El rezago en los pueblos originarios no es resultado del olvido, fragmentación, lejanía o negativa a participar en el desarrollo, sino de un modelo extremo de disparidad social con estrategias de combate a la pobreza que muestra su inoperancia y ausencia de resultados, expuso José del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad (PUIC) de la UNAM.
Las medidas referidas constituyen una lógica del Estado que considera a los sectores e individuos más desfavorecidos sujetos privilegiados de programas ostentosos, que cumplen la función de mantenerlos en esa condición, con el menor costo político posible, añadió en el Seminario Permanente sobre Migración Indígena.
Analizar, cuantificar y delimitar la miseria es una preocupación compartida por gobiernos y organismos internacionales, pero la prioridad debería ser atender sus causas, puntualizó en el Auditorio Ricardo Torres Gaitán del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de esta casa de estudios.
Las reformas recientes no auguran cambios sustantivos en la relación de estos pueblos con el Estado. Las propuestas pueden implicar la transgresión de sus derechos hasta lograr su extinción y cometer, explícitamente, un etnocidio tipificado en la legislación internacional.
Cifras de la disparidad
Al respecto, Del Val Blanco dijo que los estudios y mediciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) advierten que la pobreza y desigualdad tienen sus máximas expresiones en los municipios con mayoría originaria.
Sólo uno de cada cuatro mexicanos indígenas cuenta con estudios de secundaria completos o ingreso al bachillerato (el promedio nacional es de más del 50 por ciento de cobertura en estos niveles). Asimismo, el sector presenta las mayores carencias respecto al acceso a alimentación y condiciones de la vivienda, según los informes más recientes del organismo.
En contraste, sus tasas de ocupación son de entre 70 y 90 por ciento en personas de 25 a 59 años y superiores a las dos quintas partes de los mayores de 60. En el medio urbano trabajan, principalmente, en construcción y en el sector terciario informal, actividades mal pagadas y de baja calificación.
La mayoría carece de elementos mínimos o esenciales, lo que los limita en el ejercicio de sus derechos sociales, garantías que no se cumplen o que son inexistentes para ellos. Organismos internacionales advierten que la situación de estos pueblos en América Latina es más adversa que la revelada por cifras oficiales, puntualizó.
Recientemente, elementos como los hidrocarburos, los minerales, el agua, la biodiversidad y hasta los saberes tradicionales son considerados mercancías. La mayoría de los países de la región han renunciado a su soberanía territorial y a la potestad primaria sobre sus recursos estratégicos en perjuicio de sus poblaciones.
En la primera mitad del siglo XX, en México se concesionaron más de 51 millones de hectáreas del territorio nacional, destinadas a 24 mil 351 proyectos mineros. El crecimiento inmediato de esa industria exigió en 2011 la entrega de mil 512 concesiones nuevas, hasta por medio siglo, a cerca de 300 empresas extranjeras.
Los pueblos indígenas enfrentan el despojo, instalado como alternativa única para el desarrollo y crecimiento, impuesta sobre comunidades, recursos, territorios y culturas.
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