Ciudad Universitaria

Pies de fotos al final del boletín

POSITIVAS LAS REFORMAS AGRARIAS DE 1992: ANTONIO AZUELA

· El investigador del IIS señaló que incrementaron la capacidad de decisión de los ejidatarios

· Como parte de la incorporación de tierra ejidal para el desarrollo urbano, de 1995 a 2000 cambió la situación jurídica de 100 mil hectáreas, subrayó

· Tolerar la irregularidad de la tierra permitió un proceso acelerado de urbanización, comentó Arturo Warman, coordinador del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales

La reforma al régimen agrario de 1992 fue un cambio positivo e importante para el campo mexicano, pues decretó el fin del reparto y significó el incremento en la capacidad de decisión de los ejidatarios, quienes vivían bajo el régimen tutelar del Estado, apuntó Antonio Azuela, del Instituto de investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM.

Durante el Seminario Internacional de Reformas al Suelo Urbano, el especialista resaltó que como parte del programa de incorporación de tierra ejidal para el desarrollo urbano, de 1995 a 2000 cambió la situación jurídica de cerca de 100 mil hectáreas: 51 mil fueron para el dominio pleno de los campesinos; 6 mil se destinaron a las inmobiliarias ejidales, opción que les permite participar en la urbanización; 17 mil para reservas territoriales, y 26 mil para regularización.

A su vez, el coordinador del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales de esta casa de estudios, Arturo Warman, recordó que en la década de los 60 el proceso de urbanización en México alcanzó magnitud insospechada con una población de 35 millones de habitantes, de los cuales 17 millones se ubicaban en áreas rurales.

Cuatro décadas después, hay 75 millones de habitantes urbanos, lo que implica la incorporación, en ese lapso, de 58 millones de mexicanos a ese sector, la gran mayoría en ciudades grandes o áreas metropolitanas, donde se encuentra alrededor de la mitad de la población del país.

Destacó que para acceder a la vivienda, la población pobre requiere de subsidios, cualquiera que sea su forma; sin embargo, en México, como en muchos otros países, una de las modalidades que permitió este proceso acelerado de urbanización con un mínimo de conflicto fue la tolerancia a la irregularidad.

Dicho beneficio permite al Estado no asumir funciones que debería desarrollar a partir de una legislación agraria que hace inalienable, imprescriptible e inajenable la propiedad social, pero permite generar una política de regularización como principal mecanismo de urbanización de la tierra social.

En ese contexto, añadió, se dio la reforma al artículo 27 constitucional y a la Ley Agraria. A una década, no se observa qué parte del Estado podrá asumir el costo del subsidio. “La pregunta no es qué tantos cambios legales deben generarse, sino qué tanto se debe pactar para definir quién va a cargar con el subsidio que esto requiere. Mientras esta definición no esté dada, se corre el riesgo de continuar con estos escenarios”.

Por otra parte, puntualizó que la sociedad no ha resuelto cómo financiar la incorporación de los pobres al desarrollo urbano y mientras no haya respuesta clara, el problema se complicará.

Indicó que el proceso de urbanización de la vida rural es claramente desatendido por las instituciones públicas.

Warman comentó que en la medida en que no se visualice este fenómeno y se le considere un problema nacional de política social, seguiremos enfrentados a un campo sin solución.

En opinión de Felipe Ordóñez Cervantes, profesor de Desarrollo Urbano de la Facultad de Arquitectura, a partir de las modificaciones a la Ley de Reforma Agraria la incorporación de suelos se hace a través de regularización. Sin embargo, “esto nos debe hacer pensar si es el camino adecuado o ya basta de instituciones para ello”.

El reto que debe abordarse en forma inmediata, dijo, es que “los pobres del país requieren que alguien tome en sus manos el camino y les indique con certeza dónde se van a ubicar”.

Comentó que, por ejemplo, los terrenos costeros representan un gran potencial para convertirlos en régimen privado y su inmediata urbanización. Estas tierras no tienen regulación para uso de suelo, pero son incorporados indiscriminadamente para su venta.

De esta manera, señaló, “nos abrimos a nuevas vías para crear empleos, generar riqueza y nuevos esquemas de regulación que no estaban contemplados en los ámbitos federal, estatal o municipal”.

-o0o-

PIES DE FOTO

Foto 1

La reforma al régimen agrario de 1992 constituyó un cambio positivo e importante para el campo mexicano, afirmó Antonio Azuela, del IIS de la UNAM, al participar en la mesa redonda "México", realizada en el marco del Seminario Internacional "Reformas al suelo urbano"

Foto 2

Para acceder a la vivienda, la población pobre requiere de subsidios, cualquiera que sea su forma, aseveró Arturo Warman, coordinador del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales de la UNAM. Lo acompaña el investigador universitario, Antonio Azuela.