La influencia del capital privado para desarrollar vivienda con un perfil socioeconómico elevado o establecer negocios enfocados a activar el turismo y el entretenimiento en las zonas centrales de algunos países de América Latina, lejos de atender la solución de problemas sociales, los intensifica, afirmó Ibán Díaz Parra, quien realiza una estancia posdoctoral en el Instituto de Geografía (IGg) de la UNAM.
Durante la mayor parte del siglo XX los centros de las grandes urbes latinoamericanas presentaron paisajes descuidados, con edificios deteriorados que albergaban vecindades y barrios populares.
Por ello, en las últimas tres décadas se han llevado a cabo acciones gubernamentales para rescatar los lugares con mayor valor patrimonial; con ello se ha permitido que los inversionistas privados intervengan en la renovación urbana o en la transformación de esos espacios, dijo.
Aunque algunas personas ven esta situación como un proceso positivo que permite la rehabilitación de sitios urbanos específicos, también se podría interpretar como una tendencia negativa en la que se expresan injusticias socioeconómicas que acentúan la desigualdad social, resaltó.
En vez de plantear un modelo de ciudad desde el punto de vista de la planificación física, con estas nuevas inversiones se piensa más en la reestructuración de piezas pequeñas, en las que si se aplica dinero y tiempo, se pueden conseguir resultados políticamente redituables y económicamente benéficos, indicó.
Entonces, prosiguió, “lo que tenemos es una política estratégica más centrada en el lugar y en proyectos concretos, y aunque el Estado sí interviene, sólo lo hace para plantear las condiciones que permitan al capital privado entrar de una manera más sencilla”.
Si se retoma la idea de que el Estado es garante de los intereses del conjunto de la sociedad y no de unos pocos, debería cumplir con sus funciones y equilibrar los beneficios del capital privado.
Además, esta forma de intervención es cuestionable, pues al intervenir en un sitio se abandonan otros que no son tan redituables. En el caso de las zonas centrales, abundó, estas acciones se han justificado con el argumento de rescate del patrimonio y la historia que, en un momento dado, están secuestrados por una serie de “agentes perversos”, como el comercio ambulante.
Al hacer este tipo de intervención, abundó, no se eliminan realmente problemas como el comercio informal, la indigencia o la prostitución, sólo se desplazan y concentran en otros puntos, “porque los nuevos espacios no están hechos para las clases populares”.
Ante esta situación es necesario que el Estado haga las cosas de otra manera. Por ejemplo, en Montevideo expropió predios, pero en lugar de construir y repartir títulos de propiedad, proporciona a la gente los medios para que se asocie en cooperativas y construya sus viviendas.
Es decir, la forma de lograr un cambio efectivo y justo es que el Estado intervenga en el mercado del uso de suelo y tratar el espacio como un bien social y público, concluyó.
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