Boletín UNAM-DGCS-0994
Ciudad Universitaria
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al final del boletín
LAS INSTITUCIONES
ESTÁN OBLIGADAS A TRANSPARENTAR SU ACTUACIÓN Y A PROCEDER DE CARA A LA SOCIEDAD
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La información pública debe ser absolutamente clara
en lo administrativo y lo jurídico, pero discreta en la privacidad, dijo la
ministra de la SCJN, Olga Sánchez Cordero
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El derecho de protección a lo individual y a lo
colectivo garantiza un Estado promotor del pluralismo, la tolerancia y de la
inversión, agregó
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Participó en el Seminario “Acceso a la información
pública del Poder Judicial: una visión comparativa, en el IIJ de la UNAM
La conquista del estado de derecho está
ahora en manos de las instituciones. Éstas tienen la obligación de
transparentar su actuación, de proceder de cara a la sociedad y de proporcionar
datos útiles a los ciudadanos, afirmó la ministra de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero.
La información, en
todos los niveles de la relación humana, genera confianza, y sin ella cualquier
cambio institucional, transformación democrática, o acción de gobierno, por más
disfraz de legitimidad que tenga, viene a ser un mero acto panfletario
ideologizante y populista, expresó.
Al participar en el
Seminario “Acceso a la información pública del Poder Judicial: una visión
comparativa”, la magistrada señaló que ésta debe ser absolutamente transparente
en lo administrativo y lo jurídico, pero discreta en la privacidad.
En el Instituto de
Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM agregó que la libertad individual es
el pilar de nuestra sociedad, el motor del sistema de producción y del sistema
político. Por tanto, sin ella no hay Estado de Derecho.
Esa prerrogativa,
abundó, exige del derecho de protección, no sólo a lo individual, sino a lo
colectivo, que se refleja en la libertad competencial. Un Estado que las
garantiza es promotor del pluralismo, la tolerancia y de la inversión.
Por el contrario,
el que las minimiza es represor y fascista; pero uno que no les pone límites
camina al fracaso. El que no define con claridad los derechos del ciudadano,
navega con bandera de defensor, pero en los hechos no es más que autoritario,
porque no encontrará en ellos los límites de su actuación, indicó.
Por ello, consideró
fundamental encontrar en el sistema jurídico el camino de la regulación de las
facultades. Éste es, sin duda, uno de los mayores retos de nuestro estado de
derecho, a fin de evitar la proliferación de poderes privados paralelos al
Estado. Indicó que a todos nos incumbe ese ámbito y nos es inherente, pero la
exigencia más fuerte es al propio Estado, a sus órganos y poderes, a los
representantes y gobernantes.
Sánchez Cordero
recalcó que “la información es poder, y poder soberano”, que, como señala la
Constitución, reside esencial y originariamente en el pueblo”.
“El reto más
importante que tenemos frente al futuro es no solamente concretar un verdadero
estado de derecho, sino aspirar a uno social y democrático, en el que esos
aspectos se fundan bajo un solo concepto: Estado Constitucional de Derecho,
afirmó.
Que al amparo de
éste, continuó, el Estado ajuste sus normas y hechos a las exigencias éticas y
políticas de la sociedad, con compromisos serios de justicia social, cohesión
nacional y eficacia de las facultades.
Abundó que la información generada en el
Poder Judicial de la Federación durante mucho tiempo se caracterizó por un
hermetismo casi sepulcral, pero esa situación desapareció y hoy se viven nuevos
tiempos.
Las Suprema Corte,
dijo, es ahora más visible, más abierta a la opinión pública y profesional,
porque busca construir caminos de diálogo por la significación y trascendencia
que tiene su función social.
En su oportunidad,
Diego Valadés, director del IIJ de la UNAM señaló que en México asistimos hoy a
un importante resurgimiento en cuanto a la vocación por transformar la vida
judicial, y por tanto el espectro y el espacio de la justicia nacional.
Al evento
asistieron, entre otros, Margaret Popkin, de la Fundación para el Debido
Proceso Legal y Ernesto Villanueva, de la Universidad Iberoamericana, entre
otros.
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Con la conquista del estado de derecho, las
instituciones están obligadas a transparentar su actuación y proceder ante la
sociedad, aseveró Olga Sánchez Cordero, ministra de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, al participar en el seminario “Acceso a la información
pública del Poder Judicial: una visión comparativa”.