Boletín UNAM-DGCS-903
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PENAS SUSTITUTIVAS, OPCIÓN PARA COMBATIR LA SOBREPOBLACIÓN EN LAS CÁRCELES
- La carencia de programas adecuados impide su aplicación, señaló
Enrique Díaz Aranda del IIJ.
- El 61 por ciento de la población recluida son probables responsables, que no han sido sentenciados.
Urge
la implementación de sustitutivos en las sanciones penales a fin de mermar el
sobre poblamiento de los centros penitenciarios, sin embargo, la falta de
programas adecuados ha impedido que se practiquen en México aseveró Enrique
Díaz Aranda, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ).
El investigador
universitario destacó que este tipo de recursos aplican sólo en casos en que
sea la primera vez que el sujeto incurre en alguna falta, ya que de tratarse de
algún reincidente se aplicaría la privación de la libertad, para intentar
regenerarlo socialmente.
Explicó Enrique Díaz
que en el caso de los sustitutivos penales el juez debe analizar cada situación
de tal manera que la medida que se adopte signifique un auténtico castigo por
la falta cometida.
Destacó el hecho de
que los centros penitenciarios no están saturados por sentenciados sino por
prisión preventiva, y es que el 61 por ciento de los internos en los
reclusorios son probables responsables a los cuales aún no se les ha dictado
sentencia.
Se trata de
cuestionar, comentó, la conveniencia de llevar a la prisión a una persona que
haya delinquido, porque la realidad demuestra que las cárceles están
sobrepobladas, lo cual deriva en problemas adicionales.
La pena privativa tiene como fin la resocialización
del individuo a través de la educación y el trabajo, esto es, que la persona
pueda estar sujeto a un programa que influya en el individuo al grado de que
pueda reintegrarse a la vida en sociedad.
Sin embargo, esto no se cumple por la falta de
programas reales, incluso por el mal funcionamiento de los talleres al interior
de los centros penitenciarios, agregó.
Es por ello, indicó
Enrique Díaz, que la idea de un derecho penal tiene que ser cada vez más
limitado, toda vez que si el fin es rehabilitar, se deben de buscar las vías o
mecanismos a través de los cuales sí se pueda llevar a cabo la regeneración del
individuo.
El mayor problema está
en los delitos leves, porque, si bien es cierto que la conducta del sujeto fue
grave, también lo es que al sancionarlo a través de la reclusión, se lleva a un
lugar donde se puede correr el riesgo de que ocurra una auténtica
disocialización, “entonces se habla de un derecho penal de tres vías que
incluiría pena privativa de libertad, medidas de seguridad y sustitutivos como
son las multas, semilibertad o los trabajos comunitarios”, acotó.
Asimismo, el investigador
universitario detalló que una persona que comete un delito imprudente, culposo,
es muy probable que no necesite ser resocializada y la privación de su
libertad, lejos de intentar su nueva inserción dentro de la sociedad, lo que
hará será arrancarlo de su entorno en donde está perfectamente adaptado y que
por un accidente se vio involucrado en un delito.
De ahí, la necesidad
de buscar la manera de que se sustituya la pena privativa de la libertad por
otro tipo de sanciones que puedan ser,
incluso, más efectivas para prevenir la comisión de delitos.
Otra alternativa que
no es aplicada ni prevista en la legislación mexicana, pero que se establecen
en otros países con buenos resultados, es la privación de ciertos privilegios,
además de la multa, como es el caso del retiro del permiso de conducir por
determinado tiempo cuando se trate de algún accidente automovilístico.
En el caso del trabajo
comunitario, destacó, la legislación mexicana si los contempla pero no se
llevan a cabo a consecuencia de la inadecuada aplicación de los programas
contemplados.
Se requiere de
programas que contemplen cómo canalizar a las personas y a dónde, pero también
debe tomarse en cuenta los derechos del ciudadano y los derechos humanos,
porque en México tenemos una falsa percepción de lo que son las garantías
fundamentales al grado de que se piensa que éstas implican proteger de todo a
los delincuentes, y no es así, concluyó el investigador.
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FOTO 1
La carencia de
programas impide la aplicación de penas sustitutivas que combatan el
hacinamiento en las cárceles, señaló el investigador universitario Enrique Díaz
Aranda.
FOTO 2
Enrique Díaz Aranda, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se pronunció por la urgencia de aplicar sustitutivos en las sanciones penales.