Simplificar los procedimientos y carga de trabajo de los funcionarios de casilla el día de las elecciones, procurar que las denuncias de coacción y compra de voto no queden en la impunidad, así como revisar la viabilidad de las coaliciones parciales son algunos de los temas que deben analizarse tras las pasadas elecciones en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz.
Así lo afirmaron especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM en el seminario “Coahuila, Estado de México, Nayarit, Veracruz: lecciones aprendidas de cara al 2018”, en el que también participaron presidentes y consejeros de los institutos electorales de esas entidades.
En la inauguración, el director del IIJ, Pedro Salazar Ugarte, destacó la pluralidad del evento y la imparcialidad con que se analizan estos eventos, pero la imparcialidad política no supone neutralidad.
“Estamos comprometidos con la institucionalidad democrática, con valores como el diálogo, la deliberación, la tolerancia, el respeto, la laicidad y discusión enterada. Los resultados electorales pueden interpretarse de muchas maneras, pero debemos hacerlo sobre la base de la consolidación institucional que permita recrear la diversidad, de manera pacífica”.
María Marván, investigadora del IIJ y moderadora del panel “Valoración general de las cuatro elecciones. Valoración de las autoridades electorales locales”, cuestionó si se debe seguir permitiendo que el ciudadano divida el voto, pues es muy complicado, toda vez que puede votar por uno o varios emblemas, pero si incluye uno que no es, se anula.
En tanto, Gabriela de León Farías, presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, expuso que en la jornada del 4 de junio se eligió al gobernador, 25 diputados y 38 alcaldes de esa entidad, en la que hubo una participación del 61 por ciento.
Contendieron 15 partidos políticos, 21 candidatos independientes, y hubo una coalición parcial formada por siete partidos –que postularon un mismo candidato a gobernador, pero no los mismos diputados y ayuntamientos–, lo que generó 120 posibles formas de votar; mientras que en la coalición formada por cuatro partidos, 11 formas posibles de sufragio.
“Si votar era complicado, lo mismo fue computar. Provocó inconsistencias en el llenado de las actas y un retraso inusual. Hubo ciudadanos a las 01:00 horas del día siguiente haciendo el cómputo y el conteo rápido, que representaban el 20 por ciento de las casillas. No se pudo tener, sólo se recibieron llamadas con el 54.2 por ciento de la muestra y no se podía dar un ganador, lo que se mal interpretó”, explicó.
Ante la situación, De León Farías se pronunció por dar una mayor capacitación a los funcionarios de casilla y simplificar los procedimientos que se les piden. Actualmente, resaltó, se les solicita llenar un acta de apertura, de cierre, de incidencias y demás, que podrían contemplarse en un acta única.
En su oportunidad, el presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz –entidad con el tercer padrón electoral más grande del país, con más de cinco millones 570 mil votantes–, José Alejandro Bonilla Bonilla, se pronunció por difundir entre la población la diferencia entre el conteo rápido –que es una muestra de las casillas– y el Programa de Resultados Preliminares, a fin de que no se argumente fraude electoral.
Las variaciones que se registran, principalmente porque el PREP incluye todas las actas (incluso de regiones apartadas), son utilizadas por candidatos o partidos para argumentar fraude.
Además, aseveró que ante la compra y coacción de voto se debe impulsar la cultura de la denuncia. “Hay impunidad en tanto la denuncia no concluya en sanciones”.
En el auditorio Héctor Fix-Zamudio, Celso Valderrama, presidente del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, expuso que se requiere revisar las facultades y límites del Instituto Nacional Electoral y los OPLE, así como armonizar calendarios electorales. Sin embargo, el mayor trabajo es hacer que los partidos respeten los resultados, independientemente de sí les favorecen o no.
La oposición argumenta que las elecciones son limpias si les favorecen, pero si no, argumentan fraude, remarcó.
El consejero del Instituto Electoral del Estado de México, Saúl Mandujano, informó que de las elecciones del pasado 4 de junio para gobernador, hay por resolver 130 medios de impugnación, que deberán estar listos antes del 16 de agosto. Posteriormente, los partidos y candidatos aún pueden recurrir a tribunales federales.
Aunque los partidos solicitaron el conteo voto por voto a nivel distrital, las leyes electorales sólo permiten el recuento parcial. El Instituto, dijo, se pronunció por ser flexibles a abrir los paquetes que fueran necesarios, de acuerdo a los preceptos de la norma, pues una apertura indiscriminada generaría incertidumbre y una eventual anulación de la elección.
Estuvieron presentes los investigadores del IIJ y coordinadores del seminario, Flavia Freidenberg y César Astudillo Reyes, así como el presidente de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas y del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mario Velázquez.
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