Una sociedad incluyente es aquella que reconoce y respeta los derechos de quienes tienen algún tipo de discapacidad. Sin embargo, para lograr su inclusión se les debe dar acceso pleno –y en condiciones de igualdad– a la educación, empleo, salud y cultura.
La actitud hacia ellos debe ser de aceptación y respeto y no de discriminación, toda vez que la vulnerabilidad de este segmento tiene sus orígenes en aspectos socioculturales y no biológicos. Es la sociedad quien los hace “discapacitados” porque no les brinda los medios para incorporarse a actividades a las que tiene acceso el resto de la población. Constituyen el sector con más dificultades para acceder a la educación, aseguró Elia Lázaro Jiménez, profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la UNAM.
Es una situación que sigue invisible para muchos, por ello se les considera un grupo vulnerable; para cumplir con su inclusión es necesario generar una cultura al respecto y difundir el conocimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyos principios generales destacan el respeto a la dignidad, la autonomía individual, la no discriminación, la participación e inclusión, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad y la equidad entre el hombre y la mujer.
En México, por ejemplo, el número de personas con discapacidad económicamente activas es de 1.6 millones, aproximadamente; de ellas se tiene una tasa de participación económica del 30 por ciento, con un impacto de atención del 0.01 por ciento. De las tasas conferidas, sólo el 18 por ciento son ocupadas por mujeres y el resto por varones, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010.
La universitaria destacó el bajo porcentaje de jóvenes y niños en esa condición que tienen acceso a la educación. En promedio, dijo, 45 por ciento asiste a la escuela, si se considera que están en edad escolar de tres a 29 años.
Además, conforme los grados avanzan la asistencia disminuye, de ahí que el nivel de analfabetismo en la población con discapacidad en el rango de edad de 15 años y más asciende a 24 por ciento, según datos del INEGI 2010.
Es así que la condición de vulnerabilidad se agrava por la segregación; estas personas suelen verse excluidas de manera generalizada de la vida social, económica y política, por la estigmatización directa o la falta de consideraciones hacia sus necesidades en el diseño de políticas, programas y servicios, indicó Lázaro Jiménez.
Este tema en la UNAM no ha estado ausente; algunas facultades y escuelas desarrollan proyectos específicos para atender a este sector. Por ejemplo, la Facultad de Odontología cuenta con programas de servicio social, cursos y diplomados; además, brindan atención los alumnos de posgrado.
La Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación cuenta con un aula laboratorio de innovación para personas con discapacidad; en la Biblioteca Central y Nacional se cuenta con apoyo tecnológico y se crean programas de informática para débiles visuales y gente con problemas auditivos.
El Comité de Atención a las Personas con Discapacidad de la Universidad Nacional trabaja con profesionales, estudiantes con y sin discapacidad, junto con organizaciones de la sociedad civil, para la inclusión de alumnos en esa condición. Asimismo, en la ENTS se creó el Centro de Estudios e Investigación Social en Discapacidad y Salud, y este tema se ha incrementado en las investigaciones de tesis de licenciatura y maestría.
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