Pese a contar con servicios especializados, la atención médica que reciben los enfermos de trastorno afectivo bipolar (TAB) no suele ser integral. Sin embargo, estos pacientes la consideran eficiente por el hecho de recibir fármacos, indicó Sara Marcela Vargas Cuadros, estudiante de la maestría de Trabajo Social.
En la presentación de su proyecto de tesis Trayectoria social de personas diagnosticadas con trastorno afectivo bipolar (TAB), dijo que la carga social de este dictamen recae sobre la familia, pues los afectados suelen ser excluidos.
Al participar en el X Coloquio de maestrantes en la disciplina, organizado por la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la UNAM, la especialista en metodologías de investigación por la Universidad de Antioquia, Colombia, señaló que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada cuatro individuos en el planeta, en algún momento de su vida, sufrirá alguna enfermedad mental o afectación por estrés postraumático, posparto o por depresión ante la muerte de un ser querido.
En el auditorio dos de la Unidad de Posgrado, Vargas Cuadros planteó que se trata de un tema que no sólo debe abordarse desde el área de la salud, sino desde la perspectiva del trabajo social.
La Ley 1616 de Salud Mental de Colombia, dijo, garantiza y ratifica como derecho la atención integral en salud mental. Sin embargo, son las organizaciones civiles las que se encargan de brindar apoyo y acompañamiento psicosocial para la inclusión, que la consulta y medicación no proveen.
Como parte de su estudio, realizado en población atendida por la Asociación Colombiana de Bipolares, capítulo Medellín, se percató de que la familia de los diagnosticados con TAB recibe la mayor carga de estigma. Por diversos procesos, durante el tratamiento los afectados olvidan parte de sus crisis y de su trayectoria, pero la parentela se mantiene atenta y vigilante.
Un sujeto con este padecimiento “ve afectada su vida normal y enfrenta una serie de cambios para los cuales no está preparado; se da cuenta de que la estructura social lo excluye incluso de algunos derechos como la salud mental integral, que en Colombia es una ley”.
Esa norma exige la integralidad, aunque ésta no la concede el Estado; son las propias personas quienes, con ayuda de organizaciones civiles, buscan la inclusión mediante información que las instituciones de salud no proporcionan, pues se limitan a hacer un diagnóstico y prescribir medicamentos.
El bienestar psíquico y emocional se ha estudiado desde la perspectiva médica, pero es poco abordado por el ámbito del trabajo social; es un tema de estudio que brinda muchas oportunidades de investigación.
“Más allá de la enfermedad, la labor de nuestra disciplina es comprender que la importancia no radica en los trastornos, sino en la salud mental, que en general debería brindarse a la población y no sólo a quienes padecen este tipo de afecciones”, concluyó.
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