Lugar: Ciudad Universitaria
Fecha: Lunes, 18 de Septiembre de 2000
EL DERECHO A LA INFORMACIÓN ES
PARTE DE LOS DERECHOS HUMANOS: DIEGO VALADÉS
El derecho a la información no
sólo es compatible con los derechos humanos, sino que debe formar parte de
ellos, aseguró el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de
la UNAM, Diego Valadés, quien sostuvo que las democracias peligran donde la
información se convierte en una potestad y se consolidan donde la libertad se
ejerce como un derecho.
La democracia, aseguró,
"es una ficción cuando no rige el derecho a la información y la sociedad
no dispone de garantías eficaces para hacerlo valer".
Al inaugurar el coloquio
internacional "El derecho a la información y los derechos humanos",
organizado por los juristas Jorge Carpizo y Miguel Carbonell, el director IIJ
resaltó que una sociedad está bien informada al disponer de varias opciones
informativas para conocer los hechos.
Pero, cuando a la sociedad se
le niega el derecho a una pluralidad informativa de ángulos y de matices
relacionados con el mismo suceso se le cierran los espacios para la
deliberación e información y, por ende, de libertad.
Al referirse al coloquio,
consideró que en éste deberán examinarse con mayor rigor “el qué y el cómo”
regular el derecho a la información, porque la protección de la intimidad no
puede extenderse ni entenderse como una forma de desprotección de los intereses
colectivos. A su vez, añadió, la tutela del interés general no debe ser
utilizada como pretexto para tentaciones estatistas.
Agregó que también deberán
analizarse los efectos indeseables de la regulación para prever y proveer los
remedios procesales adecuados, pues es indispensable considerar que en las
democracias constitucionales el derecho a la información es absoluto.
Ante juristas mexicanos y de
diversos países de América Latina y Europa, reunidos en el auditorio Héctor Fix
Zamudio, el titular del IIJ precisó que en el tema de derechos humanos y de
información son fundamentales e inseparables los aspectos de libertad y
democracia.
El derecho a la información,
subrayó, ha encontrado amplio acomodo en numerosos textos fundamentales, además
de que en ocasiones aparece vinculado al derecho a la intimidad. Para ello, se
parte de una realidad: los órganos del poder y los particulares hoy disponen de
instrumentos técnicos, por lo que se ha generado la exigencia de respuestas
legales que garanticen la protección de la intimidad.
Diego Valadés abundó, en
entrevista, que la protección de la intimidad de las personas se da con
relación al poder. Es uno de los aspectos centrales en la relación
gobernado-gobernante: el poder dispone de gran información sobre cada uno de
los habitantes, en cualquier ámbito, ya sea fiscal o sanitario, entre otros.
Los gobernados, dijo, tienen
derecho a que la información relevante sobre su privacidad sea estrictamente
para ellos, y no esté disponible para uso discrecional por parte del poder.
"Necesitamos también saber lo que el poder conoce de nosotros, ese es el
recurso habeas data".
Sin embargo, el jurista aclaró
en el caso de los funcionarios del gobierno no se trata de que se escondan, se
refugien o convierta sus actos o actividades públicas en privadas. "El
servidor público sólo tiene vida pública, lo que importa es que seamos los
gobernados los que no estemos, en cuanto a lo que el poder sabe de nosotros, al
arbitrio de lo que el poder quiera difundir".
Valadés explicó que el derecho
a la información es un antídoto frente a cualquier tentación de acciones
autoritaria. Una democracia, añadió, necesita estar eficazmente informada, los
comunicadores contar con garantías plenas para poder ejercer su función y los
informados -en este caso las personas- con derechos que les permitan acercarse
a la información, presumiendo que lo hará con fuentes fidedignas, confiables y
objetivas.
El funcionario universitario,
hizo énfasis en que el actual proceso de cambio que vive el país es importante
e intenso, pero no se debe dejar que recaiga sólo en la naturaleza electoral
porque ese capítulo ya se consolidó, fue la primera fase de la lucha por la
democracia. Ahora, detalló, falta la institucionalización de la nación, cuya
actividad sea controlada por la opinión pública, pero también por otras
instancias de poder. Esto, en buena medida se consigue cuando el derecho a la
información se regula en forma adecuada.
Por su parte, el investigador
y coordinador del evento, Jorge Carpizo, comentó durante el evento y luego en
entrevista que el derecho a la información debe estar regido por la
responsabilidad ética de todos. "Queremos -puntualizó- una legislación
moderna que, indudablemente, asegure una serie de derechos y facultades, pero
también precise las responsabilidades, porque la libertad ilimitada es lo
contrario que existe a la democracia y a la dignidad humana".
El especialista sostuvo que no
puede existir una actividad humana regulada por el orden jurídico y, menos, una
cuya acción es fundamental para la sociedad.
En la primera mesa, que tuvo
como tema central "Compatibilidad del derecho a la información y los
derechos humanos: doctrina, legislación y jurisprudencia comparadas",
participaron los juristas Humberto Nogueira, Sergio López y Juan José Ríos; así
como el senador panista Javier Corral y, el comunicólogo José Carreño.
Carreño Carlón destacó que no
se puede restringir la información por medios indirectos como son la
distribución del papel y la concesión en los medios audiovisuales de
comunicación.
Planteó que con relación al
derecho a la información en México, se ha vivido la prevalencia de un modelo de
subordinación de los medios a la usanza de los años 20´s ó 30´s, en un
acelerado tránsito a un esquema de colusión y complicidades en el que el poder
público ha pasado a dosificar o limitar sus acciones de subordinador de los
medios, sólo cuando los asuntos son de mayor interés o apremio.
Resaltó que México se ha
automarginado del Estado de Derecho internacional en el campo del derecho
humano de la información y éste rezago normativo tiene una correspondencia
dramática en la realidad de los medios de comunicación nacionales.
En su oportunidad, Humberto
Nogueira Alcalá, catedrático de la Universidad de Talca, Chile, apuntó que no
existen mecanismos legítimos para distinguir entre libertad de opinión y de
información. Señaló que la opinión podría reconocerse porque se trata de
juicios que no se sujetan a la objetividad y, por ende, hay mayor libertad.
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