En México, el ciberacoso que se ejerce mediante llamadas telefónicas y redes sociales es grave; el poder financiero, a través de sus instituciones crediticias y bancarias, así como las corporaciones dominantes en Internet, lo ejecutan libremente.
Ante ello, es necesario frenar la concentración y explotación excesivas de los datos personales, que los monopolios en el país venden al mejor postor para beneficiarse con ganancias importantes, afirmó Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, directora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM.
Las reformas desreguladoras, financieras y a favor del llamado “libre comercio”, son generadoras de rentismo, corrupción y abuso de esa información. “Es conocido que las instituciones financieras se adueñan de los datos personales y se genera una vigilancia privada y un control exagerado, por ejemplo, a través de las tarjetas de crédito, para saber dónde comes, cuánto ganas, cuánto pagas, a dónde vas o de dónde vienes”.
En ese contexto, la catedrática universitaria se pronunció contra la corrupción generada por los Estados y las corporaciones, al no mantener en la privacidad las bases de datos personales. El problema en nuestro país es que si bien se han dado avances legislativos en la materia, sobre todo por la ratificación de acuerdos internacionales, éstos no son suficientes y están fragmentados. Incluso, la línea entre el gobierno y la empresa privada se ha borrado poco a poco y eso afecta la rendición de cuentas.
Por ello, Sandoval Ballesteros consideró que se deben formular estrategias públicas anticorrupción, que permitan que la economía y la política actúen de manera conjunta para incrementar la transparencia y rendición de cuentas, y erradicar los incentivos que conduzcan a actuar de manera ilegal.
Por ejemplo, en relación con el tema de las “ciudades inteligentes”, en la actualidad hay una reconfiguración del abasto para auspiciar el consumo a través de los supermercados extranjeros a costa de frenar el desarrollo de mercados tradicionales mexicanos, patrimonio cultural olvidado y en riesgo de desaparecer, concluyó la profesora del posgrado en Ciencias Políticas.
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