Boletín UNAM-DGCS-507
Ciudad Universitaria
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SE REVIERTE LA
POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA EN MÉXICO,
ASEGURA MINISTRA DE LA SCJN
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De enero de 1995 a febrero de este año se
han presentado mil 490 conflictos entre órganos de gobierno y poderes del Estado,
informó Olga Sánchez Cordero
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El Poder Judicial ha sido freno, no del cambio, sino de los excesos
del autoritarismo que aún priva, sentenció.
En México el fenómeno de la
politización de la justicia fue una constante derivada del régimen imperante, y
ahora comienza a revertirse hacia la judicialización de la política, advirtió
la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez
Cordero, quien señaló que de enero de 1995 a febrero de este año se han
presentado mil 490 conflictos entre órganos de gobierno y poderes del Estado.
Al dictar la conferencia El
Poder Judicial en tiempos de cambio en la Facultad de Derecho (FD) de la UNAM,
indicó que cualquiera de los dos extremos –la judicialización de la política o
la politización de la justicia– no son deseables en un sistema democrático.
El punto medio entre ambos,
sentenció, sólo se alcanza si el sistema judicial ofrece condiciones que
favorezcan equilibrio entre poderes, para impedir la actuación arbitraria del
Estado.
Indicó que el Poder Judicial
ha venido jugando un destacado papel no sólo como motor del cambio, sino
también –de manera importante– como freno, no del cambio, sino de los excesos
del autoritarismo que “aún priva en muchos de los campos en que nos movemos”.
Sánchez Cordero opinó que el
derecho es el motor del cambio, pues sin él la economía, la política, la
administración pública, son cuestiones amorfas; sin él, las frases son huecas,
las acciones del gobierno inútiles y la promoción de ellas estéril.
La ministra aseveró que el
cambio también radica en socializar a
los ciudadanos en el conocimiento del derecho, pues sin esa permeabilidad
social de las leyes, las personas no conocen las instituciones jurídicas ni
políticas, y por consecuencia, esa distorsión lleva a un mayor incumplimiento
de la ley.
Indicó que el Poder Judicial
de la Federación interviene en el rumbo del cambio de México, particularmente
al resolver las controversias constitucionales, pues en ellas se equilibra la ya de por sí difícil relación entre derecho y política.
Reveló que como resultado de
las reformas constitucionales de diciembre de 1994, que dotaron al Poder
judicial de la Federación de nuevas
atribuciones y estructura, las controversias constitucionales adquirieron un mayor auge.
De esta forma, de enero
de 1995 –fecha cuando entró en vigor la
reforma– a febrero del 2003 se presentaron 673 controversias constitucionales,
178 acciones de inconstitucionalidad y sus respectivos 639 recursos, lo que
hace un total de mil 490 asuntos.
Explicó que debido a esta
reforma, la Suprema Corte se perfila cada vez más como un Tribunal
Constitucional o garante de la Constitución y, sobre todo, como el árbitro
jurisdiccional que dirime conflictos antes no resueltos por esa vía.
De esta manera, indicó, la
Corte ha ampliado las posibilidades de impugnación, vía la controversia
constitucional, a casi todo tipo de normas jurídicas y actos, y de hecho se
discute si podrían llegar a comprenderse incluso, las omisiones de las
autoridades.
Al respecto, consideró que el
cambio radical experimentado por la Suprema Corte, la han convertido en una
especie de “fiel de la balanza” en la nueva relación entre poderes, pues
actualmente busca limitarlos y asegurar la
libertad individual.
Abundó que la expansión del
Poder judicial es un proceso irreversible en todas las democracias modernas y
por lo tanto, se debe comenzar a pensar en las condiciones de control por si
existiera alguna consecuencia negativa de la judicialización.
“Una democracia con un Poder
Judicial fuerte, es sencillamente una democracia más fuerte, porque los
derechos de los ciudadanos están mejor tutelados; pero una democracia con todos
los poderes que la componen fuertes, es funcional”, indicó.
La justicia, por lo tanto,
constituye la base de un orden social duradero y es el único medio para
alcanzar verdaderamente una estabilidad
democrática, finalizó la magistrada.
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