Boletín UNAM-DGCS-375
Ciudad Universitaria
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Pies de foto al final del boletín
PROPICIA LA CORRUPCIÓN AUSENCIA DE INSTITUCIONES CLARAS Y SÓLIDAS
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Cristopher Ballinas, de la FCPyS, consideró
necesario que las leyes se apliquen cabalmente, de forma que el administrador
público piense más en el riesgo que en la ganancia por corromperse
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Para Rafael Martínez Puon, de la misma
Facultad, la corrupción se refleja en la falta de credibilidad y confianza en
las instituciones gubernamentales y administrativas por parte de la sociedad
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Participaron en la mesa redonda “La
importancia del combate a la corrupción en México. Proyectos de investigación,
financiamiento y apoyo técnico”
La ausencia de instituciones claras y sólidas, acordes
con un sistema democrático, sigue contribuyendo a la existencia de fenómenos
como la corrupción. Ante este grave problema, se requiere un fortalecimiento
institucional y la construcción de una nueva cultura democrática y cívica,
elementos que contribuirán a la gobernabilidad y a la consolidación democrática
que nuestro país requiere, señalaron especialistas.
En la mesa redonda “La
importancia del combate a la corrupción en México. Proyectos de investigación,
financiamiento y apoyo técnico”, organizada por la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, Cristopher Ballinas, del Centro de
Estudios de Administración Pública de esa dependencia, consideró necesario que
las leyes se apliquen cabalmente, no que se hagan nuevas, de forma que el
administrador público piense más en el riesgo que en la ganancia por
corromperse.
La lucha contra ese fenómeno, opinó, debe darse para
favorecer el desarrollo del país; por ende, se requiere no sólo la acción del
gobierno, sino la participación de la sociedad, “porque no puede hacerse de
manera improvisada”.
La corrupción supone un beneficio individual para quien
la practica, donde se violan obligaciones o reglas con el objeto de obtener
beneficios adicionales que no se derivan de la posición o cargo propio, lo cual
crea un daño para la sociedad, que paga los costos.
Aunque suele verse como un problema de perversión
exclusivo del sector público, aclaró Ballinas, puede alterar reglas,
instituciones y costumbres que envuelven, incluso, la vida cotidiana. Ahoga la
economía nacional, pues distorsiona los procesos de decisión política y afecta
los proyectos de inversión, sobre todo los destinados al desarrollo,
incrementando la financiación del gobierno para combatirla.
Para enfrentar la corrupción política, pública y privada,
es necesario evitar su oportunidad, es decir, que el administrador público sepa
que si se le presenta la posibilidad de caer en un acto de ese tipo, es posible
que sea descubierto y, en su caso, sancionado.
“Si logramos minimizar que quiera corromperse
controlaremos la corrupción. Si le cerramos las puertas con nuevos procesos,
formas de administración pública, la estaremos evitando”, aseguró.
En su oportunidad, Rafael Martínez Puon, también de la FCPS, aseguró que uno de los principales problemas que padecen los países latinoamericanos, en su mayoría en vías de consolidación democrática, es un déficit institucional, de reglas del juego formales e informales que contribuyen a la convivencia entre los miembros de la sociedad y a la relación de ésta con el Estado.
La corrupción se refleja en la falta de confianza en las
instituciones gubernamentales y administrativas por parte de la sociedad. Así
lo muestra la Encuesta Anual “Latinobarómetro” 2000, que reveló que la Iglesia,
la televisión y las fuerzas armadas tienen los mejores porcentajes de credibilidad
(con 71, 45 y 38 por ciento, respectivamente); en tanto, la policía, la
administración pública, el poder judicial, y los partidos políticos, tienen los
peores porcentajes de confianza (con 33, 25 y 19 por ciento).
En México, según la Encuesta Mundial de Valores, la
sociedad confía “mucho o algo” en el Ejército (51 por ciento) y la Iglesia (80
por ciento), y menos en la policía (29 por ciento), los partidos políticos (24
por ciento), y diputados y burocracia en general (20 por ciento).
Según Transparencia Internacional, abundó Martínez Puon,
el índice de percepción de corrupción para el 2001, ubicó a México en el lugar
51 de 90 países, con calificación de 3.7; mientras en el 2002, ocupó el 57 de
102, con 3.6. De acuerdo con el Instituto Internacional para la Gestión y el
Desarrollo, el país tiene una
calificación del 2.12 en incidencia de corrupción y soborno, ocupando la
posición 38 entre 47 naciones.
