Frente a la imposibilidad de cerrar fronteras o instrumentar deportaciones masivas, y ante el incremento de formas clandestinas de migración (relacionadas con la explotación laboral y la trata) y la necesidad de salvaguardar el régimen de los derechos humanos, urge una ciudadanía transnacional para un mundo globalizado, planteó en la UNAM María José Guerra Palmero, de la Universidad de la Laguna, de Tenerife, España.
Hoy, las naciones están sobrepasadas por políticas económicas que restringen su tarea de garantizar protección, bienestar y seguridad a su población. Para evitar y enmendar esta carencia, criminalizan a quienes abandonan su patria en forma irregular y militarizan fronteras, aseveró en el Segundo Simposio Internacional Feminización de las Migraciones. Conocimientos, Políticas Públicas: Brechas y Alcances, realizado en el Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de esta casa de estudios.
En décadas recientes, distintas medidas impuestas por organismos transnacionales limitaron la responsabilidad estatal de garantizar derechos sociales y económicos, lo que llevó al colapso de las instituciones públicas y la ruptura de la solidaridad. Disminuidas y sobrepasadas, las administraciones gubernamentales no proveen ni protegen a los ciudadanos, refirió en el auditorio Ricardo Torres Gaitán.
En este contexto, las acciones para contener y evitar la entrada de indocumentados, la militarización de fronteras o las redadas con perfil racial y étnico para internar en centros o deportar, demuestran la criminalización de la migración. Las políticas securitizadas en el rubro representan un agujero negro en el régimen internacional de los derechos humanos, aseveró.
En 2004, se estableció la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) en respuesta defensiva y militarizada a la inmigración, que instrumenta tareas de patrullaje marítimo y aéreo para contener la entrada de embarcaciones con individuos africanos. En 2013, contó con 90 millones de euros, más las aportaciones de los miembros de la UE, abundó.
Frente al quiebre del Estado y políticas migratorias restringidas, es crucial habilitar mecanismos para garantizar a toda persona sus derechos fundamentales. “En este contexto, las tareas para instrumentar una ciudadanía transnacional son cruciales”, concluyó.
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