Boletín UNAM-DGCS-421
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CARECEMOS DE LEYES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE
REGULACIÓN DE LA VIDA PRIVADA
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Ernesto Villanueva, especialista en
derecho a la información, dijo que hay intentos de reforma y cambio democrático
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El maestro en Derecho Agustín Acosta
señaló que no se avanzó en las garantías al derecho a la información porque la
transparencia es incómoda
México todavía carece de leyes de acceso a la
información y que regulen los aspectos de la vida privada y el derecho de
determinación informativa, aunque se advierten intentos de reforma y cambio
democrático expresados por organizaciones sociales, académicas, de editores y
el gobierno federal aseguró el especialista en la materia Ernesto Villanueva.
Al participar en el ciclo de conferencias
"Nuestro derecho a saber de las cosas públicas y el acceso a la
información gubernamental", organizado por la Facultad de Derecho (FD) de
la UNAM en conmemoración de su 50 aniversario, el catedrático de la Universidad
Iberoamericana recordó que hace poco se defendía el secreto gubernamental como
política pública del régimen, situación que cambió en los últimos meses.
Sin embargo, subrayó que la iniciativa de ley
se debe construir con el consenso de los sujetos universales de la información:
ciudadanos, académicos, dueños de los medios de comunicación, periodistas y
usuarios, sin aceptar que el gobierno decida el contenido y tiempos de esta
legislación.
En el auditorio "Eduardo García
Maynez" advirtió que las secretarías de la Contraloría y de Gobernación
muestran su actitud vertical de corte autoritario que contradice la razón de
una ley de acceso a la información.
Al exponer el tema "El derecho a la
información como condición para la democracia y la transparencia", el investigador
resaltó que hace un año el presidente Ernesto Zedillo era el principal enemigo
de reformas al respecto y reivindicaba la secrecia gubernamental como paradigma
del régimen político revolucionario institucional, el cual hoy está en franca
retirada en el ámbito nacional.
Ernesto Villanueva abundó que es fundamental
precisar quiénes son los actores que deben participar en la elaboración y
consenso de la ley que apruebe el Congreso de la Unión.
El derecho de acceso a la información,
puntualizó, abarca una gama amplia como las normas jurídicas en los ámbitos
administrativo, educativo o fiscal, entre otros, porque aun cuando el ciudadano
la tiene frente a sí no sabe qué hacer con ella ni cómo le puede beneficiar o
afectar.
En cambio, prosiguió, en el mundo hay un
esfuerzo continuo porque la información esté al servicio de la comunidad a
través de la intervención del derecho. En 82 países, 43 por ciento del total,
se introdujo de manera constitucional esta garantía y en otras naciones como
Estados Unidos, Reino Unido, Austria, Nueva Zelanda y Hong Kong existen leyes
reglamentarias que posibilitan su ejercicio.
En América Latina, planteó Ernesto Villanueva,
hay avances notables en algunas de estas instituciones, pero subsisten resabios
del pasado autoritario, con prolongados periodos de transición democrática.
Prácticamente todas las constituciones de esta región prohiben la censura
previa.
En materia de acceso a la información pública
pocas naciones la introdujeron a su Constitución como Colombia, Costa Rica,
México, Paraguay y República Dominicana, mientras que Argentina, Colombia,
Costa Rica, Chile y Guatemala la reglamentaron.
Estados Unidos, Guatemala y Belice, con los
cuales México comparte fronteras tienen mayor desarrollo jurídico, legislativo
y constitucional en este rubro, refirió.
A su vez, el maestro en derecho Agustín Acosta
habló sobre "La información pública y el derecho a la privacidad: algunas
consideraciones penales", y comentó que no se avanzó en las garantías al
derecho a la información porque la transparencia es incómoda y desagradable.
Los obstáculos son "pasmosos y
pavorosos", entorpecen la posibilidad de aplicar y regular este derecho,
además de que no se brindó protección a la vida privada.
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