Boletín UNAM-DGCS-0629
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Pie de foto al final del boletín
URGENTE MODIFICAR LA LEY AGRARIA PARA QUE NO SE CONVIERTA EN INSTRUMENTO DE INEQUIDAD
·
Ello se requiere sobre todo en su parte adjetiva para acotar el abuso
procesal agrario, indicó el procurador agrario Isaías Rivera Rodríguez
·
Resaltó que así se evitará que se convierta en un instrumento de
inequidad
·
Alfredo Sánchez Castañeda, del IIJ, dijo que en América Latina el Poder
Judicial aún está en vías de consolidación, al menos en el caso de México
Es urgente hacer una modificación radical a la Ley de la Reforma
Agraria, en particular a su parte adjetiva, con el fin de acotar el abuso
procesal agrario y evitar que se convierta en un instrumento de inequidad que
ponga en duda la justicia en este ámbito, afirmó el titular de la Procuraduría
Agraria, Isaías Rivera Rodríguez.
Durante su participación en el “Congreso Nacional de Derecho Agrario
Sustentable”, realizado en la Facultad de Derecho de la UNAM, dijo que es
indispensable dejar conciencia de que todos debemos combatir el abuso procesal
agrario e impulsar las reformas necesarias a la ley.
Resaltó que dicho abuso es causa y efecto de la propia Ley del ramo la
cual, desde su origen –con el exceso de la supletoriedad de la ley en materia
procesal con respecto del Código Federal de Procedimientos Civiles–, “cae en
esta circunstancia, además de la poca
claridad de los conceptos en materia adjetiva”.
En su exposición “El abuso procesal agrario” reconoció que uno de los
grandes avances de las reformas de 1992 al artículo 17 Constitucional fue
establecer una vía jurisdiccional para resolver las controversias agrarias y
externó su preocupación porque no sea un medio para que éstas subsistan, sino
para lograr la justicia agraria.
Rivera Rodríguez precisó que existe abuso
procesal y que las formas en que se manifiesta son claras. Por ejemplo, en el
ejercicio de acciones con el ánimo de generar perjuicios sin obtener
beneficios. “La connotación más amplia del abuso y en consecuencia del dolo”.
Asimismo, mencionó el abuso en el proceso del
propio juicio; en la suplencia de los planteamientos de derechos; en la
notificación de juicio a demandados “o de llamamiento a terceros interesados,
interminable éstos y sólo como una estrategia para manipular el juicio; en el
diferimiento de la audiencia de ley, y en el ofrecimiento de pruebas o en la
búsqueda de la verdad material.
“También tenemos un importante
fenómeno de abuso en la jurisdicción al tener lugar planteamientos de
naturaleza civil o mercantil queriendo
figurarlo como de índole agraria, de tal suerte que obliga a los
tribunales a admitirlo, toda vez que tenemos el gran problema de limitaciones
de la ley respecto del rechazo de las acciones o juicios agrarios”.
En el auditorio Eduardo García
Máynez consideró, por otra parte, que la doctrina procesalista es amplia y, en
consecuencia, el establecimiento de los principios procesales agrarios son
claros y adecuados. Al tratarse de derechos agrarios es importante que el
juzgador no se limite a la verdad formal y busque la verdad material, para ello
son importantes los mecanismos establecidos en la ley.
Retos del derecho agrario
En su oportunidad, Alfredo Sánchez
Castañeda, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), comentó que la
función jurisdiccional de nuestra época está sujeta a una profunda revisión, en
virtud de su creciente complejidad, ya que aquello que se había concebido de
manera tradicional como una actividad puramente técnica de resolución de conflictos
jurídicos, se ha transformado en un servicio público esencial del Estado
contemporáneo.
Reconoció que en América Latina el
Poder Judicial aún está en vías de consolidación, al menos en el caso de
México. En 1994 se produjo una importante reforma al Poder Judicial que
redefinió el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y creó,
entre otras instituciones, el Consejo de la Judicatura.
Aunado a estos aspectos, dijo el
investigador universitario, también tenemos el incremento de las controversias
jurídicas y la cada vez mayor complejidad de éstas, lo que ha desembocado en su
rezago.
Por ello, uno de los retos del
derecho agrario es hacer un estudio de la procuración de justicia en este
ámbito, a partir de una visión sistemática, es decir, hacer una clara
diferencia de lo que implica
impartición y procuración de justicia.
Reconoció que pese a las reformas de
1994, la SCJN aún es objeto de restricciones, ya que si bien puede anular con
efectos generales las leyes federales o locales y los tratados contrarios a la
Constitución, se le imponen limitaciones al necesitar el voto de ocho ministros
sobre 11.
Es decir, resaltó el jurista, si
realmente se quiere consolidar el Estado de derecho en nuestro país se deben
perfeccionar las reformas realizadas, las cuales podrían tener un impacto a
largo plazo en la administración de justicia
--o0o--
Foto 1
El titular de la Procuraduría Agraria, Isaías Rivera
Rodríguez, al participar en el Congreso Nacional de Derecho Agrario
Sustentable, opinó que todos debemos aportar, desde nuestro ámbito, esfuerzos
para impulsar las reformas necesarias a la Ley Agraria.
Foto 2
Al intervenir en el Congreso
Nacional de Derecho Agrario Sustentable, Alfredo Sánchez Castañeda, de la UNAM,
reconoció que en América Latina el Poder Judicial aún está en vías de
consolidación.
Foto 3
Sergio García Ramírez, del Instituto
de Investigaciones Jurídicas, y Margarita Sánchez, asesora de los Tribunales
Agrarios, asistieron al Congreso Nacional de Derecho Agrario Sustentable, que
se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la UNAM.