dignidad humanas.
Pero, ¿qué se entiende por privacidad? En el ámbito
comunitario europeo, refirió el especialista, es el perfil que se puede obtener
de una persona con el tratamiento automatizado de sus características. “Va más
allá de la intimidad; es un derecho fundamental más profundo y autónomo, por lo
que debe ser interpretado restrictivamente y siempre a favor del ciudadano”.
En el auditorio del Instituto de Investigaciones
Filológicas aclaró que la “protección de datos” puede ser una expresión que, en
la práctica, no tiene ningún contenido. La información no necesita defensa
alguna; quien la requiere es la persona titular del mismo, ante los efectos que
puede tener el tratamiento automatizado que se le dé a esos registros. Al
respecto, la gente debe tener seguridad mediante leyes de alto nivel,
desarrolladas a partir de principios constitucionales.
Pero, debido a la red y a la globalización, los datos
pueden viajar libremente, sin fronteras. Entonces, ¿de qué sirve elevar a la
calidad de derechos fundamentales la protección de los mismos en los
territorios que sea? Para que funcionen, en especial cuando se trata de
Internet, deben tenerse en cuenta ciertos principios de salvaguarda.
Ellos son, abundó Davara, el consentimiento, el
conocimiento y la calidad. Es decir, el ciudadano debe decidir cuándo, dónde,
cómo y por qué se presentan sus referencias en el exterior. Además de ser
informado de ello, debe tratarse de elementos actualizados, exactos, adecuados
y pertinentes de acuerdo con la finalidad para la que son tratados. Aunque
podría haber excepciones como puede ser el interés público, de los Estados,
cuestiones fiscales o investigación de delitos.
Esos principios deben marcar todas las normas y, en
particular, aquellas que regulen la utilización de los de carácter personal en
el ámbito de la red, insistió el experto español.
Pero eso no es todo. Se requiere, además, el respeto de
una serie de garantías que permitan al ciudadano “dar contenido” a los
preceptos. Entre ellos están los de información, rectificación y oposición.
Ambos, principios y derechos, deben tomarse en cuenta en
las tres fases en las que se estructura el procesamiento de datos por Internet:
cuando se recaban, cuando se “tratan” y cuando se hace uso de los resultados o
se ceden a un tercero, siempre con conocimiento del titular.
Miguel Ángel Davara explicó que los países de la Unión
Europea (UE) no consienten que información relativa a sus ciudadanos viaje a
naciones donde no exista un nivel de protección similar al suyo. Estados
Unidos, por ejemplo, no posee una ley de protección al respecto.
Debido a que ese factor
implicó dificultades de orden económico y mercantil, en el año 2000 se firmó un
convenio de “Puerto Seguro”, por el cual la Unión Americana se comprometió a
que las empresas que fueran a procesar esa información cumplieran los
principios y obligaciones reconocidos en las leyes y ordenamientos jurídicos de
los integrantes de la UE.
De hecho, mencionó, los únicos países con nivel similar
de protección, reconocidos por esa comunidad de naciones son Suiza, Hungría,
Canadá y, recientemente, Argentina.
En la sociedad de la información y del conocimiento, y
ante tal panorama, dijo, las recomendaciones “se basan en la jurisdicción y
competencia”.
Hay que considerar varias cuestiones en el tratamiento de
datos personales a través de la Internet, como realizarse desde una uniformidad
en el marco de las leyes. “Es necesario que en países con entornos cercanos o
similares, como los iberoamericanos, existan protocolos estructurados de
similitud en el comportamiento de los ciudadanos, empresas y poderes públicos”.
Asimismo, la tecnología requiere una normalización técnica neutra.
En la protección de estos
registros también inciden las telecomunicaciones. Éstas son, finalizó, sin duda
sinónimo de desarrollo y progreso. Pero también pueden ser utilizadas como
elementos de control y presión social. No es posible permitir eso; por el
contrario, hay que asegurar que sean elementos de libertad.
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FOTO 02
Aspecto de la
videoconferencia Privacidad y protección de datos personales en Internet,
realizada durante el Congreso Internet.2003. En ella participaron Alejandro
Pisanty, director de la DGSCA, y Miguel Ángel Davara, de la Universidad de
Comillas, España
FOTO 04
Miguel Ángel
Davara Rodríguez, director del Instituto de Informática Jurídica de la
Universidad Pontificia Comillas de Madrid, España, advirtió en videoconferencia
que Internet no puede ser un territorio ajeno al Derecho