Boletin: UNAM-2000/275
Lugar: Ciudad Universitaria
Fecha: Sábado, 27 de Mayo de 2000
EL 60 POR CIENTO DE LOS
CAPITALINOS CARECE DE UNA VIVIENDA LEGAL Y DIGNA
En la ciudad de México,
alrededor del 60 por ciento de la población vive en terrenos irregulares
carentes de servicios, mientras que otro 30 por ciento posee una vivienda de
interés social de 60 ó 70 metros cuadrados, afirmó Sergio Flores Peña,
coordinador de la Licenciatura de Urbanismo dela UNAM.
En entrevista, indicó que las
zonas donde se presentan mayores invasiones de terrenos se ubican en el sur de
la ciudad, “donde, incluso, se rebasan las reservas ecológicas principalmente
de las delegaciones Alvaro Obregón, Cuajimalpa y Magdalena Contreras”. Así como
en Tecamac, Cuautitlán Izcalli, Lago de Texcoco y Huixquilucan, estado de
México.
El catedrático manifestó que
no existe una política de planeación urbana efectiva. “La planificación del
gobierno ha sido emergente en los últimos 30 años, pues se han ido
regularizando los terrenos que fueron invadidos por gente que carecía de
vivienda, llevando en ocasiones los servicios a lugares de difícil acceso”.
El fenómeno de los
asentamientos irregulares, expresó Flores, tiene su origen principalmente en la
pobreza de las personas que emigran a las ciudades en busca de mejores
oportunidades. Al no tener acceso a una vivienda “buscan la forma de hacerse de
un terreno donde puedan habitar mientras desempeñan algún trabajo en la
ciudad”.
Esta necesidad ha sido
aprovechada por grupos, organizaciones y partidos políticos que promueven la
invasión de predios, “se asumen como gestores ante la autoridad y obtienen un
beneficio económico o electoral, y en este sentido se ha convertido en un medio
de control político”.
El llevar los servicios
básicos de agua potable, drenaje, electricidad y pavimentación a los
asentamientos irregulares puede tardar hasta 20 años pues los terrenos son de
difícil acceso, están en los cerros, los barrancos y se trata, además, de
ejidos, zona federal o de reserva ecológica. Esto tiene un gasto oculto -agregó
el urbanista-, ya que la gente tiene que pagar por tener los servicios de
manera permanente.
Contar a la larga con todos
los servicios, una vez que se reconoce la propiedad, implica sujetarse a
intereses políticos y a la capacidad que se tenga de pago; por un lado, los
partidos gestionan ante la autoridad que se les dote de servicios a sus
simpatizantes, mientras que el gobierno no tiene los recursos suficientes.
A pesar de que el gobierno
cuenta con programas de vivienda como el Infonavit y Fovissste, que construyen
y otorgan vivienda a los trabajadores, “la mayoría no gana lo suficiente - en
promedio obtienen de 1 a 2 salarios mínimos - o bien trabajan en el sector
informal, lo que los impide el acceso a una vivienda de interés social”.
El investigador concluyó que
el problema de los asentamientos irregulares continuará en el futuro, “la
población seguirá creciendo y buscando oportunidades en las ciudades”.
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