En México se vive una grave crisis en los sistemas de seguridad y justicia, con un crimen organizado violento, en donde se requiere un rediseño de las políticas públicas con un enfoque funcional y transparente, señalaron especialistas de la UNAM.
En el marco de los Foros Universitarios “La UNAM y los desafíos de la nación”, José Medina Romero, académico de la Facultad de Derecho y exsubprocurador de la República, sostuvo que la seguridad y la justicia deben ir de la mano para poder hablar realmente de un Estado de Derecho, tarea que tiene que ver con las instituciones del Estado, a nivel federal, estatal o municipal.
Él, recordó, es responsable de brindarnos nuevos esquemas y políticas públicas eficientes para enfrentar el fenómeno del crimen organizado y aquellos efectos que no sólo golpean a las personas y su patrimonio, sino que rompen el tejido social.
Es necesario hablar de una política de Estado de transparencia y rendición de cuentas. Y el punto de partida sería la transformación de la Procuraduría General de la República en una Fiscalía General de la República con características primordiales que permitan transexenalidad, exención de posicionamientos partidistas y una rendición de cuentas abierta ante la soberanía del país.
Por su parte, Guillermo Valdés Castellanos, ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), refirió que en el país irrumpió un nuevo sujeto social de manera violenta: el crimen organizado, del cual sabemos muy poco. “Como país es vergonzoso que tengamos este hueco de conocimiento” y si desconocemos al sujeto, también a las políticas adecuadas para combatirlo.
Recordó que en las décadas de los 60 a los 80 había una sola corporación dedicada al narcotráfico, la cual se escindió en seis organizaciones, entre ellas los cárteles de Sinaloa, Juárez, Tijuana y del Golfo. Comenzaron entonces los conflictos entre ellas para controlar la producción y exportación de droga. Luego, por conflictos internos y la acción del Estado, éstas a su vez se fragmentaron y surgieron nuevos grupos, hasta llegar a 12, como Los Zetas o Los Templarios.
En una segunda etapa, continuó la fragmentación, y las organizaciones regionales han dado paso a alrededor de 250 bandas disputando no sólo el negocio del narcotráfico sino otros mercados ilegales. Así, hay crimen organizado para el robo de hidrocarburos, tráfico de indocumentados, extorsión o secuestro. Se trata de un fenómeno muy complejo que hay que estudiar para definir políticas específicas y estrategias eficaces, concluyó.
Al participar en la Mesa 2 del Foro Política de Estado para la Seguridad y Justicia, “Evaluación de las políticas operativas, conceptuales y legales”, José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, refirió que ha habido avances enormes en la parte de derechos humanos, juicio de amparo, control de constitucionalidad, pero por otro lado, una extraordinaria crisis de la seguridad en el país.
Así, al Poder Judicial de la Federación se le presenta la dificultad de garantizar los derechos humanos en esas condiciones, lo cual genera una tensión enorme y una importante crítica a ese poder, como si no entendiera el tiempo en el que vive y las condiciones del país.
Ni las policías, ministerios públicos, defensores públicos y forenses, han adquirido las habilidades necesarias para contender, actuar y ser asertivos en un nuevo sistema de justicia como el que hoy tenemos, por lo que éste no se ve hoy como un sistema completo y funcional.
En el aula magna Jacinto Pallares de la (FD), José Mario de la Garza, presidente de la Barra de Abogados, opinó que la gravedad de la crisis en los sistemas de seguridad y justicia se refleja en datos como que 96 por ciento de las personas que sufren un delito no lo denuncian, y la posibilidad de imponer sanciones es de solo dos a cinco por ciento, lo cual significa que 98 por ciento de los delitos que se cometen en México no tienen una consecuencia.
Ante el fenómeno, lo que se ha hecho en diferentes entidades es inventar delitos o aumentar las penas, por lo que el experto señaló la necesidad de reflexionar sobre un código penal único para todo el territorio nacional, con algunas salvedades, como el aborto.
Asimismo, sugirió repensar la arquitectura, el modelo de funcionamiento de las diferentes procuradurías, cuyo desorden provoca que el procesamiento de las denuncias, el seguimiento, los protocolos, sean diferentes en cada entidad. Además, buscar una ley que regule el ejercicio de la profesión de los abogados en los ámbitos de la ética profesional y de educación jurídica continua.
El especialista en seguridad nacional, Alejandro Hope, explicó que el incremento de la violencia no se da en un vacío, sino que sucede en un entorno internacional específico.
Hay una serie de factores externos, consideró, que pudieron haber jugado un papel importante, como la política de armas en EU que tiene una correlación estadística significativa con la disponibilidad de armas de fuego en el lado mexicano, o el endurecimiento de la frontera posterior al 11 de septiembre de 2011, que redujo el número de cruces potenciales y que volvió más caro llevar la droga a la Unión Americana.
Además, la persistencia de la violencia debería llevar a una reflexión sobre el carácter endémico del fenómeno, que ha acompañado a los mexicanos desde hace muchas décadas y sin importar el signo del partido en el poder. Es un fenómeno que requiere transformaciones estructurales, opinó.
Por último, Luis Esteban Islas Basilio, en representación de Renato Sales Heredia, comisionado Nacional de Seguridad Pública, señaló que la pregunta relevante que se debe hacer es cuáles son los factores que inciden en los ciclos de violencia relacionados con el crimen organizado, donde se registró un incremento entre 2008 y 2011, una disminución entre 2012 y 2014, y un nuevo incremento entre 2015 y 2016.
Si no entendemos el problema y cuáles son los elementos que inciden en él, como en todo proceso de política pública, no seremos capaces de resolverlo. Y aún no podemos explicar con certeza cuáles son las variables que intervienen, finalizó.
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