Boletín UNAM-DGCS-207
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EDUCACIÓN FORMAL
OBLIGATORIA HASTA LOS 18 AÑOS DE EDAD, PROPONE RAFAEL PÉREZ PASCUAL
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La mejor preparación, dijo, permitirá a
México alcanzar el nivel de competitividad internacional adecuado
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Presentaron el libro "Las políticas
sociales de México al fin del milenio", coordinado por Rafael Cordera y
Alicia Ziccardi
La población mexicana
requiere educación obligatoria de por lo menos 14 años, para que al adquirir la
ciudadanía a los 18 años de edad tenga una formación completa, situación que
permitirá al país alcanzar el adecuado nivel de competitividad internacional e
ingresar a la modernidad y globalización, afirmó Rafael Pérez Pascual,
investigador del Instituto de Física (IF) de la UNAM.
En la
presentación del libro "Las políticas sociales de México al fin del
milenio", coordinado por los académicos Rafael Cordera y Alicia Ziccardi,
el también profesor de la Facultad de Ciencias destacó que la enseñanza juega
un papel central en el desarrollo del país.
La pobreza
implica carencia de aspectos materiales e ignorancia, para lo cual la educación
es una herramienta de lucha y elemento esencial para conquistar la civilidad de
la sociedad y combatir la discriminación, la violencia y el vicio.
Por ello, abundó, urge
transformar el sistema educativo y reformar la Constitución. En el caso de la
enseñanza obligatoria debe comprender un mínimo de 14 años, incluidos dos de
preescolar.
Luego de señalar que
falta analizar con profundidad los niveles educativos de secundaria y
bachillerato, ya que se encuentran desatendidos por los especialistas, expresó
que los problemas de la primaria van más allá de la disparidad financiera entre
las entidades de la República.
La dificultad esencial
del nivel primaria es su pertinencia y calidad, porque sólo se cumple el
requisito de la asistencia de los niños, con las consiguientes repercusiones
sociales en términos de generación de pobreza.
Puntualizó que la
primaria no contribuye siquiera a que los sectores marginados de la sociedad
puedan adquirir el nivel adecuado en el manejo del lenguaje o capacidad de
lectura y comprensión de textos, hecho que se refleja al llegar a la enseñanza
superior y que muestra "la gran tragedia de la educación en México”.
Pérez Pascual refirió que el libro "Las políticas sociales de
México al fin del milenio", presentado en el aula magna Jesús Silva Herzog de la FE,
incluye datos relacionados con la educación: un graduado de universidad pública
equivale al trabajo de un año de 13.5 mexicanos.
En su intervención, la
economista Clara Jusidman dijo que la agudización de la desigualdad,
persistencia de la pobreza y creciente exclusión determinan las discusiones en
torno a la necesidad de políticas sociales.
Los esquemas de
superación de la pobreza, aseguró, precisan las intervenciones gubernamentales
en los últimos 12 años, sin embargo, se evidencia la necesidad de introducir en
el diseño de programas públicos, en la legislación y organización
institucional, las demandas e intereses específicos de grandes grupos sociales:
mujeres, ancianos, niños e indígenas, entre otros.
Las estrategias
públicas dirigidas a esos sectores, advirtió, son todavía marginales y
“dependen de la voluntad política del gobernante en turno. No acaban de
encontrar su adecuada ubicación institucional, con frecuencia son manejadas con
fines clientelares y en el mejor de los casos se incorporan como programas de
asistencia social”, acotó.
En el fondo es asunto
de igualdad de derechos, reconocimiento de la ciudadanía plena y justicia,
manifestó luego de señalar que muchas de las políticas sociales se fundamentan
en una visión homogénea de las relaciones y jerarquías de las personas dentro
de las estructuras familiares, de los roles de género y el papel de
instituciones sociales básicas como la familia y la comunidad.
A su vez,
Enrique Cabreros académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas
(CIDE) consideró que el libro es oportuno sobre todo en el contexto
contemporáneo, en los cuales los procesos de globalización alteran el papel del
Estado y se da la redefinición de su rol en materia de políticas sociales.
Al respecto
puntualizó: tenemos que olvidar la visión de un Estado hacedor de programas y
aceptar que se trata de políticas particulares específicas.
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