Boletin:

UNAM-2000/397

Lugar:

Ciudad Universitaria

Fecha:

Miércoles, 12 de Julio de 2000

INSUFICIENTE EL SUBSIDIO FEDERAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Debe invertir más el Estado en la educación superior

Investigadores universitarios analizaron el tema del subsidio federal

Durante el tercer día de trabajos del Encuentro de especialistas en Educación Superior, que se realiza en la Torre II de Humanidades, economistas de

diversas instituciones de educación superior analizaron el tema “Políticas Estatales y Universidad”.

José Guadalupe Gandarilla Salgado, catedrático del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM,

aseguró en su participación que durante el presente sexenio se registró una caída en el subsidio federal destinado a la educación superior.

De acuerdo con el presupuesto de egresos de la Federación para este año, agregó el investigador, el subsidio federal fue de poco más 28 mil

millones de pesos. Con ello, informó, se demuestra categóricamente que no es correcta la presunción de que el presupuesto destinado a la

educación superior aumentó en términos reales.

Si en las estimaciones de gastos por alumno, se incluye a aquellos jóvenes en posibilidad de realizar estudios profesionales, es decir, la demanda

potencial no atendida y los jóvenes desalentados –que según cálculos recientes de 1995 a 1998 promediaron 23 mil por ciclo sólo en la zona

metropolitana de la Ciudad de México, y se estima que aumentaron hasta 30 mil en 1999 y 2000– las caídas en los presupuestos educativos para la

educación superior y para la UNAM adquieren su real dimensión.

En tanto, Salvador Martínez Della Roca, catedrático -con licencia- del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE), afirmó que de cada 100 niños y

niñas que ingresan a primer grado de primaria, sólo 2.5 por ciento obtiene título universitario y 0.4 por ciento cursa un posgrado; es decir, el 99.6 por

ciento de la población mexicana no tiene posibilidades reales de cursar una maestría o un doctorado.

Además, añadió, durante 1991 en México el número de científicos e ingenieros dedicados a la investigación y al desarrollo experimental era de 23

mil; en contraste con los socios comerciales, Canadá y Estados Unidos, dijo, tenía 63 mil y 949 mil, respectivamente, lo que muestra claramente el

significado de “ser un país subdesarrollado”.

De igual manera, apuntó que mientras el gasto en investigación y desarrollo experimental que el país asignó durante 1997 fue del 0.34 por ciento del

PIB, Canadá destinó el 1.6 por ciento y Estados Unidos el 2.71 por ciento.

“Es urgente instrumentar una política pública que incremente la producción de conocimiento, favorezca el aumento de egresados de posgrado, única

forma de garantizar la permanencia, mantenimiento y superación de las áreas de investigación”, subrayó.

En su oportunidad, Martiniano Arredondo Galván, investigador del Centro de Estudios Sobre la Universidad (CESU), apuntó que a partir de la década

de los años 80 se hizo evidente la necesidad de la reforma universitaria a la que no fueron ajenos los movimientos estudiantiles.

A finales de 1978 se clausuró un ciclo en el ámbito de las modalidades y procedimientos para la generación e implantación de políticas y criterios

para la educación superior, en particular para las universidades públicas y dio paso a la adopción de un mecanismo para generar y aplicar políticas y

medidas en la educación superior con la intervención directa del gobierno federal.

Consideró que el actual financiamiento a la educación superior se ha convertido en una forma de obligar a la adopción de ciertas políticas y el

manejo del presupuesto ha sido una medida eficaz de inducirlas.

En este foro también participaron Wietse de Vries, director de Planeación e Investigación de la Universidad Autónoma de Puebla, así como Gonzalo

Varela y Sergio Martínez Romo, del Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco.

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