Boletín UNAM-DGCS-0194
Ciudad Universitaria
EL GOBIERNO ESTÁ EN QUIEBRA Y SE
REQUIERE UNA NUEVA REFORMA Y UN PACTO FISCAL
· El saneamiento de las finanzas se
orientó al equilibrio fiscal a costa de la reducción del gasto público:
Francisco Hernández y Puente, de la Facultad de Economía
· Dijo que el pacto y la reforma ayudarían a legitimar el papel del Estado y el alcance de las responsabilidades gubernamentales en las esferas económica y social
A pesar de la Reforma Fiscal
aprobada en diciembre pasado por el Congreso de la Unión, tenemos un gobierno
en quiebra, por lo que hace falta una nueva reforma y un pacto fiscal,
entendidos no en un sentido recaudatorio, sino como el acuerdo sociopolítico
básico que legitime el papel del Estado, el ámbito de acción y el alcance de
las responsabilidades gubernamentales en las esferas económica y social.
Aseguró lo anterior Francisco
Hernández y Puente, profesor de la Facultad de Economía (FE), al participar en
la mesa redonda “Reforma Fiscal”, organizada dentro de las actividades de la XXIII
Feria Internacional del Libro, que se lleva a cabo en el Palacio de Minería.
Explicó que a punto de cumplirse 20 años de
estabilización macro económica, cuyo ingrediente fundamental fue el saneamiento
de las finanzas públicas, aún tenemos una crisis fiscal, ya el gobierno federal
orientó el equilibrio fiscal para sanear las finanzas públicas a costa de la
reducción del gasto público.
Por ejemplo, el gasto público programable en
proporción del Producto Interno Bruto, se redujo de 25.4% en 1982, a 15.9% en
el 2000; en tanto que en desarrollo rural cayó de 2.8 a 0.6% en el mismo periodo; el de desarrollo
social, de 10.2 a 9.4% y el de comunicaciones y transportes de 1.8 a 0.4% del
PIB.
Por ello, dijo que con esa nueva Reforma Fiscal
se debe elevar la productividad de dicho gasto, como un imperativo asociado a
un pacto satisfactorio para la sociedad. Además, apuntó, en México se requiere
un reordenamiento de las funciones que desempeñan las distintas instituciones
públicas.
Asimismo, se debe luchar contra la evasión,
fortalecer la tributación directa, los impuestos ecológicos y gravámenes a
algunas actividades financieras; continuar con la simplificación del régimen y
la administración tributaria para minimizar la evasión; disminuir la oferta de
incentivos tributarios y no considerar la generación de ingresos públicos como
el objetivo principal en los procesos de privatización, como ha ocurrido en
México en los últimos 20 años.
Sostuvo que a la Reforma Fiscal habría que
añadir la relacionada con el ámbito de energéticos, laboral, de
telecomunicaciones, entre las más urgentes, las cuales requieren consensos
básicos que la propuesta del gobierno no logró concitar.
Comentó que el proyecto de reforma
redistributiva de la actual administración probó su impopularidad, sobre todo
por ser una propuesta regresiva, ya que se basa en un esquema esencialmente
recaudatorio, a través de la generalización de impuestos al consumo en
alimentos y medicinas.
Por otro lado, la reforma aprobada por el
Congreso no fue la deseada pero sí la posible, ya que logró los consensos
suficientes en un Poder Legislativo, cuya composición ha cambiado de manera
radical y en donde ninguna fuerza alcanza por sí misma la mayoría.
En comparación con la propuesta del gobierno,
ésta apenas recaudará 60 mil millones de pesos, es decir, la mitad de lo que se
proponía.
El especialista universitario dijo que ello
significa, que independiente de las complejidades, procedimientos y aspecto
jurídicos implicados en la reforma aprobada, la recaudación será insuficiente
para que el gobierno enfrente sus necesidades de gasto y menos para revertir
rezagos en materia energética, infraestructura, educación, salud y combate a la
pobreza.
Por su parte, Gildardo López Tijerina, académico
de la misma facultad, reconoció el esfuerzo que hizo el Legislativo para darle
al Ejecutivo Federal el monto de los recursos que necesita para cubrir sus
crecientes necesidades presupuestales.
Expuso que la Reforma Fiscal descansó en un
criterio totalmente diferente al que el Ejecutivo había presentado en abril del
2001, ya que ésta se basaba en gravar con el IVA todos los productos y
servicios, a una tasa generalizada del 15%, mientras que la del Congreso
descansa en el Impuesto Sobre la Renta (ISR), la cual representa 55% de la
recaudación que se obtendrá en el actual ejercicio, el IVA el 28% y el Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios el 11%.
De esta manera, la proporción que representa la
recaudación respecto al valor de la economía es del 12.9%, la más alta
proporción en los últimos 20 años, es decir, la más alta carga fiscal
tributaria que se ha registrado en los últimos años.
Por último, Javier Cabrera Adam, académico de
la FE, aseveró que la captación del Gobierno Federal es muy pequeña, ya que se
ubica en alrededor del 10.5% del PIB, tasa similar a la de los países más
atrasados, y lejana a la de naciones como Argentina, Chile y Uruguay, con
niveles de entre 18 y 20%, y países europeos con tasas superiores al 40%.
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