El asesinato de Silvestre de la Toba Camacho, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, y de su hijo, y las lesiones causadas a su esposa y a su hija en el mismo hecho, son, además de una profunda tragedia para sus familiares y amigos, una ofensa mayúscula para la sociedad.
A pesar de la violencia desbocada y de la patente de corso que la impunidad ha otorgado a los criminales, ningún ombudsman había sido asesinado o atacado gravemente en nuestro país en 27 años de vigencia de la institución.
Parecía que las personas que representan a las instituciones públicas de defensa de los derechos humanos estaban automáticamente protegidas por lo que representan: la dignidad humana en su más acabada expresión. Acabamos de ver, con espanto, que no es así. Los criminales están dispuestos a todo dada la ineptitud de las autoridades para ejercer el primer deber de los gobernantes: garantizar la seguridad de las personas.
Desde luego, es elemental la exigencia de que se detenga a los asesinos y se haga justicia, pero la gravedad del crimen debe ser una llamada para que los gobernantes, la academia y la sociedad civil hagamos un esfuerzo auténtico y efectivo de reflexión y trabajo para reparar la ruina en que se han convertido las instituciones de seguridad pública y justicia penal.
Asimismo, es indispensable y apremiante que se tomen las medidas adecuadas y suficientes para proteger eficazmente tanto a los integrantes de las instituciones públicas, como a los miembros de las organizaciones civiles de derechos humanos.
Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM
Villa Coyoacán, Ciudad de México, 21 de noviembre de 2017
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