Boletín UNAM-DGCS-741
Ciudad Universitaria
Pies de fotos al
final del boletín
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Especialmente debe lucharse contra la
impunidad, pues las leyes, en particular, siguen siendo fuente de disparidades
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La reducción de la inequidad depende de las
transformaciones sociales que se logren
Urge reformar las instituciones jurídicas
y económicas para establecer los mismos derechos, obligaciones y oportunidades
a mujeres y hombres, aseveró María Elena Jarquín Sánchez, del Centro de
Investigación Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.
Especialmente, recalcó, debe lucharse
contra la impunidad. Las leyes siguen siendo fuente de desigualdades. Por ello,
se requieren transformaciones en los preceptos jurídicos sobre la familia, la
protección contra la violencia, el acceso a los derechos de propiedad, el
trabajo remunerado y los derechos políticos.
El desarrollo económico
debería incrementar los incentivos para alcanzar mayor igualdad en la
participación de los recursos, pues los ingresos más altos y los niveles de
pobreza más bajos tienden a reducir las desigualdades en educación, sanidad y
nutrición.
Mayor productividad y nuevas
oportunidades laborables, agregó, reducen las desigualdades de género en el
empleo; y las inversiones en agua potable, energía e infraestructura del
transporte ayudan a reducir las disparidades en el empleo.
Se necesita, además, que el
Estado establezca equilibrio y redistribuya la riqueza, porque hasta ahora el
que se haya alejado de rol como proveedor de bienestar ha obligado a las
mujeres a retomar su papel en la atención de la salud, en proporcionar cuidados
a ancianos, niños, enfermos crónicos y terminales, entre otras.
¿Cuánto tiempo necesitamos para cambiar
la inequidad? Depende de las transformaciones sociales que se logren, aseguró
Jarquín Sánchez durante la videoconferencia El futuro de las mujeres en México,
la segunda del ciclo En búsqueda de la equidad entre mujeres y hombres,
organizado por la Casa de las Humanidades y el Programa Universitario de
Estudios de Género.
Es necesario reconocer que las
diferencias por razones de género todavía existen y trabajar “para eliminar
todas las formas de exclusión, discriminación, inferiorización, marginación,
explotación en las cuales se entrelazan y construyen las relaciones de poder”.
La inequidad, por una parte, perjudica a
las mujeres y niñas y limita su capacidad para participar en el desarrollo y
beneficiarse de él; por otra, dificulta el desarrollo: las desigualdades en
derechos básicos –educación, crédito y empleo o la capacidad para participar en
la vida pública– producen costos que perjudican, en última instancia, a todos.
“Socavan la eficacia de las políticas de desarrollo”.
En cambio, advirtió, “invertir en las
mujeres ha demostrado ser una eficaz y clara estrategia de lucha contra la
pobreza y de incremento de las capacidades de las poblaciones empobrecidas en
el mundo subdesarrollado”.
¿Qué hacer, entonces para promover la
equidad de género o fomentar un desarrollo más eficaz? Además de reconocer los
efectos perversos de la inequidad en el desarrollo, hay que hacer patente que, hasta
ahora, se siguen elaborando políticas y programas cuya meta es mejorar la vida
de las mujeres pero las cuales “tienen un profundo verticalismo, es decir, no
se les pregunta a ellas hacia dónde quieren transitar”.
No se reconocen las brechas (entre zonas,
regiones, estados o etnias) ni la pluralidad, “pues las mujeres no somos una
masa uniforme”; se ha aceptado acríticamente que la única vía de modernización
de las mujeres es su incorporación al mercado, pero no se han planteado cómo
hacer para mejorar este proceso, y no se admiten ni cuestionan las relaciones
de poder.
De acuerdo con datos de la
Organización de las Naciones Unidas, informó, las mujeres son el 51 por ciento
de la población total y 40% de la fuerza de trabajo; generan una riqueza equivalente
al 70% del Producto Interno Bruto mundial con su trabajo no remunerado y la
subvaloración de las labores remuneradas, esto es, aproximadamente 16 billones
de dólares.
Adicionalmente, las mujeres
ocupan 12 por ciento de las curules legislativas, 3 por ciento de los puestos
ejecutivos, 1 por ciento de los liderazgos sindicales y son dueñas únicamente
del 1 por ciento de las propiedades; representan el 70 por ciento de los pobres
extremos, el 67 por ciento de los analfabetas, el 68 por ciento de las personas
sin acceso a la escuela y el 41 por ciento de los infectados de sida.
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PIES DE FOTO
FOTO 1
Urge reformar las instituciones
jurídicas y económicas para establecer los mismos derechos, obligaciones y
oportunidades a mujeres y hombres, aseveró María Elena Jarquín Sánchez, del
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la
UNAM.
FOTO 2
María Elena Jarquín Sánchez, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, participó en el ciclo de videoconferencias En búsqueda de la equidad entre mujeres y hombres, organizado por la Casa de las Humanidades y el Programa Universitario de Estudios de Género.