Nuestro país posee el sistema más robusto de instituciones públicas en materia de garantías individuales del continente; sin embargo, también es el más denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmó en la UNAM Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de dicho organismo.
Al impartir la conferencia magistral La situación de los derechos humanos y la respuesta de la sociedad organizada en México, resaltó que tenemos 32 organismos públicos y una institución nacional en el rubro, a los que se destina un presupuesto anual de 200 millones de dólares. “Entonces, ¿por qué la gente no acude a estas instancias? Eso es parte de lo que debemos discutir”, planteó.
En los últimos tres lustros el país ha estado expuesto a un escrutinio internacional en el renglón, pero no podemos esperar que de esto emanen respuestas, porque para ello es preciso cumplir las recomendaciones. Si no lo hacemos el escenario se agravará. Uno de los desafíos es instrumentar una política pública relativa a niveles federal, estatal y municipal, aseveró.
Si bien en el primer ámbito hay avances, aún existen entidades que no han modificado sus leyes y en los municipios el panorama es peor, porque las gerencias de gobierno no contemplan las garantías referidas, destacó al participar en el Programa en Investigación Ciudades, Gestión, Territorio y Ambiente, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM.
En esencia, las imputaciones formuladas a la CIDH tienen tres procedencias: la sociedad civil, abogados litigantes y personas en lo individual. En 2015 se presentaron mil 164 peticiones de los 35 Estados miembro, y de éstas, 849 fueron de México.
Esto puede interpretarse de dos maneras: que los distintos actores tienen condición para ejercer sus derechos, los conocen, denuncian las violaciones y encuentran en la entidad referida una instancia para resolverlos, o que esta cifra es el reflejo de una crisis en ascenso, es decir, que a falta de respuestas a nivel interno se acude a ámbitos externos, dijo.
En el encuentro —moderado por Laura Loeza Reyes, investigadora del CEIICH— refirió las medidas cautelares emitidas por la CIDH, a las cuales describió como un sistema de emergencia de protección inmediata donde no se juzga, sino que se le dice a la autoridad qué hacer para evitar vejaciones mayores.
“Aquí hay principios disparadores de participación pública, pues parte importante de las solicitudes provienen de actores civiles interesados en defender los derechos humanos”, señaló.
Hoy, la sociedad encara la exigencia de presentar pruebas de todo lo aseverado; ya no basta confinar el hecho, ahora estos indicios deben remplazar el discurso, lo que demuestra la importancia de la evidencia científica como sustento de la investigación de la justicia, concluyó.
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