Boletín UNAM-DGCS-145
Ciudad Universitaria
 |
 |
 |
Pies
de fotos al final del boletín
RETO PARA EL SISTEMA
JURÍDICO MEXICANO, LA RESPONSABILIDAD CIVIL AMBIENTAL
·
En
los próximos años probablemente será impulsada, aseguró Gabriel Calvillo,
director general de Delitos Ambientales de la Profepa
·
Participó
en el ciclo de conferencias Derecho Penal Ambiental, organizado por la Facultad
de Derecho
La responsabilidad civil ambiental es, sin duda, un reto para el sistema
jurídico mexicano, por lo que en los próximos años probablemente será impulsada,
aseguró Gabriel Calvillo, director general de Delitos Ambientales de la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
En el ciclo de conferencias Derecho Penal Ambiental, organizado por la
Facultad de Derecho, el funcionario mencionó que, en diciembre pasado, la
Cámara de Diputados aprobó la Ley de Responsabilidad Civil por Daño y Deterioro
Ambiental, y en la actualidad es analizada por la de Senadores.
Este “importante esfuerzo”, promovido por el Partido Verde Ecologista,
busca abrir un mecanismo de acceso a la justicia en este ámbito a través de la
responsabilidad civil y de los tribunales federales, explicó.
En el Auditorio “Antonio Martínez Baéz”, refirió que la justicia
ambiental es el balance adecuado entre reclamos competitivos (los intereses del
desarrollo económico y social, por un lado, así como la protección y tutela de
los elementos naturales, condición para la vida en el planeta, por el otro), al
que se llega por medio de la asignación de derechos y obligaciones, de manera
tal que se permite la distribución de las ventajas sociales.
En nuestro país hay preceptos constitucionales, leyes secundarias y
sectoriales, así como reglamentos y normas oficiales que se han desarrollado a
propósito de las grandes cumbres internacionales en materia ambiental, donde
permea el concepto de sustentabilidad y se asignan derechos y obligaciones.
Informó que, en años recientes, ha habido un incremento significativo en
los litigios de naturaleza ambiental. En 2002 el Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa registró 637 juicios de nulidad en contra de los actos
de la Profepa; es decir, 53.3% más que
en el año anterior.
De esos, el 58% se decidió a favor de la Procuraduría, o bien,
resolviendo la nulidad, lo cual permitió a la autoridad reponer el
procedimiento administrativo y sancionar.
En relación con los amparos, durante el 2001 se otorgaron en 50%, en
tanto que en el siguiente año sólo se dio el 25% de la protección de la
justicia federal a los quejosos.
De ese modo, en 2002 se asentaron 192 casos de amparo promovidos
directamente en contra de las resoluciones de la Profepa; de los 62 asuntos
concluidos hasta ahora, sólo seis se han resuelto a favor del particular y a
los restantes se les ha negado este recurso legal.
Calvillo dijo que todavía hay discusiones sobre la constitucionalidad de
una ley civil ambiental de connotación federal, porque habría problemas de
competencia respecto a qué les corresponde a los tribunales federales y a los
del fuero común.
El integrante de la Profepa señaló que hay muchas cuestiones por
resolver en la legislación. Entre ellas, cómo cuantificar el daño ambiental: si
se puede valorar, por ejemplo, el deterioro ocasionado a arrecifes mexicanos y
cómo buscar una compensación en caso de que no sea factible la reparación en
especie.
Asimismo, quién debe estar legitimado para acudir a la justicia civil en
búsqueda de la reparación de un daño, si puede hacerlo cualquier persona que
reclama su derecho constitucional a un ambiente adecuado o es necesario indagar
algún tipo de interés calificado, o sea, a aquellos ciudadanos que se
encuentran donde se dio la afectación. “De abrirse demasiado el tema de la
legitimación podría generarse un bloqueo procesal importante”, planteó.
La justicia ambiental es, sin duda, una de las que más se ha
desarrollado en los últimos años en nuestro país. Tradicionalmente su mecanismo
idóneo ha sido el administrativo, pero el penal ha ganado terreno de manera
significativa.
Informó que en 2001 la Profepa presentó 310 denuncias al ministerio
público de la Federación por delitos contra el ambiente y la gestión ambiental;
el año pasado 945, es decir, se registró un incremento de 204%.
Así, durante la presente administración ha habido 1255 acusaciones. De
ese total hubo 142 consignaciones o ejercicios de la acción penal, 13
sentencias condenatorias y cuatro absolutorias.
“Parecen números bajos, sin embargo, hablamos de averiguaciones previas
que en promedio implican entre siete y ocho meses de integración”, abundó
Gabriel Calvillo.
Pero ¿quién imparte la justicia ambiental? En 29 estados de la república
se cuenta con tipos penales contra el ambiente en la legislación del fuero
común; eso significa que la responsabilidad penal en la materia de ninguna
manera es privativa o monopolio de la justicia federal, y “eso es alentador”.
Por último, el funcionario consideró que la justicia ambiental en
materias civil, penal, administrativa y constitucional tiene que vincularse:
sus instrumentos no deben entenderse de manera aislada, enfatizó.
--o0o--
Foto 1
La responsabilidad civil ambiental es un
reto que debe enfrentar el sistema jurídico mexicano, señaló Gabriel Calvillo,
director general de Delitos Ambientales de la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente, en el ciclo de conferencias Derecho penal ambiental,
organizado por la Facultad de Derecho.
Foto 2
Gabriel Calvillo, director general de
Delitos Ambientales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente,
participó en el ciclo de conferencias Derecho penal ambiental, organizado por
la Facultad de Derecho.