Boletín UNAM-DGCS-982
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NO SON CONCESIÓN DEL PODER PÚBLICO NI DE LEGISLADORES, LOS DERECHOS HUMANOS
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El magistrado Eduardo Guerrero Martínez dijo que estos derechos son
exigencias fundamentales de cualquier régimen jurídico
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Para Alberto Begné una democracia que no esté sustentada en una base
firme de legalidad es necesariamente frágil
Los derechos
humanos son exigencias fundamentales de cualquier régimen jurídico, no
concesión del poder público ni de los legisladores, afirmó Eduardo Alfonso
Guerrero Martínez, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal.
Al participar en el
ciclo Transición democrática y protección de los derechos humanos, organizado
por la Facultad de Derecho, mencionó que nuestro derecho penal es “muy
protector del procesado y no admite la pena de muerte”, a pesar de que los
delincuentes la aplican en asaltos cotidianos en todo el país.
Debido a que al
parecer quienes tienen derechos humanos son los activos del delito y no las
víctimas, se requieren modificaciones jurídicas que conduzcan a una equidad
procesal para todos y no para unos cuantos.
“La justicia
reclama equilibrio y los derechos humanos no están al margen de ella. A cada
quien se le debe dar lo suyo: vida, libertades, integridad corporal,
propiedades, posesiones y derechos, y eso hay que respetarlo”.
En este sentido,
propuso que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presente una
iniciativa de reforma al Artículo 1° de la Carta Magna. “Sólo en este aspecto
se debería regresar a la Constitución de 1857, donde se establecía que en los
Estados Unidos Mexicanos se reconocen los derechos del hombre y, en
consecuencia, se otorgan garantías, las cuales no podrán restringirse ni
suspenderse, sino en los casos que ella misma establece”, aseguró.
Por
su parte, Alberto Begné Guerra, director general de la revista Arcana, manifestó
que el cambio de México en las últimas dos décadas ha tenido un claro signo
liberal, sin embargo éste no ha sido acompañado por la consolidación de un piso
de legalidad que garantice la eficacia del ordenamiento jurídico y el acceso a
la justicia de todos, independiente de su condición social, raza, situación
económica o nivel educativo.
“Sin lugar a dudas,
una democracia que no esté sustentada en una base firme de legalidad es
necesariamente frágil y, en la medida en que ésta no sea un hecho rotundo en
nuestro país, la consolidación de la vida democrática enfrentará enormes
dificultades”.
En el ámbito de la
justicia del orden común, abundó, “seguimos enfrentando rezagos y problemas de
enorme profundidad, en particular, el del acceso a la justicia”.
El principal
obstáculo para ese acceso es el costo del litigio y, en especial, los
honorarios de los abogados, a lo cual se suma el desconocimiento entre la
ciudadanía, de las leyes y los derechos, añadió Begné Guerra.
Si las
instituciones democráticas, los legisladores y la sociedad no asumimos como
prioridad establecer las condiciones para que las personas accedan a la
justicia, será difícil lograr construir la legalidad y alcanzar la observancia
de las normas, de las cuales los ciudadanos sólo perciben que les imponen
obligaciones pero sin garantizarles derechos.
Mientras la
administración de justicia en México refleje y, peor aún, acentúe la
desigualdad social, “las posibilidades de consolidar la vida democrática
estarán expuestas a las vulnerabilidades de un Estado de Derecho frágil y,
desde luego, a las tentaciones autoritarias, a hacerse justicia por propia mano
y otras barbaridades que vemos en el país”, concluyó.
Por último, Paulina
Vega, coordinadora del Programa de Investigación y Propuestas Legislativas de
la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dijo que
para asegurar el respeto de las garantías fundamentales en la administración de
justicia en México, es necesario tomar distintas medidas.
Ellas, precisó, van
desde la reforma de la legislación actual con la intención de adecuarla a las
estándares internacionales de protección de los derechos humanos, hasta la
instauración de mecanismos de control y fiscalización del actuar de las
autoridades con el objetivo de eliminar prácticas institucionales viciadas.
“Lo anterior debería enmarcarse dentro de una
política nacional de respeto a los derechos humanos, capaz de permear a los
distintos niveles de gobierno y poderes que lo integran”, agregó.
En esa Comisión
“sostenemos que a pesar de ciertos avances que a veces se ven minados con
francos retrocesos, el Estado Mexicano no cumple por completo con su obligación
de garantizar los derechos en la administración de justicia”.
Dicha obligación
debe cumplirse sin pretextos y con compromisos claros, castigando las
violaciones cometidas a los derechos humanos. Sólo así podrá hablarse de que en
México existe democracia real, concluyó.
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Foto 1
Eduardo Guerrero,
magistrado del TSJDF, aseguró que el derecho penal mexicano es muy protector
del procesado y no admite la pena de muerte.
Foto 2
Paulina Vega, de
la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, opinó que
para asegurar el respeto de las garantías judiciales en la administración de
justicia del país se deben tomar diversas medidas.