Los países miembros de la OCDE han diseñado principios
para una gestión ética en el servicio público, como complementos a la
recomendación de una infraestructura ética, entre los cuales se encuentra que
los estándares de ese tipo deben estar reflejados en el sistema legal.
Asimismo, los funcionarios deben conocer sus derechos y
obligaciones cuando descubran una mala conducta; el compromiso político con la
ética debe reforzar su actuación y los procesos de toma de decisiones deben ser
abiertos, transparentes y sometidos a inspección.
En ese sentido, el gobierno mexicano ha tomado medidas
que recogen sugerencias de la OCDE, como el Programa Nacional de Combate a la
Corrupción y el Modelo Estratégico para la Innovación Gubernamental, que
propone la creación de un código de conducta para las dependencias.
La lucha contra la corrupción federal, normativamente hablando,
gira en torno a las leyes de Responsabilidades Administrativas, Federal de
Acceso a la Información Pública Gubernamental; de Fiscalización Superior de la
Federación (o de supervisión directa del Legislativo sobre el Ejecutivo); del
Servicio Profesional de Carrera y de Procedimiento Administrativo, finalizó
Martínez Puon.
Por su parte, Arturo del Castillo, del Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), analizó las causas del problema con
base en técnicas cuantitativas o econometría, de los “índices de corrupción y
buen gobierno” de Transparencia Mexicana y la Encuesta Nacional de
Empresa-Gobierno del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey.
Tales índices muestran que las entidades con menos casos
de esta práctica nefasta son Colima, Baja California Sur y Aguascalientes; y
las más son el DF, Estado de México y Guerrero. Según los primeros resultados
de la investigación, la densidad poblacional podría ser una de las variables
que expliquen el fenómeno.
En Guerrero, por ejemplo, más del 60 por ciento de la
gente se concentra en dos ciudades: “a mayor población los servicios públicos
tienden a saturarse y, en consecuencia, aumenta el ofrecimiento de sobornos”,
aseguró.
Otra podría ser la variable etnolingüística. Ello podría
obedecer a que funcionarios favorecen a sus comunidades, o bien, donde el
español no es la única lengua. En relación con el PIB per capita estatal,
también parece haber relación, no así con la democracia o alternancia de poder
en el Ejecutivo.
En especial, tienen que ver las percepciones, porque
cuando se tiene la idea de que una organización es corrupta hay predisposición
para incurrir en actos de ese tipo. Si es así, “hay un problema serio de imagen
corporativa por parte del gobierno”, concluyó.
Finalmente, Jim Wesberry, del Proyecto Atlatl, financiado
por la Agencia para el Desarrollo Internacional, para el combate a la
corrupción en México, refirió que los enemigos de la gobernabilidad son la
leptocracia o “gobierno de ladrones”, donde las ganancias de ese tipo de actos
son consideradas parte del sueldo y todo mundo los comete.
Otros adversarios son el partido político corrupto, que
usa el poder del Estado; la “irresponsabilidad”, es decir, el rechazo a
responder ante una autoridad más elevada; la desinformación o información falsa
en la toma de decisiones, y la impunidad o ausencia de investigación y castigo
de los actos corruptos.
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Foto 1
Cristopher
Ballinas, del Centro de Estudios de Administración Pública de la FCPyS, aseguró
que la lucha contra la corrupción debe darse como una forma para favorecer el
desarrollo del país.
Foto 2
Rafael Martínez Puon, también de la
FCPyS, informó que de acuerdo con la Encuesta Anual “Latinobarómetro” la
Iglesia, la televisión y las fuerzas armadas, tienen mayor credibilidad que la
policía, la administración pública y el poder judicial, y los partidos
políticos.
Foto 3
El integrante del Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Arturo del Castillo, dijo que las
entidades menos corruptas son Colima, Baja California Sur y Aguascalientes; y
las menos el DF, Estado de México y Guerrero.
Foto 4
Los enemigos de la gobernabilidad
son la leptocracia o “gobierno de ladrones”, donde las ganancias de ese tipo de
actos son consideradas parte del sueldo y todo mundo los comete, aseguró Jim
Wesberry, del Proyecto Atlatl (financiado por la Agencia para el Desarrollo
Internacional, para el combate a la corrupción en México).
Foto 5
Rafael Martínez Puon, Jim Wesberry, María Elena Franco, Arturo del Castillo, y Cristopher Ballinas participaron en la mesa redonda “La importancia del combate a la corrupción en México. Proyectos de investigación, financiamiento y apoyo técnico”, organizada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.