Boletín UNAM-DGCS-1100
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EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, VITAL PARA CONSOLIDAR LA DEMOCRACIA: VALADÉS RÍOS
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Asegura el director del IIJ que el debate
sobre este tema no debe limitarse a señalar las omisiones del pasado
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Se realizó en la Universidad Nacional la mesa
redonda El acceso a la información: la experiencia internacional y los desafíos
para México
El acceso a la información
gubernamental es uno de los temas vitales para toda democracia en proceso de
consolidación, aseguró Diego Valadés Ríos, director del Instituto de
Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, al participar en la mesa redonda El
acceso a la información: la experiencia internacional y los desafíos para
México.
Nuestro país ha tenido que agotar otros pasos,
fundamentalmente referidos a la democracia electoral, antes de llegar a este
momento de su desarrollo político en el cual se abre una nueva etapa en el
proceso de fortalecimiento de su régimen político.
Valadés Ríos explicó que a pesar de la reforma
al artículo sexto constitucional de 1977, con la cual se garantizó el acceso a
la información, México aún no tiene una ley ordinaria que regule esta materia.
Sin embargo, precisó, no es el caso examinar el problema desde la perspectiva
de lo que ha faltado, sino de lo que se plantea hacia el futuro.
Es realmente estimulante que en esta discusión
participe la sociedad junto con el Congreso y los gobiernos Federal y locales.
En este amplio esfuerzo para construir y definir un nuevo modelo institucional
mexicano tiene que estar presente también la academia, subrayó.
Es importante que todos, como la gran
sociedad democrática mexicana,
movilizada para identificar nuevas formas institucionales de expresión, avance
hacia el gran objetivo inmediato que todos nos proponemos: consolidar el
derecho a la información en el país.
En la mesa redonda, realizada en el marco de la
consulta nacional sobre transparencia y acceso a la información gubernamental,
que organizan las secretarías de Gobernación (Segob) y de la Contraloría y
Desarrollo Administrativo (Secodam), junto con la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria, participaron: Richard Huff, procurador general para Asuntos de
Información y Privacidad de los Estados Unidos; Anne Brennan, directora de la
División de Información y Política de Seguridad del Secretariado del Tesoro
canadiense; y Severiano Fernández Ramos, académico de la Universidad de Cádiz,
España.
Richard Huff explicó que Estados Unidos tiene
desde hace aproximadamente 30 años una legislación para garantizar el acceso
del público a la información gubernamental que posibilita a cualquier
particular, e incluso a gobiernos extranjeros, solicitar a las dependencias
gubernamentales norteamericanas que proporcionen información sobre su trabajo y
las políticas que llevan adelante.
Uno de los aspectos más importantes del esquema
norteamericano, indicó, es que nadie está obligado a exponer los motivos por
los cuales solicita una determinada información. El único aspecto en el cual
puede llegar a tener cierta relevancia ese dato, puntualizó, es para determinar
el costo que deberá cubrir el solicitante, ya que las instituciones científicas
y académicas reciben a este respecto un tratamiento privilegiado.
El funcionario estadounidense destacó que la
principal dificultad que el gobierno norteamericano tuvo que enfrentar al
momento de expedir la legislación para facilitar el acceso de los ciudadanos a
la información gubernamental, fue la mentalidad de los servidores públicos,
quienes en un primer momento rechazaban que la información de las áreas a su
cargo tuviera carácter público.
En la actualidad, afirmó, esa idea ha cambiado
radicalmente y los funcionarios del gobierno están convencidos de que el
público tiene derecho a disponer de toda la información que solicite.
Tanto Richard Huff como Anne Brennan se
refirieron al impacto que para los presupuestos públicos de los gobiernos
norteamericano y canadiense significa la operatividad de las legislaciones en
la materia. En el caso norteamericano, se tiene un promedio de 250 millones de
dólares anuales, mientras que en Canadá la cifra es de aproximadamente 20
millones de dólares en el mismo periodo.
Los dos funcionarios coincidieron en señalar
que los cargos ocasionalmente cobrados a los solicitantes para poder
proporcionarles la información requerida no alcanzan ni siquiera para cubrir un
mínimo del gasto público que se destina a ese propósito.
Finalmente, Severiano Fernández Ramos expuso
que la democracia como sistema político depende de la capacidad de los
ciudadanos de participar en los debates públicos, para lo cual requieren tener
acceso a la información.
Esta prerrogativa, integrante de los llamados
derechos de la tercera generación, es característico de lo que actualmente se
conoce como Estado social y democrático de derecho. Esta modalidad estatal se
configura, añadió, con la incorporación del principio de transparencia a los ya
conocidos de legalidad y eficacia de la función pública.
Las garantías de índole jurisdiccional para
asegurar a los individuos el efectivo goce de este derecho, concluyó, pueden
resultar un tanto lentas, por lo cual es necesario que existan instancias
administrativas previas cuya función sea, entre otras, la de elaborar un
conjunto de criterios que sirvan de orientación general a este respecto.
En la mesa redonda estuvieron presentes,
además, José Luis Durán, subsecretario de Comunicación Social de la Secretaría
de Gobernación, y Carlos Arce, titular de la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria.
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