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Boletín UNAM-DGCS-368
Ciudad Universitaria.
06:00 hs. 26 de junio de 2015


Marisol Anglés

   

ÍNDICE DE DEMOCRACIA AMBIENTAL, HERRAMIENTA PARA EL CONTROL DE NUESTRO ENTORNO

• Es una plataforma que categoriza las leyes y prácticas relacionadas con el acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en 70 países
• En 2014, las leyes y prácticas fueron calificadas por más de 140 especialistas; por México participaron Diana Ponce, consultora egresada de la FD, y Marisol Anglés, del IIJ de la UNAM

La participación pública en la toma de decisiones es fundamental para garantizar la sostenibilidad en el planeta; por eso es indispensable tener acceso a la información y, ante la vulneración de su garantía, debe existir una vía jurisdiccional de defensa.

En este contexto, el Índice de Democracia Ambiental (EDI por sus siglas en inglés) fue desarrollado por The Access Initiative y el World Resources Institute,con el fin de identificar el cumplimiento de los países en cuanto a los derechos a documentarse, contribuir o exigir justicia en la materia, reconocidos en el Principio 10 de la Declaración de Río, adoptada en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en el año 1992.

Para explicar su funcionamiento, se reunió un equipo de expertos vinculados con el tema: Andrea Cerami, Olimpia Castillo, Tomás Severino, Diana Ponce y Marisol Anglés, pertenecientes a organizaciones civiles y a la academia.

En 2013, México fue uno de los 13 países donde se hicieron las pruebas piloto de 75 indicadores legales para la generación del índice, construidos a partir de los parámetros establecidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), con la presencia de Juan Carlos Carrillo, de FUNDAR, y Tomás Severino, de la organización Cultura Ecológica.

En 2014, las leyes y prácticas fueron calificadas por más de 140 especialistas; en el caso de México por Diana Ponce, consultora egresada de la Facultad de Derecho (FD), y Marisol Anglés, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), ambas entidades de la UNAM. En una escala de cero a tres se calificó el desempeño de los gobiernos al dar seguimiento y registrar problemas que involucran a los derechos referidos.

Como resultado del análisis se ubicaron en los primeros sitios Lituania, con un puntaje global de 2.42, y Latvia de 2.31; mientras que Namibia, con 0.59; Malasia, con 0.58, y Haití, con 0.51, se colocaron en las últimas posiciones, especificó Olimpia Castillo, de Comunicación y Educación Ambiental.

Nuestra nación ocupó la posición 20, con 1.74 puntos, los cuales se dividen en: 0.78 en participación pública, 2.43 en acceso a la información, y 2.0 a la justicia, lo que le ubica por debajo de países latinoamericanos como Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, El Salvador y República Dominicana. No obstante, nos encontramos por encima de Chile, Argentina, Nicaragua, Trinidad y Tobago, y Venezuela, afirmó Ponce.

Aún existen retos y desafíos y, por ende, en lo relacionado con la colaboración en la toma de decisiones sobre el entorno, pues documentarse es el insumo para figurar en estos procesos. De igual forma, las vías de acceso a una verdadera protección en el rubro carecen de mecanismos adecuados. Más información en http://www.environmentaldemocracyindex.org/.

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