LOS ADELANTOS EN MATERIA DE TRASPLANTES HACEN DE ÉSTOS PARTE DEL DERECHO A LA SALUD

· El Estado debe garantizar una normatividad adecuada e infraestructura capaz de satisfacer la demanda de órganos, aseguró Víctor Martínez Bullé-Goyri, de la CNDH

· Absurdo que subsistan temores en la población sobre este tipo de intervenciones

Los avances científicos que permiten la realización –cada vez más frecuente– de trasplantes de órganos exitosos imponen al Estado la obligación de establecer una normatividad adecuada para regular esta práctica, así como edificar la infraestructura necesaria para satisfacer la creciente demanda de órganos, afirmó Víctor Manuel Martínez Bullég-Goyri, primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien agregó que los trasplantes ya forman parte del ámbito abarcado por el derecho fundamental a la protección de la salud.

Al participar en el ciclo de conferencias Transición Democrática y Protección de los Derechos Humanos, en la Facultad de Derecho (FD) de la UNAM, Martínez Bullé-Goyri explicó que son muchas las acciones que debe realizar el gobierno para modernizar su sistema de trasplante de órganos.

Una fundamental, y que no implica costo alguno, es completar la regulación de esta actividad mediante la expedición del reglamento para especificar el contenido de las últimas reformas a la Ley General de Salud en materia de trasplantes, indicó.

En la actualidad, sostuvo el también académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es común entre la población el temor ante los trasplantes de órganos, debido a la desconfianza y la corrupción que se asocia a esta práctica médica. Estos planteamientos, precisó, son absurdos.

La legislación actual, señaló el funcionario de la CNDH, no brinda posibilidad alguna para que se haga de los trasplantes de órganos una actividad lucrativa, pues todas las donaciones son a título estrictamente gratuito, y la donación entre personas vivas sólo es permitida legalmente cuando existe una relación entre donante y receptor.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, comentó Martínez Bullé-Goyri, es necesario también tener en cuenta el derecho fundamental a la libertad de creencias. Algunas religiones no admiten los trasplantes, lo cual no debe pasar por alto, particularmente en un país con una heterogeneidad tan acentuada como México.

Víctor Manuel Martínez Bullé-Goyri aseguró que los adelantos en la medicina obligarán en el futuro a considerar otras posibilidades terapéuticas que deberán ser objeto de regulación jurídica por involucrar el derecho a la protección de la salud. Tal es el caso, puntualizó, de la posibilidad de realizar trasplantes con órganos genéticamente modificados extraídos de animales, así como la clonación de tejidos.

En la conferencia también participó el investigador de los Institutos Nacionales de Salud Luis Angel Terán Ortiz, quien comentó que en México la cifra de defunciones anuales por problemas del corazón susceptibles de evitarse mediante trasplante asciende a 70 mil casos. Las muertes anuales atribuíbles a problemas del páncreas suman 50 mil, en tanto que 27 mil son por padecimientos hepáticos.

En contraste, precisó, el año pasado sólo se realizaron en nuestro país 15 trasplantes de corazón y ninguno de páncreas. Terán Ortiz atribuyó el poco desarrollo de esta práctica quirúrgica a la falta de información de la sociedad.

La ley vigente, continuó, ofrece numerosas garantías para garantizar la transparencia en la realización de trasplantes a través de diversos mecanismos como la creación de un Consejo Nacional de Trasplantes, la especificación de las condiciones requeridas para diagnosticar la muerte cerebral de un paciente y el consentimiento tácito de los individuos que son potenciales donadores de órganos. Con este sistema, agregó, se supone que toda persona acepta donar sus órganos si no ha manifestado en vida su voluntad en sentido contrario, y aún así se requiere la autorización de sus familiares.

Terán Ortiz comentó que las reformas legales en materia de trasplante de órganos han tenido un impacto positivo, en particular en lo relativo al de córneas, ya que con posterioridad a la entrada en vigor de dichas reformas se aumentó sensiblemente el número de intervenciones.

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