Boletín UNAM-DGCS-485
Ciudad Universitaria
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LA SOCIEDAD CIVIL NO CONSIDERA RESPONSABILIDAD PROPIA LA SEGURIDAD PÚBLICA: LUCÍA ÁLVAREZ
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En la Ciudad de México es indispensable
contar con una política de colaboración ciudadana, destacó la académica de la
FCPyS
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La mayor limitación para fortalecer la
sociedad civil radica en la exclusión legal, económica y social de amplios
sectores de la población, aseveró María del Carmen Roqueñí, profesora
universitaria
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El diseño de políticas públicas tiende a ser
vertical, sostuvo Adolfo Sánchez Almanza, del Instituto de Investigaciones
Económicas de la UNAM
Si bien en la actualidad se
han diversificado las demandas de la ciudadanía y con ello los espacios para
incidir en las políticas públicas, aún hay temas que la sociedad no asume como
responsabilidad propia, como el de la seguridad pública, afirmó Lucía Álvarez
Enríquez, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de
la UNAM.
La académica subrayó en el
auditorio “Ricardo Flores Magón” de la FCPyS, que a pesar de ser una
preocupación social, las propuestas proceden de instancias institucionales que,
a su vez, acuden a la ciudadanía para que se involucre, señaló.
En la mesa redonda Sociología
Urbana la especialista en estudios políticos destacó que “hay algunas áreas que
todavía no se consideran de competencia ciudadana, cuando en realidad se
necesita una política de colaboración entre ciudadanos y autoridad”.
Ejemplo de ello, refirió, es
que en los temas de vivienda y espacio público la ciudadanía exige acciones y
participa en la elaboración de políticas públicas en estos rubros. A este
respecto, la intervención de la sociedad civil en los problemas de la Ciudad de
México, reconoció la socióloga, ha sido un factor fundamental para la
democratización del régimen político y la vida local.
En estos ámbitos, indicó, se
ha generado un mayor dinamismo para las transformaciones en el sistema, pues la
sola presencia de los actores sociales lleva implícita una pluralización del
espacio público.
En su oportunidad, María del
Carmen Roqueñí, académica también de la FCPyS, consideró que la mayor
limitación para fortalecer la sociedad civil radica en la exclusión legal,
económica y social de amplios sectores de la población, entre ellos mujeres, indígenas
y otros grupos vulnerables.
Recordó que durante gran parte
de nuestra historia el sistema político ha impedido el desarrollo de una
cultura cívica para establecer mecanismos de participación social y política.
En décadas pasadas, abundó, la
lógica del régimen requería una ciudadanía sin autonomía que aceptara de manera
tácita y pasiva las decisiones tomadas por la clase política, en vinculación
directa con las cúpulas de asociaciones corporativas.
Por ello, subrayó, el pleno
ejercicio de los derechos económicos, sociales y políticos de los ciudadanos;
así como la existencia de oportunidades económicas y de progreso social, se
convirtieron en demandas de la sociedad civil.
Asimismo, la especialista en
estudios políticos consideró que los valores de la democracia deben ser la
principal matriz cultural en la reestructuración institucional del régimen.
Las libertades individuales
constituyen una condición imprescindible para el desarrollo de organizaciones
civiles, plurales y activas para la construcción de una sociedad más solidaria
y productiva, libre, segura y respetuosa de la diversidad, sostuvo.
Para que las reformas
emprendidas por el gobierno sean viables deben contar con la participación de
las fuerzas sociales y políticas organizadas; “no deben ser resultado de
fórmulas creadas por tecnócratas o acuerdos en los que sólo intervengan las
cúpulas de los principales partidos y de las asociaciones corporativas”,
precisó.
Hoy, aseveró, es indispensable
el diálogo entre sociedad, partidos y gobierno para orientar las políticas
públicas y establecerlas firmemente en la colectividad.
En su oportunidad, Adolfo
Sánchez Almanza, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM,
aseguró que el diseño de políticas públicas tiende a ser vertical y, por lo
regular, en este proceso la participación ciudadana es nula; es decir, la
sociedad civil no colabora y cuando lo hace es sólo como remanente, por el lado
de la consulta popular, la evaluación o la supervisión.
Aunque el Estado está obligado
a rendir cuentas, “la verdad es que la sociedad no se ha organizado lo
suficiente para incidir en el diseño de esas políticas”, con ello, advirtió, la
ingobernabilidad puede hacer su aparición.
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PIES DE FOTO
Foto 1
Si bien en la
actualidad se han diversificado las demandas de la ciudadanía y con ello los
espacios para incidir en las políticas públicas, aún hay temas que la sociedad
no asume, como el de la seguridad pública, afirmó Lucía Álvarez Enríquez,
profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM.
Foto 2
María del Carmen Roqueñí, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), consideró que la mayor limitación para fortalecer la sociedad civil radica en la exclusión legal, económica y social de amplios sectores de la población, entre ellos mujeres, indígenas y otros grupos vulnerables.